Lasso quiere “arreglar” Ecuador en 100 minutos tras cogobernar con Moreno

ACTUALIDAD | 06/07/2020

El precandidato presidencial Guillermo Lasso aseguró que su equipo está preparando un proyecto “para que en los primeros 100 minutos de gobierno” puedan “arreglar el desastre que hoy atravesamos”. Así lo anunció en su cuenta de Twitter, el domingo 5 de julio, luego de apoyar públicamente todas las reformas neoliberales de Lenín Moreno y de ofrecerle el respaldo de la bancada de CREO en la Asamblea para aprobar las leyes de ajuste.

Por tercera vez, el banquero Guillermo Lasso intentará llegar a la Presidencia de Ecuador. La última derrota, frente a Lenín Moreno (51,6% vs 48,84%), no impidió que su plataforma electoral se aplique en el país. Es decir, sin estar en Carondelet, se impuso una política económica que durante años prometió progreso, empleo y estabilidad, pero que solo trajo pobreza, desempleo y una economía en profunda crisis.

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Poder sin votos

Guillermo Lasso Mendoza nunca ganó una elección; sin embargo, desde hace varias décadas, es parte de los grupos de poder que deciden o influyen en el rumbo político y económico de Ecuador. Antes de ocupar un cargo público, Lasso ya había sido presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y  vocal de la Junta Monetaria.

En 1998, el presidente Jamil Mahuad lo nombró gobernador de la Provincia del Guayas. Durante la crisis financiera de 1999, Mahuad lo designó como Ministro Secretario de Economía (“superministro”), cargo que ocupó entre el 17 de agosto y 24 de septiembre de ese año.

En 2003, el presidente Lucio Gutiérrez creó el cargo de Embajador Itinerante, desde el cual Guillermo Lasso se encargó de facilitar alianzas económicas y la firma de tratados comerciales bilaterales con otros países. Su trabajo fue clave para coordinar la visita de Gutiérrez a George Bush y, de esta manera, fomentar las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos.

Guillermo Lasso saluda a George Bush en la Casa Blanca.

Carrera política

Como todo hombre poderoso, no hizo su camino político subiendo posiciones desde las bases, sino directamente desde la cúpula. Su carrera comenzó con la aspiración más alta: el deseo de ser presidente de la República.

En 2011, fundó el Movimiento CREO y comenzó la travesía para perfilarse como candidato presidencial en 2013. Estableció alianzas con Izquierda Democrática, el Partido Socialcristiano, el Partido Liberal Radical Ecuatoriano, y contó con el apoyo de los grandes grupos económicos para presentarse por la coalición “Unidos por el Ecuador”. Lasso  alcanzó el segundo lugar con el 22,68% de los votos y Rafael Correa fue reelecto con el 57,17%, acompañado por un triunfo aplastante de Alianza País en la Asamblea.

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En 2017, también con CREO, el banquero guayaquileño volvió a disputar la Presidencia. Llegó al segundo lugar con el 28,09% de los votos en la primera vuelta. En la segunda vuelta, “perdió” contra Lenín Moreno, candidato de Alianza PAÍS, que prometía continuar con las políticas de su predecesor, Correa.

Las promesas de campaña de Lasso y Moreno eran como el agua y el aceite. El presidente electo dijo que gobernaría con un Estado fuerte, que aplique políticas redistributivas del ingreso a favor de los que menos tienen. Cuando asumió el poder, Moreno aplicó el plan de Lasso, que consistió en reducir el Estado (eliminando ministerios y despidiendo a trabajadores o reduciendo salarios), endeudamiento con organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI), reducción y eliminación de impuestos y desregulación de los grandes capitales (salida de divisas, impuesto a la renta), con el supuesto objetivo de fomentar la productividad y el empleo en el sector privado.

Antes y durante la pandemia, los resultados están a la vista: aumento de la pobreza, crecimiento de las brechas sociales entre las áreas urbanas y rurales, quita de subsidios a los combustibles, recortes en áreas sensibles como salud y educación, aumento del desempleo.

Ecuador aplica el plan de Lasso

Guillermo Lasso defendió fervientemente la quita del subsidio a los combustibles que motivó el Paro Nacional de octubre de 2019. El 3 de octubre de 2019, dijo que las protestas eran lideradas por grupos “anarquistas” violentos, que pretendían crear “un estado de caos”. Defendió las “medidas tardías” de Moreno de quitar los subsidios. Pero, cuando vio que el paro continuaba, cambió el discurso y, el 9 de octubre, aseguró que la protesta liderada por los indígenas era “legítima” y que debía solucionarse con diálogo para “defender la democracia”.

El 5 de mayo el bloque CREO-SIARI-AMAUTA logró frenar la aplicación de un impuesto del 2% al patrimonio e inmuebles de empresas que tienen domicilio registrado en paraísos fiscales. Esta iniciativa que estaba incluida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario no se aprobó, pero el movimiento de Guillermo Lasso sí apoyó la reducción de salarios de los trabajadores, para que pasen del salario mínimo (USD 400) a cobrar hasta USD 280 mensuales. El banquero festejó la gestión de su bloque por evitar la creación de “nuevos impuestos”. Aunque en su publicación en Twitter se refirió a “los ecuatorianos”, esta iniciativa solo afectaba al selecto grupo al que pertenece Lasso.

Foto EL COMERCIO

A fines de abril, Lasso también se manifestó en contra de que su bancada habilite el juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, por el recorte de USD 98 millones a las universidades públicas, cofinanciadas y escuelas politécnicas. Es que Martínez es un garante de las ganancias de los bancos. La banca ecuatoriana declaró a la Superintendencia de Bancos ganancias brutas por USD 397 millones en 2016; en 2017, USD 597 millones; en 2018, USD 896 millones; y en 2019, USD 942 millones. Con estas cifras es evidente que los bancos fueron los únicos que no tuvieron pérdidas aún en el contexto de crisis económica.

El mimado del FMI

El 4 de junio, el director del departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, confirmó que el organismo multilateral se reunió con Lasso y Jaime Nebot (PSC) y con dirigentes de otros partidos políticos. El funcionario consideró que estos encuentros forman parte de la “supervisión normal” que realiza el Fondo en el Ecuador. Con Nebot fuera de carrera, el candidato ideal del Fondo sería Lasso.

El Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI señala que el organismo puede mantener conversaciones bilaterales. En otras palabras, un equipo de funcionarios del Fondo recaba información económica y financiera y analiza con las autoridades (u otras figuras) la evolución de las políticas económicas y de los programas. El objetivo es claro: ejercer una supervisión de la economía nacional para “orientarla”, tal como lo ha venido haciendo el FMI en Ecuador. En 100 minutos, Lasso puede firmar un acuerdo para “arreglar” Ecuador o terminar de destruirlo. (I)


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The Economist asegura que Moreno dejará la economía en “cuidados intensivos”

ACTUALIDAD | 03/07/2020

Un artículo de la revista británica The Economist asegura que la economía de Ecuador está en “cuidados intensivos” por la pandemia y “con camisa de fuerza” debido a las dificultades propias de la dolarización. Además, calificó al Gobierno de Lenín Moreno como “débil” en materia política y económica, algo que era visible incluso antes de la llegada del Covid-19.

Para los ecuatorianos, la crisis económica no es novedad. El presidente Moreno y sus funcionarios han implementado una política económica que solo favorece a los grandes capitales y perjudica a los trabajadores y pequeños empresarios. De hecho, el plan neoliberal ya se venía implementado de manera gradual y el pueblo reaccionó recién con el primer intento del Ejecutivo de quitar el subsidio a los combustibles, lo que desencadenó el Paro Nacional de octubre de 2019. Las organizaciones sociales, los indígenas, los trabajadores y estudiantes solo lograron frenar la medida que, finalmente, se ejecutó conjuntamente con la liberación de precios en plena pandemia.

La revista financiera hace un análisis parcial de la crisis. Por un lado, responsabiliza al expresidente Rafael Correa de dejar a Ecuador con déficit fiscal y un alto endeudamiento, debido al incremento del gasto público y al crecimiento del tamaño del Estado. Por otro, dice que Moreno apenas tiene un 19% de aprobación, por la “modesta” reforma laboral, reducción de sueldos, quita de subsidios, entre otras medidas. Evidentemente, los periodistas de The Economist carecen de algunos datos.

