Piedra contra bala, el poder asimétrico de la juventud colombiana

La brutalidad policial a la que diariamente son sometidos los ciudadanos es solo una muestra de la violencia estatal. ¿Cuál fue el origen de las protestas masivas en Bogotá? ¿Por qué el Gobierno insiste en identificar a un enemigo interno?

María José Pizarro
Congresista colombiana, Coalición Decentes Colombia Humana / UP / MAIS

Por María José Pizarro

¡Ni un muerto más! Las voces que se toman las calles son el clamor de la juventud, que con su fuerza nos inspira a hacer frente a la política de muerte e invita a movilizarnos por lo que creemos justo. No, el miedo no nos paralizará.

Son miles los jóvenes de Bogotá y Soacha que no pudieron contener su rabia ante el vil asesinato de Javier Ordoñez a manos de la policía. En rechazo a todas las formas de violencia que la policía despliega en su contra, la juventud salió a las calles para exigir justicia en los barrios y localidades del Distrito Capital. Haciendo frente a la injusticia, se juntaron con dignidad, y transformaron la impotencia en empoderamiento colectivo. Esta masiva expresión de indignación popular nos ha demostrado que los jóvenes son vanguardia en la defensa de la vida y la dignidad humana. Así mismo, se pone de manifiesto cuánto poder político tiene esta generación, poder que ejercen con valentía y osadía.

Pero el poder oligárquico no aguanta semejante despertar popular. Es así como ese poder desata en nuestras propias calles una guerra total contra la juventud. Un despliegue de violencia sin límites contra toda una generación. Una maldita condena a muerte para una muchachada que, década tras década ha perdido miles y miles de vidas. La macabra intención de las oligarquías es el exterminio de los actores de cambio, y, de este modo, privar a Colombia de toda posible transformación. Al hacerlo, las castas en el poder, profanan los derechos de las generaciones presentes y futuras. Su método: violar, torturar y masacrar a la juventud. Un auténtico instrumento para quebrar a esta sociedad, infligir un presente de pérdida y despojarnos la esperanza.

A pesar de la firma de un Acuerdo de Paz que intenta poner fin a más de 50 años de confrontación armada, la narrativa hegemónica vuelve a atribuir todos los males de estos últimos días al perpetuo espantajo: los grupos armados al margen de la ley. Al señalar, estigmatizar y vincular la protesta juvenil a actores armados, no solamente le niega toda agencia política a la juventud movilizada, sino que además introducen la lógica de la guerra en la relación misma entre instituciones y ciudadanía. Mantienen asfixiada la democracia, encasillan toda expresión de oposición en el marco de una confrontación bélica derivada del conflicto armado, y legitiman así todas las conductas de la fuerza pública bajo una lógica de guerra sustentada en la doctrina del enemigo interno. Ese patrón represor que exige aniquilar al enemigo convierte toda acción contra la juventud indignada en un acto de guerra. Lo que se viene es una represión dictatorial contra toda expresión de rebeldía de la juventud movilizada y sus procesos organizativos. Es la pax de las instituciones armadas en su versión Policía Nacional.

Las oligarquías ya no buscan el consenso, renunciaron al pacto social con la mayoría de la sociedad. La expresión de su poderío yace en la más cruel dominación, y no dudarán en recurrir a la violencia para perpetuarse en el poder, pues exponerse al diálogo y a los mecanismos democráticos los llevaría a una derrota segura. En este sentido, han trasladado la guerra y sus prácticas a las ciudades. Violencia sexual, tortura, retenciones ilegales, masacres, son los abusos y violaciones masivas y sistemáticas a los derechos que ha padecido la población juvenil por parte de la policía.

Para que la confrontación asimétrica entre la piedra del joven y las balas del policía no siga cobrando preciosas vidas, se debe transformar la correlación de fuerzas. Nos rehusamos a tener que llorar un muerto más. Defender la vida nos obliga a modificar nuestra acción política y la manera de expresar nuestra indignación. Solo nos queda, para evitar la masacre, optar por el poder de la movilización masiva. Mostrar pacífica y creativamente nuestra fuerza, fuerza de millones, la fuerza de las mayorías, única capaz de neutralizar el poder asesino del arma de fuego. Pues no podrán aniquilar a todo un pueblo, por más de que lo intenten.