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El ajuste es brutal

El 21 de junio, el Ministerio de Trabajo  informó que en el país se terminaron 200.043 contratos en los sectores público y privado desde que comenzó la pandemia. El 26 de junio, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) precisó que las desafiliaciones ascendían a 240.108; 18.586, en marzo; 111.700, en abril; y 109.822, en mayo.

La mayoría de los nuevos desempleados (39,10%) son jóvenes de entre 21 y 30 años de edad. Después, se ubican los adultos de 31 a 40 años (23,76%). Finalmente, aparecen las personas de 41 a 50 años, que corresponden al 14,39% del total.

Largas filas de desempleados durante la pandemia esperan afuera del Ministerio de Trabajo.

Las personas que conservan su puesto de trabajo no llegan a cubrir la canasta básica. La aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario permitió a los empleadores tener potestad sobre sus empleados, al establecer “acuerdos” bilaterales que, de ser rechazados, se pueden convertir en la notificación del despido. Además, amparados por esta ley, los empresarios pueden reducir el salario hasta en un 45%, lo que significa dejar de cobrar el salario mínimo (USD 400) y percibir tan solo USD 220. Ecuador gobierna para la desigualdad.

En el sector público las reducciones de sueldo van de la mano con la reducción de la jornada laboral. Los docentes tienen una baja del 8,33%, con 1 hora menos de trabajo, mientras que los servidores públicos de otras áreas (excepto salud y Fuerzas Armadas) vieron recortada su remuneración en 16,66% y su jornada laboral, en 2 horas.

El Gobierno exige que la economía se levante poniendo en marcha emprendimientos. Sin embargo, el desempleo y los bajos salarios retirarán dólares de las calles y los emprendedores no encontrarán a quién venderle.

Efecto dolarización

Ecuador no tiene moneda propia desde el año 2000, cuando decidió que el dólar americano era la manera más segura de “generar estabilidad”.
El problema es que, como se sabe, ante una recesión económica, Ecuador no tiene capacidad de imprimir billetes y no puede devaluar la moneda para vender sus productos a un precio competitivo.

Días antes de asumir la Presidencia, Moreno se reunió con representantes de la banca privada.

The Economist sostiene que el dinero de la bonanza petrolera fue invertido por Rafael Correa en infraestructura y para contratar a más empleados públicos; y que otra parte fue malgastado y robado. En otras palabras, posicionan a Moreno como una víctima que tuvo que pagar las deudas asumidas por su predecesor. Por ejemplo, no se menciona que durante este Gobierno se prefirió perdonar multas e intereses de deuda por USD 2.355 millones a los grandes capitales nacionales (banca y empresas) y, a la vez, recortar la inversión pública en un área tan sensible como salud.

Antonio Acosta (Banco de Pichincha) expresa su respaldo a Moreno.

El efecto de la pandemia no fue solo por la llegada de un virus desconocido. VOCES mostró que también fue por el desfinanciamiento a la salud. El artículo tampoco hace referencia al desfalco de fondos públicos, producto del reparto de los hospitales del IESS y del sistema público. Mientras miles de guayasenses morían sin atención médica y sus familias esperaban varios días que recojan sus cuerpos, en los hospitales las mafias organizadas realizaban compras con sobreprecios para saquear al Estado.

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El pago de la deuda externa

El Gobierno no “tenía que pagar” USD 325 millones a los tenedores de bonos de deuda externa en plena emergencia sanitaria. Varios países de la región renegociaron el pago de la deuda sin hacer desembolsos hasta mitigar los efectos de la pandemia. A pesar de ello, lo hizo y corrió una vez más a endeudar a Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En marzo del 2019, Ecuador aceleró la implementación del plan neoliberal tras firmar un acuerdo con el FMI para obtener USD 4.200 millones en tres años. Es decir, el escenario de la pandemia fue la excusa perfecta para aplicar lo que ya estaba pactado: remate de empresas públicas, despido de servidores en todas las áreas, recorte a la educación y a la salud, reforma laboral, etc. La revista británica asegura que uno de los pedidos del FMI fue el incremento del IVA, algo que para los ecuatorianos ya no resulta llamativo. Aún sin que el Gobierno mostrara el acuerdo, esa información corrió como reguero de pólvora.

23/01/19 | Moreno y Martínez junto a la directora del FMI, Christine Lagarde.

Moreno es el artífice de una gran deuda que le tocará pagar al próximo presidente. En mayo, el FMI aprobó un préstamo adicional por USD 643 millones. China prometió USD 2.400 millones entre junio y octubre. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó USD 250 millones. El problema es que las promesas de desarrollo no llegan y que cada día se observa que la corrupción es parte de una política de Estado. Incluso en estado de excepción, el Ministerio de Economía y Finanzas, comandado por Richard Martínez, aplicó un recorte de casi USD 100 millones a la educación, algo prohibido por la Constitución de la República.

En este contexto, la revista británica sospecha que un candidato del “populismo” podría ganar las elecciones presidenciales de 2021, pero -esta vez- sin dinero. Lo que no vaticinó The Economist es qué pasará con la economía del país si esta sigue en manos de la derecha. (I)


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Políticos “sanos” se adueñan de carnés de discapacidad para defraudar al Estado

ACTUALIDAD | 02/07/2020

Julio comenzó con un nuevo escándalo, políticos entre los que se cuentan asambleístas, gobernadores y testaferros de los capos del reparto cuentan con carnés de discapacidad para obtener la exoneración de impuestos en bienes de lujo. Los asambleístas involucrados, que aparentemente gozan de excelente salud, son los mismos aprobaron todas las leyes de ajuste del Gobierno que sumen en la pobreza a la mayoría de los ecuatorianos.

Moreno condenó que se aprovechen de los derechos de las personas con discapacidad.

La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Discapacidades otorgan derechos a las personas con discapacidad, con el fin de brindarle una protección especial, atendiendo a su salud y bienestar. Entre ellos, se encuentran la exoneración de impuestos como el IVA y otros que tienen que ver con la importación y la compra de ciertos bienes. Estos mal llamados “beneficios” aplican para los ciudadanos que presentan un grado de discapacidad del 30% o superior y el porcentaje de la exoneración se ajusta al porcentaje de la discapacidad.

Los políticos conocen las leyes y, a veces, las aplican a conveniencia, sin observar las prohibiciones. Algunos asambleístas consiguieron carnés y los utilizaron para importar autos valuados en decenas de miles de dólares y comprar otros bienes que no se corresponden con las necesidades de una persona que convive con una discapacidad. Es decir, deberían ser juzgados por defraudación aduanera por “obtener indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios”, como lo establece el numeral 5 del artículo 299 del Código Integral Penal.

La lista es larga

En la investigación del reparto de los hospitales del Guayas, en el que estaría involucrada la familia Bucaram y Daniel Salcedo, se conocieron los primeros casos. Daniel y su hermano Noé Salcedo obtuvieron carnés para comprar autos importados a un menor valor. Lo mismo hicieron los funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, César Rodríguez Fontecilla y Carla Cárdenas.

Ahora, se descubrió que algunas autoridades nacionales y provinciales también accedieron al carné sin tener una discapacidad notoria. Es el caso de la asambleísta de Alianza País Marcia Arregui, Israel Cruz (BIN) y Ramón Terán (PSC). Arregui insistió que su discapacidad es producto de una enfermedad crónica.

Fabricio Villamar también integra la lista. Él afirma que tiene una discapacidad auditiva del 51% (sin utilizar audífonos) y que sí se benefició con la exoneración de impuestos para la compra de camioneta, que realizó en enero de este año, dos meses después de obtener el carné. El asambleísta también logró reducir el pago de pensiones de su hijo con discapacidad intelectual (46%) y, aún así, le adeuda USD 12.000 en pensiones.

El escándalo también roza a los esposos de figuras de renombre, tal es el caso de Javier Vaca, esposo de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas (AP); y del marido de la asambleísta Wilma Andrade (ID), Marco Morales (56% de discapacidad). Ambos adquirieron carros importados en los últimos años. Morales indicó que su discapacidad surgió a raíz de un accidente de tránsito. Cabezas, pidió investigar la entrega irregular de carnés y aclaró que su esposo tiene una discapacidad por un accidente ocurrido en los años ’80.

Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad encargada de designar a las autoridades de control del Estado es uno de los implicados en este bochorno. El año pasado, recibió un carné que acredita una discapacidad visual y auditiva del 81%. Según el propio Cruz, en un entrenamiento deportivo, sufrió un golpe en la cabeza, lo que lo llevó a perder sus capacidades. Aseguró que compró un auto en 2015 pagando todos los impuestos y negó haber utilizado el carné para comprar bienes.

Juan De Howitt, director del Centro de Inteligencia Estratégica (ex SENAIN), también tiene un carné de discapacidad, según sus dichos, por una enfermedad del corazón que padece desde hace 14 años. El funcionario sostuvo que nunca importó un vehículo.

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Otros de los personajes implicados son el gobernador de la provincia de Los Ríos, Camilo Salinas, el alcalde de Babahoyo, Carlos German Gaibor; y el alcalde de La Maná, Hipólito Carrera Benites.

Camilo Salinas, gobernador de Los Ríos, en pleno juego.

El control siempre llega tarde

Este 2 de julio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que solo durante la emergencia sanitaria se emitieron unos 3.000 carnés de discapacidad de “manera ilegal”. Estos no pudieron ser aprobados por la suspensión de la atención en el sector público. El ministro aclaró que quince personas trabajaron en la revisión y se dispuso la anulación de 2.281 carnés. También aseguró que hay nueve funcionarios investigados (cuatro de Salud) que habrían actuado en la entrega de la documentación.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud anunció que se reformará el Reglamento interno para la Calificación, Recalificación y Acreditación de Personas con Discapacidad o con Deficiencia o Condición Discapacitante para “evitar la utilización dolosa de este beneficio y derecho de las personas con discapacidad”. Asimismo, esta cartera de Estado desarrollará un nuevo software para la calificación de las discapacidades, que apuntará a la automatización y a valorar los casos de acuerdo a estándares internacionales.

Personas con discapacidad sin carné y sin derechos

María Fernanda Naula mira las noticias y no lo puede creer. El 12 de mayo, la empresa Montero la notificó de su despido intempestivo por correo electrónico. Ella es madre de un hijo con discapacidad y se quedó sin el sustento diario. Indignada, llevó su caso a la justicia y, en primera instancia, no la quisieron escuchar. ¿El pretexto? No tenía el carné de discapacidad de su hijo Evans Demian Torres Naula.

María Fernanda y su hijo tras obtener su carné de discapacidad.

El trámite del certificado que calificaría a María Fernanda ante el Ministerio de Trabajo como “sustituta” demoró más de lo esperado. En medio de la pandemia, el acto burocrático tuvo que lidiar con la suspensión de la atención al público y luego con su restricción. En otras palabras, ese “papel” que protegería su puesto de trabajo no llegó a tiempo.

Los procesos de calificación de una discapacidad ante el Ministerio de Salud Pública implican varios pasos, que no siempre se dan en los mejores contextos. Esta mujer del sur de Guayaquil trabajaba en una empresa que se negaba a otorgar los permisos para avanzar con la calificación de su hijo. Recién en  octubre de 2019, el Ministerio de Salud emitió un informe en el Área de Psicorehabilitación, en el que una profesional psicóloga rehabilitadora educativa diagnosticó al niño con una discapacidad intelectual: “trastorno específico del desarrollo de las habilidades escolares”. Esto incluye falencias en las funciones ejecutivas y el área cognitiva, una edad cronológica que no es acorde a su percepción, lo que genera en el niño problemas en el desarrollo y la comprensión del lenguaje y el cálculo. La profesional también solicitó ayuda especializada terapéutica para el niño.

Al momento del despido de su mamá, Evans ya tenía un informe de discapacidad; sin embargo, la responsable de Talento Humano y la médica del empleador estaban al tanto de la situación y decidieron ignorarla. En este caso, la jueza Carmen Consuelo Vargas Bejarano, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de Guayaquil, negó la acción protección presentada por María Fernanda. ¿El motivo? El certificado de discapacidad de su hijo y el certificado de sustituta no se presentó a la empresa antes de la fecha del despido. Claro, porque ambos fueron emitidos cuando María Fernanda tuvo tiempo de tramitarlos al estar desempleada.

La discapacidad de Evans existía y existe, lo que no tenían era el carné que lo demuestre. La familia recién accedió a ese documento en el mes de junio, días antes de la audiencia; increíblemente, no garantizó ningún derecho. Por eso, el abogado Marlon Martínez aseguró que apelará la sentencia porque no se actuó de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, que en el artículo 169 estipula: “No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. Esta acción de protección podría llegar a la Corte Constitucional, en caso de no ser resuelta por la justicia ordinaria.

Las personas con discapacidad y sus familiares “sustitutos” tienen una protección reforzada en materia laboral, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Discapacidades, que ordena a las empresas públicas y privadas asegurar la estabilidad laboral de este grupo de atención prioritaria.

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Las cifras oficiales

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), a la fecha, cuentan con 485.325 personas registradas. Ellas presentan diferentes tipos de discapacidad: física, intelectual, auditiva, visual y psicológica.

De acuerdo al registro de personas con discapacidad del año 2019 (455.829), el 46,64% del total presentan una discapacidad física, el 22,32% discapacidad intelectual, el 14% una discapacidad auditiva, el 11,66 % discapacidad visual y el 5,39 % alguna discapacidad psicológica.

Mientras miles de familias demoran meses y años para obtener un carné que les garantice sus derechos como personas con discapacidad, otros miles de inescrupulosos los obtienen de manera fraudulenta para comprar bienes de lujo y defraudar tributariamente al Estado. (I)


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En Ecuador, los medios hegemónicos son aliados de los grupos de poder

ACTUALIDAD | 01/07/2020

Este miércoles, 1 de julio, periodistas, investigadores de la comunicación y de la opinión pública llegaron a una conclusión: los medios de comunicación privados actúan para “proteger” y “sostener” a los grupos de poder. De esta manera, el Gobierno y los grandes grupos económicos logran posicionar ciertos temas en la agenda e invisibilizar otros. Ante esta realidad, la ciudadanía ecuatoriana legitimó a los medios alternativos que, en escenarios de conmoción, se animaron a contar “otra versión” de lo que sucede en el país.

Los medios digitales VOCES y Hoja de Ruta organizaron el panel “El Discurso Político y el Rol de los Medios”. En él participaron Carlos Rabascall, periodista y precandidato presidencial; Isabel Ramos, catedrática de la comunicación de FLACSO-Ecuador; Fabricio Vela, periodista y conductor de “A Primera Hora”; Paulina Recalde, directora de la consultora Perfiles de Opinión; y Andrés Durán, director de VOCES.

Poder y relato mediático

Entre los temas abordados, se mencionó el derecho de los ciudadanos de acceder a información veraz y contrastada. Rabascall consideró que esto es algo que no se cumplió, por ejemplo, en el Paro de octubre de 2019 y en el contexto de la pandemia. “Lo que trataron de hacer es ocultar la realidad” para “construir una verdad única”. Algo similar a lo que ocurre con el discurso político que se abstrae de la realidad y “excluye a determinados sectores de la población”. Los grandes medios no informan sobre cómo otros países inyectan recursos públicos en la economía para cuidar el empleo. El Estado ecuatoriano, en vez de tener más presencia, retrocede en áreas como salud y educación, que resultan fundamentales para el desarrollo social. Aquí, se sigue viendo al FMI como la única salida.

Para Isabel Ramos, los medios privados, además de ser actores políticos, entienden que “el interés económico está por encima de las necesidades de información de la ciudadanía”. Por ello, Lenín Moreno estableció una alianza estratégica con estos actores para tener un “blindaje mediático”. La catedrática sostuvo que “hay que militar una comunicación distinta, por fuera de la comunicación mediática”. Para ello, se debe atender a la precarización de los periodistas, pluralizar el espacio mediático, y exigir la división tripartita para el espectro radioeléctrico.

Lenín Moreno recibió a los dueños de los medios privados el 13 de julio de 2017.

Fabricio Vela, calificó como una “falacia” la idea de que los periodistas ejercen su oficio con libertad de expresión plena. “En teoría, se busca una multiplicidad de voces para convertirlas en una pieza periodística”, pero esto no siempre se cumple debido a la línea editorial de cualquier medio (oficialista u opositor), que sesga y marca qué temas se abordarán con mayor o menor prevalencia, a quiénes se entrevistará y dará mayor o menor visibilidad. Además, refiriéndose al discurso político, resaltó que todos los gobiernos sufren un desgaste y pierden credibilidad con el paso del tiempo, pero -en este proceso político- “la palabra de Lenín Moreno se ha devaluado” porque hace anuncios que luego se rectifican o no se concretan.

Durante los últimos años, los medios tradicionales de comunicación perdieron credibilidad en Ecuador. Paulina Recalde atribuyó esa derrota a la prevalencia del relato oficial en la “prensa corrupta”, como la denominaba el expresidente Correa, que se convirtió en antagonista de las demandas que el pueblo le hace al Gobierno. “Sin las redes y sin las voces de medios alternativos, Octubre y la pandemia no se contaban”, sentenció.

Periodistas de VOCES cubriendo el Paro Nacional de octubre de 2019.

La consultora de opinión pública dijo que la gestión del Gobierno no atiende las demandas del pueblo. Aseguró que el 60% de la población está preocupada por la situación económica (desempleo, crisis y pobreza) y que los actores movilizados en contra del ajuste son vistos por el Gobierno como un “enemigo interno” al que solo se lo reconoce como “saqueador y desestabilizador”. Recalde afirmó que “el Gobierno es fundamentalmente indolente con lo que está viviendo Ecuador” en la crisis sanitaria, al ocultar o falsear cifras, al culpar a los ciudadanos por la situación y al no contenerlos.

En la misma línea, Andrés Durán, recordó que durante la cobertura del Paro Nacional de octubre, los medios hegemónicos trabajaron con una agenda completamente cerrada, ocultando lo que sucedía en las calles y bloqueando algunas fuentes de información que no pertenecían al Gobierno. “Los medios digitales y la plataformas de investigación vienen a cubrir ese vacío en la democracia ecuatoriana”, son esos espacios donde se busca investigar, contextualizar y contrastar los datos para “dar testimonio en tiempos difíciles”. Para evadir los intentos de censura, se deben buscar canales que permitan dejar la informalidad, crecer y crear contenidos en función de la democracia.

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Durán indicó que el pacto de los medios con el Gobierno y los grupos económicos no permite que nuevas voces puedan aportar sus puntos de vista. Bajo la sombra de la pauta publicitaria, han crecido agencias como La Posta, que incrementó su facturación un 605%. En este sentido, resulta necesaria la intervención del Estado para que exista una mayor regulación y control de los medios de comunicación digitales. Escapando a la censura, estos nuevos medios logran construir discursos que evidencian el reparto del país y muestran la pésima gestión del Gobierno, que genera masivas protestas en las calles.

El discurso de la traición

El discurso político de la Revolución Ciudadana, que centra en la idea de “traición” todo lo ocurrido en los tres años de Lenín Moreno en el poder, no resulta suficiente para explicar los acontecimientos de los últimos años, aseguró Isabel Ramos. La investigadora insiste en que Rafael Correa llegó al poder sin estructura política y que para gobernar tuvo que construir alianzas con distintos grupos de poder; allí, había fuerzas territoriales, oligarquías locales y diversos actores políticos. Es decir, Alianza País se construyó sobre una base compleja y la traición puede operar en términos personales, pero no políticos.

El show de la corrupción

Paulina Recalde señaló que existe una espectacularización de la corrupción. Se observa un tratamiento liviano de estos casos que irrumpen en la escena mediática, pero que no tienen un correlato en la justicia. Así, la ciudadanía observa el montaje como un show donde alguien que repartió un hospital ocupa el mismo lugar que alguien que pretende organizarse políticamente. Este juego rinde sus frutos cuando los medios y las redes juzgan y declaran culpables.

La detención del asambleísta Daniel Mendoza ocupó las primeras planas de los medios.

Para Isabel Ramos, “las entidades de control, como la Fiscalía, actúan para los medios”, calculan los allanamientos con el horario de los medios audiovisuales. “Utilizan el espectáculo de la corrupción como herramienta de aniquilación política del adversario y como disciplinamiento y silenciamiento de la fuerza propia del Gobierno Nacional”, aseguró. Esta situación “busca incidir en las elecciones de 2021” y deslegitimar a una tendencia política, dijo Rabascall. De esta manera, no se considera corrupción que se paguen los bonos de deuda a precios exorbitantes.

Fabricio Vela indicó que el rol del periodismo es investigar y presentar los resultados de la investigación a la opinión pública, sin necesidad de acudir a la justicia. Sin embargo, precisó que la Fiscalía es selectiva, ya que dependiendo quién denuncie o qué se denuncie se da paso o no a un proceso judicial. Siguiendo esa línea, Andrés Durán habló de las supuestas investigaciones periodísticas que encaran los medios de comunicación financiados por el Gobierno, los grandes grupos económicos y los organismos ligados al gobierno de Estados Unidos. Todas estarían direccionadas a atacar a unos para seguir en el poder, perjudicando los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

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Institucionalidad

El periodista Carlos Rabascall dijo que resulta necesario actualizar la Ley de Comunicación, para ayudar a fortalecer los medios alternativos y para recuperar los medios públicos en su autonomía financiera y en su línea editorial. Al incluir a los medios digitales, se podrá democratizar la pauta oficial para otorgarla de una manera más justa.

Lo que le preocupa a Isabel Ramos es la connivencia de los medios de comunicación y del Gobierno en el proceso de “demolición de la institucionalidad del Estado” que comenzó en 2015, al atacar al Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional y la Fiscalía General.

Ecuador enfrenta algunos retos fundamentales para los próximos dos años. Recalde hizo un llamado a recuperar las instituciones, para salir de la “intitucionalidad transitoria”. La crisis sanitaria fue el contexto ideal para mostrarnos que Ecuador necesita instituciones robustas, un claro rol de lo público y un Estado presente. De otra manera, la sociedad exige a los medios, cuestiones que debería resolver el Estado.

Finalmente, Andrés Durán pidió combinar la dinámica institucional y la participación ciudadana para poder construir algo que represente a la mayoría. (I)


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El Gobierno flexibiliza el semáforo mientras se incrementan los casos de Covid-19

ACTUALIDAD | 30/06/2020

A partir de julio, el Gobierno nacional habilitará actividades de esparcimiento y turismo que antes estaban prohibidas. Con la flexibilización del semáforo, Quito tendrá algunas restricciones debido al aumento exponencial de los contagios y con hospitales que funcionan al borde del colapso.

Nuevas medidas

La semaforización mantiene las medidas de bioseguridad, la suspensión de clases presenciales, el cierre de las fronteras terrestres, la prohibición del funcionamiento de bares, discotecas, parques de diversiones y espectáculos públicos. La novedad es que plantea la apertura de las playas a partir del 22 de julio, con un sistema de vigilancia del ECU911, así como la circulación del trasporte turístico en cantones en amarillo o verde. El Gobierno nacional exige a los GAD cantonales controlar el orden del espacio público.

Rojo: Toque de queda de 18:00 a 5:00, los vehículos particulares circulan dos veces a la semana de lunes a viernes y están restringidos los fines de semana. Taxis y transporte mixto circulan por placas pares e impares de lunes a sábado y ambos los días domingo. Transporte institucional circula sin restricciones con medidas de bioseguridad. El transporte urbano circula según la restricción de cada GAD, con aforo máximo y medidas de bioseguridad. Se prohíbe la circulación del transporte interprovincial. Los profesionales del derecho circulan con credencial. Se emiten salvoconductos para las actividades esenciales.

Se autorizan las consultas médicas de todas las especialidades, cirugías programadas y se establecerán programas de protección sanitaria y social para grupos vulnerables. Se reanudan las actividades laborales presenciales del sector público y privado al 30% del personal, así como la atención comercial al 30% del aforo. Las fiestas públicas o privadas están prohibidas.