Nuestra piedra, nuestra rabia, nuestra indignación, se potencializan en la manifestación pacífica en defensa de la vida. Somos soberanos, y solo las multitudes en las calles son la expresión de ese poder conjunto. Hemos de ejercer este derecho a la protesta, hasta que logremos liberarnos de su poder asesino derrocándolos de su trono, es decir en las urnas en 2022.

Operativo Correa: el candidato prohibido

Especial | Ecuador en Coma | 10/09/2020

En la tercera entrega de esta investigación, detallamos la instrumentalización de las instituciones del Estado con fines de persecución política. El pacto entre Moreno, Nebot y Lasso ha proscrito la participación de Rafael Correa en la contienda electoral. ¿Cómo se construyó la maquinaria de persecución?

Por Ángel González

En el año 2017 el ‘Gobierno de Todos’ emprendió una estrategia para capturar la justicia y hacerse de la función de transparencia y control social, iniciativa que ha puesto en coma al estado constitucional de derecho. Ese proceso impulsado por la violencia política nos deja como resultado: crisis de representación, falta de probidad y legitimidad de las instituciones públicas, un conflicto de intereses que ubica en primer plano las exigencias del neoliberalismo y el uso del derecho para la eliminar al adversario político.

El Trujillato y el reparto del Estado

La idea de ‘descorreizar’ al país buscaba apoderarse de las instituciones del Estado. Por ello, las élites políticas y económicas desplazadas y afectadas durante el gobierno de Correa vieron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el medio para tomar las riendas de las instituciones del control político. En otras palabras, su interés se centró en la Procuraduría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, las Defensorías, las Superintendencias y la Corte Constitucional.

Para 2018, en contubernio con las élites económicas aliadas al Fondo Monetario Internacional (FMI), Lenín Moreno propuso una consulta popular que planteó, entre otros, dos temas centrales: la eliminación de la reelección indefinida y la declaración de la terminación anticipada de funciones del Cpccs con la posibilidad de conformar uno nuevo para evaluar, destituir y designar nuevas autoridades. El proceso de consulta incumplió con el artículo 104 de la Constitución que exige un dictamen previo de constitucionalidad de las preguntas. En su lugar, Moreno alegó que ante la falta de pronunciamiento se entendía que se había dado un dictamen favorable.

Con el apoyo de los medios de comunicación, propiedad de grupos económicos afectados por el correísmo, se generó un discurso público alrededor de los sobreprecios y la corrupción para demonizar a esta tendencia. Luego de ganar el SÍ, Lenín Moreno envío ternas a la Asamblea para la designación de los nuevos consejeros: todos ellos caracterizados por ser anticorreístas y estar vinculados a las elites económicas con ansias de sacar rentas del Estado.

Julio César Trujillo, fue elegido por Moreno para purgar a las instituciones públicas y eliminar los rastros de correísmo. Durante sus funciones se declaró vacancia constitucional y se ejerció poderes extraordinarios para destituir a las autoridades judiciales y de control social, alegando que eran amigos de Correa o que habían ocupado altas funciones durante su mandato. De esta manera, los procesos de evaluación carecían de objetividad e imparcialidad.

Fuente: Israel Patricio Celi, Del correísmo al anti-correísmo. Constitucionalismo autoritario, radicalismo y cambio político en Ecuador.

El Consejo Transitorio se encargó de blindar sus decisiones de tal forma que no pudieran ser revisadas en el futuro. La nueva Corte Constitucional puso un candado para que, de haber inconstitucionalidades, no se las pudiera revisar. Bajo ese argumento, la mayoría de autoridades del nuevo CPCCS, elegido por votación popular, fue destituida por la Asamblea Nacional.

En ese contexto y alegando poderes extraordinarios, el Consejo Transitorio se encargó de la desinstitucionalización del Estado, poniendo en riesgo los derechos y la propia democracia.

CNE y proscripción política

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fue la primera institución en ser intervenida. Luego de una conformación transitoria, elegida discrecionalmente por el CPCCS Transitorio, se conformó el CNE definitivo, que culminará el período en 2024. Este reclutó a proclamados anticorreístas que establecieron medidas conducentes a la proscripción política.

Sus miembros han reflejado una profunda división interna. Por un lado, los representantes de la sociedad civil pretenden garantizar las reglas del juego democrático. Pero, por otro, los miembros de tiendas políticas usan al CNE como plataforma de lucha.