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Amarillo: Toque de queda de 23:00 a 5:00 (de 21:00 a 5:00 en Quito), los vehículos particulares circulan dos veces a la semana de lunes a sábado y el domingo, de acuerdo a placa par e impar. Los taxis y transporte mixto circulan todos los días, sin restricciones. Transporte institucional circula sin restricciones y con medidas de bioseguridad. El transporte urbano circula con aforo máximo del 50%. Transporte interprovincial circula al 50% del aforo en cantones en amarillo o verde. Se habilita el transporte marítimo y fluvial al 50%, se permite el turismo marítimo con pernoctación (cruceros) con protocolos de bioseguridad. Se reanuda el servicio de transporte terrestre turístico. Se emiten salvoconductos para las actividades esenciales.

Se reanudan las actividades laborales presenciales del sector público y privado al 50% del personal (en Quito operan al 25%), así como la atención comercial al 50% del aforo. También se permite la apertura de centros comerciales y restaurantes al 50% del aforo (en Quito al 30%); cines y teatros al 30% de su capacidad (excepto Quito). Se habilita la realización de fiestas de hasta 25 personas, respetando el distanciamiento de 2 metros (prohibidas en Quito).  

Se autoriza el inicio de actividades de esparcimiento, como la visita a sitios arqueológicos, zoológicos, museos, parques nacionales (excepto Yasuní) con el máximo del 30% de visitantes. Se autoriza la apertura de piscinas y lugares de entrenamiento en espacios abiertos y cerrados, con protocolos de bioseguridad.

Verde: Se elimina el toque de queda, el 70% de los vehículos particulares circulan de lunes a domingo, alternando el número de placa par e impar. Taxis, transporte mixto e institucional circulan todos los días. El transporte urbano circula con aforo máximo del 50%. Transporte interprovincial circula en cantones en amarillo o verde. Se emiten salvoconductos para las actividades esenciales.

Los centros comerciales y restaurantes funcionarán al 50% del aforo. Se habilita la realización de velorios, fiestas y reuniones ejecutivas de hasta 25 personas. Se autoriza la apertura de gimnasios, con autorización previa del COE y cumpliendo protocolos de bioseguridad.

Quito al límite

Al menos un centenar de pacientes esperan ser ingresados a las UCI en Quito. Cuenca es otra ciudad de Ecuador que trabaja con el sistema de salud a tope, según denuncian médicos y pacientes en redes sociales. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reconoció la problemática al advertir que “Hay pacientes que están en espera de acceder a una unidad de cuidados intensivos”, es decir que reciben atención, pero no la adecuada.

Las cifras que presentó el Ministerio de Salud Pública indican que la tasa de contagio en Ecuador es de 0,76, este número no coincide con los datos de una institución británica que investiga enfermedades infecciosas en el mundo. El Centro MRC del Imperial College London aseguró que en nuestro país la tasa de contagio es del 1,46, el doble de lo que informa el Gobierno. En otras palabras, diez personas con diagnóstico positivo para Covid-19 pueden contagiar a catorce más.

Mientras el contagio avanza de manera rápida, los hospitales trabajan con lista de espera. Si los casos aumentan el 146%, como proyectan los investigadores y epidemiólogos, no habrá sistema de salud que aguante.

Desde que Quito pasó del semáforo rojo al amarillo, los contagios aumentaron un 71%. El 3 de junio, había 3.842 personas contagiadas con Covid-19; hoy, 30 de junio, los contagiados ascienden a 6.571. La cifra de fallecidos en la capital pasó de 305 (03/06) a 460 muertos (29/06) desde que se pasó del aislamiento al distanciamiento.

El Ministerio de Salud Pública asegura que en la capital la curva de contagios “disminuye”, a pesar de que los datos estadísticos que publican no respaldan tales afirmaciones.

Con los números a la vista, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito no hablan de regresar al semáforo en rojo. El presidente Lenín Moreno anunció por cadena nacional que tomarán tres medidas para frenar los contagios en la capital. En primer lugar, más control en la circulación en las zonas de Centro Histórico, El Panecillo, La Ecuatoriana, Chilibulo, considerados “puntos críticos”. Además, anunció que habrá mayor control para evitar las ventas informales, que generan aglomeración; no dijo nada sobre el aumento del desempleo y la rebaja de salarios en el sector público y privado, que podrían impactar en el aumento de estas actividades. Por último, el mandatario prometió mejorar la capacidad de atención en salud.

Rechazo a la Ley Seca

El lunes 29, Romo consideró que aplicar la Ley Seca no resulta “una medida efectiva para enfrentar el coronavirus”. En un foro virtual organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la Ministra dijo que prohibir la venta de bebidas alcohólicas no detiene el contagio, por lo que recomendó controlar los casos concretos de venta y consumo en espacios públicos.

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El 15 de junio, el alcalde Jorge Yunda fue el primero en solicitar al COE Nacional Ley Seca y que se amplíe el toque de queda de 18:00 a 5:00. El 29 de junio, se sumó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, junto a seis alcaldes. El COE decidió negar ambos pedidos, indicando que restringir el horario de movilización generaría más aglomeraciones.

El dato

El foro “Política y (des)información en tiempos del Covid-19”, en el que participó la ministra Romo, fue organizado por la USFQ, la UTE, diario El Universo y el portal Código Vidrio. Estas actividades son financiadas por “una entidad de Estados Unidos”, que otorgó un fondo de USD 75 mil “para combatir las fake news”, según le confirmó a VOCES el director de Código Vidrio, Arturo Torres.

Los periodistas y académicos, en lugar de investigar y contrastar lo que ocurre en el país con lo que dicen las autoridades, decidieron darles más micrófonos a los funcionarios del Gobierno. Arturo Torres; Paúl Mena, periodista de El Universo; y Tania Orbe, periodista y docente de la USFQ, completaron el panel del evento que tenía como objetivo “informar” a la ciudadanía.


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Tribunal Contencioso Electoral admite pedido de destitución de Pablo Celi

ACTUALIDAD | 29/06/2020

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió la petición de destitución del contralor Pablo Celi, por “intromisión en la función electoral y arrogación de funciones”. Así lo confirmó, este 29 de junio, la representante legal del Movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS), Vanessa Freire, quien denunció al Contralor.

“Seguiremos luchando por un país donde prevalezca la justicia y la verdad”, aseguró Freire en su cuenta de Twitter. La admisión a trámite de la denuncia No. 012-2020-TCE está fechada el 27 de junio. En ella, FCS también acusó a Manuel Santiago Araujo Rivadeneira, director Nacional de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La audiencia, en la que deberán comparecer Celi y Araujo, se fijó para el viernes 10 de julio, a las 9:30, en el Tribunal Contencioso Electoral. En estos días, los acusados deberán designar un abogado y presentar la prueba de descargo. En caso de no asistir de manera voluntaria, lo deberán hacer en rebeldía.

Según el Código de la Democracia, el CNE y el TCE tienen “competencia privativa”, tal como lo estipula el artículo 23. Es decir, solo esas dos instituciones tienen la potestad de resolver cuestiones electorales y cualquier otra institución u órgano queda excluido. Además, el artículo 285, numeral 3, establece que serán sancionados con la destitución del cargo “La autoridad o cualquier otra servidora o servidor público extraños a la organización electoral, que interfieran en el funcionamiento de la Función Electoral”.

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La petición

La presidenta de la Lista 5 había presentado el pedido de destitución el lunes 22 de junio. En él, sostuvo que Celi pretendía poner en duda la legitimidad de la inscripción de la organización política ligada al correismo. ¿De que acusaron a Celi? De vulnerar  el derecho a la participación política, de no respetar el debido proceso, de actuar fuera de sus competencias y de entrometerse en el proceso electoral.

Si la orden del Contralor General de la República era ejecutada por el Consejo Nacional Electoral, Fuerza Compromiso Social y otras tres organizaciones políticas no podían participar de las elecciones de febrero de 2021. Es decir, una de las primeras minorías políticas del país quedaba descalificada para disputar la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino. El argumento central se basó en que los partidos en cuestión no tenían la cantidad suficiente de firmas válidas para llegar al 1,5% del padrón electoral.

Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, sostiene que la institución cumplió con la recomendación de la Contraloría, que determinó la vigilancia de las cuatro agrupaciones políticas. En este sentido, alertó sobre  la “intromisión” de Celi en el proceso electoral y no descartó la posibilidad de denunciarlo ante el TCE, por la recomendación de extinguir a esas organizaciones. Según Atamaint, el Contralor se está extralimitando a competencias que son exclusivas de la Función Electoral.

Tienen pánico

El 25 de junio, el expresidente Rafael Correa Delgado anunció que, si se lo permiten, será candidato a la vicepresidencia de la República. En una rueda de prensa virtual, dijo que los intentos por impedir la participación de Fuerza Compromiso Social demuestran el “pánico” de sus adversarios que ocupan lugares de poder en la administración del Estado.

Varias figuras políticas de la Revolución Ciudadana hablan de “persecución” y advirtieron que están preparados para recurrir a instancias internacionales para que se respete su derecho a la participación política.

En carrera

El calendario electoral indica que el Registro Electoral se cerrará el 16 de agosto. El 17 de septiembre, es el turno para la convocatoria a elecciones. El 18 de septiembre inicia el plazo para la inscripción de candidaturas y finalizará el 7 de octubre.

En ese contexto, Lenín Moreno y sus aliados juegan sus últimas cartas, todavía en el poder. (I)

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Paúl Granda negó encuentros con Daniel Salcedo, investigado por reparto de hospitales

ACTUALIDAD | 26/06/2020

El expresidente de Consejo del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, negó que exista un vínculo entre él y Daniel Salcedo, el principal acusado por los casos de corrupción que ocurrieron al interior de los hospitales del IESS. “No conozco, ni he tenido relación alguna con el señor D. Salcedo, como se dice. Jamás he participado de una reunión con él”, escribió en su cuenta de Twitter, este 26 de junio.

La acusación

Según una investigación periodística, Daniel Salcedo Bonilla, arrendaba una suite en la Torre Colón I, junto al hotel Hilton Colón de Guayaquil, la que se habría utilizado como un centro de negociaciones. Las bitácoras que registran los ingresos y egresos sitúan a Granda y a Salcedo en la suite 7 del octavo piso (8/7), en dos encuentros que habrían ocurrido en junio y julio de 2019.

Salcedo arrendó la  suite en cuestión en febrero de 2018 por USD 1.200 mensuales. Allí, también habría concurrido Dalo Bucaram y otros personajes investigados por el reparto de los hospitales del IESS.

Rompió el silencio

Granda se refirió a la divulgación de fotos de los registros de visitas de la suite 8/7 de la Torre Colón I. Esto sería un indicio de la presunta relación con Salcedo, que está siendo investigado por casos de corrupción y tendría vínculos muy estrechos con la familia Bucaram. El expresidente del IESS reconoció que durante su carrera, conversó con líderes nacionales y provinciales solo para “socializar y buscar soluciones a los problemas estructurales de la seguridad social”. Dijo que no conoce y que jamás se reunió con Salcedo, y que durante su gestión en diferentes instituciones se dedicó a combatir la corrupción.

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El exfuncionario del gobierno de Lenín Moreno consideró que se lo intenta difamar injustamente con publicaciones malintencionadas. Indicó que como presidente del IESS investigó 180 casos “todos con resoluciones y acciones contundentes”. Como ejemplo, citó la remoción de Luis Jairala Zunino, exgerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) de Guayaquil.

Sin embargo, las investigaciones de la prensa ya daban indicios, por ejemplo, de que el anterior gerente general del HTMC,  Holger Xavier García Portocarrera, autorizó compras con presunto sobreprecio. El IESS solo reubicó a esta persona en el Hospital General Docente de Calderón, en Quito, tal como denunció VOCES el 3 de abril. Para esa fecha, sobre García pesaban dos investigaciones, una por peculado y otra por tráfico de influencias.

Un año y dos meses

Mientras los muertos comenzaban a contarse por centenas en la provincia del Guayas, el 22 de marzo, salieron a la luz una serie de compras con presunto sobreprecio en los hospitales del IESS, el monto ascendía a USD 10 millones. Al principio, se trataba de mascarillas N95 y, con el correr de los días, se sumaron la adquisición de fundas para cadáveres, medicinas y otros insumos médicos. La Contraloría inició una investigación y la Fiscalía General, apoyándose en las pruebas recabadas, formuló cargos por el presunto delito de peculado.

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El 9 de abril, Paúl Granda intentó dejar el cargo, pero el primer mandatario no hizo lugar y siguió destacando su gestión por cadena nacional. El 21 de abril, Granda presentó su carta de renuncia irrevocable en la que aseguraba: “hemos combatido la corrupción y la ineficiencia internas” y se quejaba de una campaña malintencionada en su contra, orquestada por “grupos interesados en desestabilizar la seguridad social”. Recién el 4 de mayo, Moreno aceptó la renuncia y nombró a Jorge Wated como presidente del Consejo Directivo del IESS. Una semana después, Granda fue diagnosticado con Covid-19 y se mantuvo con bajo perfil hasta ayer, 25 de junio.

Historial político

Con 47 años, este político cuencano construyó una trayectoria en varios cargos públicos de elección popular y por designación de los presidentes de turno. En 2006, fue elegido concejal y designado vicealcalde de Cuenca. En 2009, ganó las elecciones a la Alcaldía con el movimiento Alianza País; sin embargo, perdió las elecciones de 2014, en las que intentaba la reelección.

Durante dos años, Granda fue consejero de la Embajada del Ecuador en España, en el gobierno de Rafael Correa. Cuando Lenín Moreno asumió la Presidencia, lo nombró ministro de Transporte y Obras Públicas. En mayo de 2018, dejó el cargo para asumir como secretario nacional de Gestión Política por ocho meses. ​Finalmente, Moreno lo designó al frente del Consejo Directivo del IESS. (I)


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Rafael Correa se puso la camiseta de vicepresidente

ACTUALIDAD | 25/06/2020

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, dijo la mañana de este 25 de junio que, si se lo permiten, será candidato a vicepresidente de la República. En una rueda de prensa virtual, dijo que aún no puede hablar de candidatura, pero que eso ya está “prácticamente definido”. ¿Quién será su compañero de binomio?

Correa se puso la camiseta de candidato a la vicepresidencia, para “ayudar a sumar votos”, según declaró desde Bélgica. El expresidente de Ecuador dijo que el intento de eliminar a Fuerza Compromiso Social responde a tratar de evitar su participación en las próximas elecciones. En este sentido, criticó la recomendación de la Contraloría General del Estado, encabezada por Pablo Celi, que le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) anular a dicha organización política. “Antes nos perseguían por odio, ahora pánico”, aseguró.

Cabe recordar que, el 7 de abril, Correa fue condenado por cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016”, a la pena de 8 años de prisión y a perder su derecho de participación política por 25 años. Como la condena es de primera instancia y no tiene una sentencia firme, el expresidente podría participar de las próximas elecciones en las que se elegirá al binomio presidencial y a los representantes del pueblo ante la Asamblea Nacional.

Ni el expresidente ni el movimiento político dieron pistas sobre quién sería el compañero de binomio. Es decir, el candidato a presidente por Fuerza Compromiso Social no fue confirmado.

Intentos de proscripción

El 21, de junio, la Contraloría recomendó eliminar a cuatro organizaciones políticas y dejar sin efecto sus personerías jurídicas. Un día después, ordenó la destitución de tres consejeros del CNE por no acatar la disposición del contralor Pablo Celi. Como la mayoría del Consejo se pronunció en contra de la exclusión que evitaría la participación de Fuerza Compromiso Social, que representa una de las primeras mayorías políticas del país, el consejero Luis Verdesoto acusó a la mayoría de sus compañeros de estar “atropellando la legalidad con falsos legalismos”. En la misma línea, indicó que “El CNE debe tener la flexibilidad suficiente para entender lo que ocurre en el país”. Es decir, proponía seguir al pie de la letra lo que dictaba una institución que no tiene competencia en material electoral y que pasa por encima de las dos únicas que sí lo tienen: el propio CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, como lo indica el artículo 23 del Código de la Democracia.

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Por otra parte, el numeral 3 del artículo 285 del Código de la Democracia establece que serán sancionados con la destitución del cargo “La autoridad o cualquier otra servidora o servidor público extraños a la organización electoral, que interfieran en el funcionamiento de la Función Electoral”. Por ello, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, deslizó que podría pedir la destitución de Celi, medida que el propio contralor consideró “absurda”.

El 24 de junio, Paúl Carrasco, líder de “Juntos Podemos”, una de las cuatro organizaciones políticas que están en el limbo, dio pistas sobre la postura de Verdesoto. En una entrevista radial concedida a Jimmy Jairala, Carrasco reveló que mantuvo una “conversación” con Verdesoto donde este le pidió alargar los plazos electorales (inscripción de candidaturas, primera y segunda vuelta) “porque la justicia no iba a alcanzar a sentenciar al señor Correa y él podía ser candidato a asambleísta”. En declaraciones posteriores a la prensa, Paúl Carrasco dijo que no está de acuerdo con supeditar el calendario electoral a lo que suceda en la justicia con el expresidente.

Diana Atamaint, reconoció ante la prensa que tiene conocimiento de las llamadas que Verdesoto le hizo a organizaciones políticas y que rechaza ese accionar. En el pleno virtual, indicó que la función del CNE es garantizar los derechos de participación política de todos los ecuatorianos e instó a los demás consejeros a cuidar la democracia porque “hay terceros que están involucrados en esta toma de decisión”.

Cuenta regresiva

Según una encuesta publicada por la consultora Click Report, el 85,16% cree que situación del país el mala y el 75,31%  piensa que será peor en los próximos seis meses. Entre los problemas más mencionados por los encuestados se ubica en primer lugar la corrupción (42,34%), la crisis económica (30,31%), la pandemia (15,63%) y el desempleo (10,78%). Si bien no se presentan datos sobre la imagen positiva y negativa de Lenín Moreno, el 77,66% cree que la situación del país mejorará con un nuevo presidente y el 83,44% cree que las próximas elecciones son importantes para el país.

El Mandatario reiteró en varias oportunidades que no buscará la reelección presidencial. La aceptación popular de Moreno cayó durante los tres años de gestión y, especialmente, después del Paro Nacional de octubre de 2019. Las decisiones que tomó para enfrentar la crisis económica, agudizada por la pandemia del Covid-19, impactaron negativamente en su imagen.

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La mañana de este 25 de junio, Moreno visitó junto al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, algunos locales gastronómicos del centro de Quito para promocionar los créditos Reactívate Ecuador, que ya entregó USD 27,6 millones a 572 beneficiarios, según indicó la Presidencia. Sin embargo, en varios videos que circularon en redes sociales, se observan expresiones de rechazo de la ciudadanía ante la presencia de Lenín Moreno. (I)


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Alta tasa de mortalidad por Covid-19 en Ecuador sugiere manipulación de cifras

ACTUALIDAD | 24/06/2020

En Ecuador hay algo que no convence: las cifras sobre personas contagiadas y fallecidas por coronavirus. En varias oportunidades el Gobierno de Lenín Moreno realizó “ajustes” a las bases de datos, cuyo resultado fue la disminución del número de afectados. También existen inconsistencias si se compara la cantidad de actas de defunción emitidas por el Registro Civil y la información que difunde el Ministerio de Salud sobre los muertos con diagnóstico positivo para Covid-19.

Las cifras reales

El diario británico Financial Times, aseguró que Ecuador tiene la segunda tasa más alta de mortalidad a nivel mundial desde que comenzó la pandemia del coronavirus. En los gráficos se puede observar que en Ecuador hubo 21.500 muertos (122%) más que en su promedio histórico, según las cifras relevadas hasta el 17 de junio por el Registro Civil del Ecuador. Perú registró 28.600 personas fallecidas por encima de su promedio, lo que representa un incremento del 141%.

Si el análisis se centra en la provincia del Guayas, la tasa de mortalidad creció 276% con respecto al año anterior. En el gráfico comparativo se puede observar que hubo 14.200 muertes en exceso, solo hasta el 17 de junio. La ciudad de Lima, Perú, registra 17.500 muertos (289%) por encima del promedio.

Los números del Ministerio de Salud

El 8 de abril, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentaba la “optimización de la metodología para el reporte de datos de contagiados con Covid-19”. Sí, lo hizo una funcionaria que no encabeza la cartera de Salud. La decisión implicaba que el número de casos se comenzaría a contabilizar con base en el día que empezaron los síntomas de quienes habían dado positivo y no desde la fecha del examen positivo, como ocurría antes. El objetivo era “observar de una manera más adecuada la curva epidemiológica”, según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación.

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El 6 de mayo, El Ministerio de Salud Pública difundió información que mostraba la disminución de personas contagiadas, una baja que representó 2.461 infectados menos. Con diferencia de dos días, se pasó de tener 31.881 casos positivos de Covid-19 (4 de mayo) a 29.420 (6 de mayo). Por el reclamo de los periodistas, la Dirección de Comunicación de esta cartera se vio obligada a declarar que existió un “ajuste técnico del procesamiento de datos a nivel nacional”, por ese motivo se habría regularizado el servicio, ya que el 5 de mayo no se publicaron datos oficiales. Horas más tarde, el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, explicó por cadena nacional que habían identificado “registros duplicados de muestras asociadas a los resultados de laboratorios de segundas y terceras muestras”.

Hoy, 24 de junio, el Ministerio de Salud no publicó las cifras oficiales sobre Covid-19. Ayer, se difundió el último reporte, que indica que en Ecuador hay 51.643 casos confirmados. Con respecto a las personas fallecidas con diagnóstico positivo, los datos indican que son 4.274 y que hay 2.875 “fallecidos probables”, lo que sumaría un total de 7.149. Es decir, el Ministerio de Salud informa (entre muertes confirmadas y probables) un tercio de fallecidos, en comparación con las cifras publicadas por el Registro Civil, que aseguran que durante la pandemia se expidieron 21.500 actas de defunción por encima del promedio histórico.

UCI colapsadas en Quito

Durante semanas el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, insistió públicamente que la situación en Quito estaba controlada y que había disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Ese fue el principal argumento del Gobierno nacional y de las cámaras de producción y comercio de la capital para presionar al alcalde Jorge Yunda para que dé paso al semáforo amarillo. Permitir el incremento de la circulación y la apertura de la actividad comercial y de servicios no esenciales significó elevar la curva de los contagios en la capital, al punto de poner en riesgo ya no la salud, sino la vida de la población. Es decir, era mentira que el pico de contagios ocurrió la última semana de mayo.

Ayer, 23 de junio, el ministro Zevallos y el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, reconocieron ante los medios que las UCI están a tope y que varios pacientes que requieren el servicio, están internados en cuidados intermedios. La diferencia es básica, una cosa es que un paciente tenga atención hospitalaria y otra, que acceda al tratamiento adecuado.

Desde que comenzó la pandemia los médicos no pueden hablar abiertamente sobre lo que sucede al interior de las casas de salud. A fines de marzo, hubo galenos sancionados por dar a conocer cómo se vivió la emergencia sanitaria en los hospitales del Guayas. Desde entonces, las declaraciones se realizan desde el anonimato, a diferencia de los familiares de pacientes que sí exponen la situación con algo más de libertad. Ambos grupos coinciden sobre la saturación de las UCI y que hay pacientes que esperan hasta dos semanas para ser ingresados. Cabe aclarar que no todos son pacientes Covid-19 positivos, pero la existencia del nuevo virus generó que aumente la atención hospitalaria y la internación en esa área.

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Gobierno optimista

Según el Vicepresidente, desde que comenzó la pandemia, la provincia de Pichincha pasó de tener 100 camas de UCI a 250. Por el aumento de casos, prometió 11 camas más en los hospitales que dependen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Estimamos que en Quito se requieren 30 camas UCI más si la tendencia continúa”, aseguró, al tiempo que admitió que la semana en curso podría ser la más complicada.

Aunque suene ilógico, el Gobierno se muestra optimista, ya que sostiene que “los indicadores de contagio han bajado” y que, en realidad, no serían necesarias más camas. (I)


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Ecuador, entre los Estados gestionan la muerte y no protegen la vida

ACTUALIDAD | 23/06/2020

Una investigación académica muestra que el gobierno de Ecuador optó por la “necropolítica” para gestionar la pandemia del Covid-19. El Estado usa su poder para dictar cómo algunas personas pueden vivir y también cómo otras deben morir, algo que se ve reflejado en las medidas ejecutadas durante el estado de excepción.

Este martes, 23 de junio, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador organizó un webinario para dar a conocer cómo cuatro gobiernos del continente actuaron durante la pandemia del coronavirus. Allí, se analizaron los casos de Ecuador, Estados Unidos, Brasil y Argentina, y -también- se comparó a los tres países de perfil conservador y neoliberal.

Ecuador: en terapia intensiva

Byron Villacís

Byron Villacís, académico de la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, aseguró que Ecuador, Estados Unidos y Brasil comparten perfiles ideológicos conservadores y de derecha que se plasmaron en algunos acuerdos económicos, policiales, militares y entre agentes privados. Este análisis insiste en que Moreno puede ser considerado como un  político de derecha o de extrema derecha y, para sustentar su postura, Villacís enumeró una serie de medidas: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el pago de la deuda externa durante la pandemia, el hecho de contar con el apoyo de militares y de las élites conservadoras y financieras, las reformas laborales, la reducción del tamaño del Estado y su marcado apego a la agenda internacional de EE.UU.

Ecuador hace “uso y abuso de la crisis para justificar reformas estructurales”, insistió el académico. Desde la declaración del estado de excepción, el 12 de marzo, Lenín Moreno no se ocupó tanto de las consecuencias de la pandemia, sino de la posibilidad perfecta para implementar un plan neoliberal, con la garantía de no tener protestas en las calles, debido al aislamiento y al temor del contagio. A contramano de otros países, Ecuador priorizó el pago de la deuda externa y se promovieron leyes para despedir a funcionarios públicos y a trabajadores del sector privado. Además, se efectuaron recortes a la educación y la salud, entre otros sectores. Asimismo, en contubernio con las cámaras de producción y comercio, se ejerció presión sobre los Alcaldes para que levantaran el aislamiento y pasaran al distanciamiento con la semaforización.

Se desdibujó el efecto real de la crisis sanitaria al manipular las cifras oficiales sobre las personas infectadas con el virus y fallecidas. Esto fue posible gracias a la intromisión política en cuestiones estadísticas.

En el gráfico superior se comparan las estadísticas de muertes por Covid-19 en EE.UU., Brasil y Ecuador. La curva ascendente de nuestro país muestra irregularidades y no constancia, lo que sugiere la manipulación de datos de organismos oficiales. Eso, sin tener en cuenta, por ejemplo, que las cifras del Registro Civil indican que, en lo que va de la pandemia, este año hubo 20.400 muertos más que en el mismo período de 2019.

En este contexto, se evidencia un proceso de “de-profesionalización” donde el campo científico y académico y es suplantado por el político. Hay ocultamiento de cifras  y se toma a la muerte como algo natural. Lo que se suma al ataque a las estructuras de protección social y a la deslegitimación de “lo público”.

Para Villacís, Ecuador está más a la derecha que EE.UU. y Brasil, por el daño que le causó a las clases populares. “Haber destrozado los sistemas de información facilitan la expulsión de la vida de la gente como fin último de una crisis sanitaria, naturalizaron y habituaron la necropolítica como una rutina pública”, sentenció.

Brasil: botas militares antes que salud

“Brasil es un caso de necropolítica” porque la respuesta a la crisis fue “una política de muerte”, dijo Luciana Tatagiba, politóloga de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), de San Pablo, Brasil. En ese país, la pandemia golpeó principalmente a las personas que están en situación de pobreza y que viven en  zonas periféricas, con una mayor afectación a la población negra. El presidente Jair Bolsonaro siempre negó la gravedad de la pandemia y no tomó acciones para controlarla, esto generó más de un millón de contagios y la muerte de unas 51 mil personas, colocándolo en el segundo puesto a nivel mundial.

“El Presidente estableció una falsa dicotomía entre salvar la economía y salvar vidas”, lo que obligó a los gobernadores a adoptar medidas más rígidas, que terminaron impactando en su popularidad. Por la terquedad de Bolsonaro, en Brasil ya hubo tres Ministros de Salud para gestionar la pandemia, el último es el militar Eduardo Pazuello, que no tiene experiencia en el área.

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La desigualdad social en Brasil es brutal, “hay cuerpos que pueden ser descartados”, sostuvo Tatagiba. En este sentido, “el virus no es democrático porque no mata a todos de la misma forma, la letalidad es mucho mayor en la periferia” por el hacinamiento en el que viven las personas y por no contar con las condiciones sanitarias adecuadas.

Envuelto en una crisis política, Bolsonaro enfrenta más de 30 pedidos de juicio político, acusado por sus crímenes e irresponsabilidad. Sin embargo, el miedo a los contagios lo favorece, ya que -a pesar del descontento- es poco probable que las protestas de los sectores progresistas y de izquierda se masifiquen. El panorama parece desalentador, existe una polarización entre izquierda y derecha desde el golpe a Dilma Rousseff, pero la fragmentación de los sectores opositores a Bolsonaro exige la construcción de una nueva mayoría a través de alianzas.

Para Tatagiba, el Covid-19 recrudecerá el capitalismo en Brasil lo que alimentará la barbarie y la violencia porque eso es lo que ha alentado el Gobierno nacional.

Argentina: enfocada en salvar vidas

Mabel Thwaites, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), analizó cómo Argentina manejó la pandemia. Este caso contrasta con la realidad de la región, ya que “el presidente Alberto Fernández, entre la economía y la vida, eligió la vida”, indicó.

En el país austral se tomaron medidas tendientes a proteger a la población, como ser la creación de fondos especiales para adquirir equipamiento sanitario y la temprana disposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se ha venido extendiendo conforme pasan las semanas. Por otro lado, Fernández ejecutó políticas de protección económica, una de ellas fue el Ingreso Familiar de Emergencia y el incremento de fondos para la asistencia de los sectores más desprotegidos. Estas decisiones también incluyeron al sector privado con el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción, que ayuda a pagar sueldos a todas las empresas afectadas por la pandemia.

Thwaites aseguró que el Gobierno argentino trabaja con un comité de crisis integrado por especialistas y decide en conjunto con los gobernadores de las provincias. También señaló que la incidencia del Covid-19 se concentra en la Capital Federal y la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires donde circulan 13 millones de personas, por lo que se tuvo que tomar medidas en conjunto. Argentina, que tiene una población de 45 millones de habitantes,  registra alrededor de 45 mil contagios y 1.049 muertos por coronavirus.

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Las medidas no fueron suficientes, la curva de contagios no se aplanó y el Gobierno analiza dar marcha atrás en la flexibilización del confinamiento. “Se está pensando en un endurecimiento de la restricción para la circulación en los próximos días, para ver si se puede contener la pandemia”, indicó la investigadora. Esto sucede por el aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva y el riesgo de colapsar el sistema hospitalario.

Argentina tiene otro frente de batalla, la renegociación de la deuda externa, que se incrementó exponencialmente durante el gobierno del expresidente Macri. En 2015 esta representaba el 52% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino y, en la actualidad, se ubica en el 81%. Hasta el FMI se pronunció sobre esta cuestión diciendo que la deuda es “impagable”. Tampoco ayuda la economía que lleva varios años de recesión y afecta a varios sectores precarizados o con trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica. “El Gobierno destina recursos que no son suficientes. El debate es quién financiará esos recursos”, opinó Thwaites. Este sería el principal motivo que avivó las protestas de la derecha “anticuarentena”, que se recompuso como fuerza política en representación de los “sectores que defienden la estructura productiva más tradicional” que están en contra de medidas redistributivas. De ahí surgió el término “infectadura”, por considerar que el Gobierno es ‘autoritario’.

La popularidad de Alberto Fernández se manteniene alta, aunque se vio desgastada por los efectos de la pandemia. Además, su imagen desmejoró por  algunas iniciativas, como la de gravar por ley a las grandes fortunas, o por el anuncio de una posible expropiación del grupo cerealero Vicentín.


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