Vocales como Luis Verdesoto y Enrique Pita han hecho malabares para que el CNE tome una decisión de mayoría y determine irregularidades en los aportes de Alianza País durante el gobierno correísta, argumentos que no han sido aceptados por los demás vocales, por falta de evidencias. Incluso, se planteó un juicio político a la Presidenta que no prosperó por acuerdos políticos en el legislativo.

Si se analiza con detenimiento la conformación del Consejo y sus vocales, se revela lo siguiente: la presidenta Diana Atamaint, representante de la Conaie, vicepresidente, Enrique Pita; adherido al Movimiento Creo, José Cabrera Zurita; militante del Partido Social Cristiano, Esthela Acero; afiliada al Movimiento Alianza PAIS y Luis Verdesoto; férreo opositor al Mandato 14 que posibilitó la reforma universitaria en 2013.

Un año antes de las elecciones, la Asamblea Nacional ya había realizado profundas reformas al Código de la Democracia, sustituyendo el método D’Hont por el cálculo de Webster. Pero, faltaba más. Durante los últimos meses, el CNE promulgó reglamentos que establecen mecanismos, límites y requisitos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos.

El punto más relevante fue cómo respondió el CNE a la candidatura de Rafael Correa. Las presiones políticas del Contralor Subrogante, Pablo Celi, lograron suspender al movimiento Fuerza Compromiso Social, en medio de un proceso de definición de democracia interna. En lugar de defender la separación de funciones del Estado, el CNE cedió a las presiones políticas, en un contexto donde la Contraloría y Asamblea Nacional amenazaban con destituir a tres de los consejeros. 

Al promulgar el Reglamento de Democracia Interna, el CNE aprobó el uso de medios telemáticos para determinados actos, pero impusieron que el evento de la aceptación fuera “expreso, indelegable y personalísimo”. Lo cierto es que en el reglamento no existe el significado jurídico de esos términos, por lo que el Consejo debía hacer una interpretación del reglamento teniendo en cuenta los principios del derecho constitucional: aplicación más favorable a la vigencia de los derechos considerando las circunstancias.

Cuando Rafael Correa anunció que sería candidato al cargo de Vicepresidente y pretendió inscribirse por medios telemáticos, la institución -con evidente parcialidad- se negó a atender el acto. De acuerdo al derecho constitucional de petición, el CNE debía atender el acto y luego pronunciarse de forma motivada sobre la calificación o no del candidato. Nunca lo hizo.

Las glosas del Contralor Subrogante

Pablo Celi fungía como Subcontralor del Estado hasta que el 25 de mayo de 2017 fue destituido mediante una acción de personal firmada por el Contralor Carlos Pólit. Este documento había sido firmado un día antes del viaje de Pólit a Estados Unidos.

Pablo Celi rompe el documento de su destitución.

El 7 de junio de 2017, alegando la ausencia de Carlos Pólit, Celi se autoproclamó Contralor Subrogante; en consecuencia, sus actos carecen de validez por falta de legitimidad en el cargo. Además, su renuncia al anterior puesto no había sido tramitada por los órganos nominadores y su destitución recién se produjo en julio de 2017. La posesión en el cargo tampoco se dio en la Asamblea Nacional, como lo manda el artículo 120 de la Constitución. El 8 de mayo de 2019, el Consejo Transitorio resolvió que Pablo Celi debía continuar en el cargo hasta la terminación del período por el cual fue elegido su titular.

Pablo Celi ha sido clave en el proceso de persecución y proscripción política del correísmo. Por un lado, no existen investigaciones o explicaciones respecto a su firma en los informes de Odebrecht, presencia de familiares en procesos penales por lavado de activos en EE.UU. (su sobrino Raúl de la Torre), firmas de contratos de publicidad con Daniel Salcedo, el perdón de glosas millonarias a grandes empresas como Claro.

Por otro lado, mediante un uso abusivo y extralimitado del recurso de predeterminación o glosa, el Contralor Subrogante ha revisado los actos de las autoridades correístas obligando a un ejército de auditores a confirmar “a como diera lugar” las responsabilidad por perjuicio al Estado. Algunos de esos informes han servido como insumo para iniciar procesos penales -especialmente de sobreprecios-, pero que en su mayoría no prosperan por falta de fundamento jurídico.

Incluso, Celi es acusado por usurpación de funciones al intentar destituir a tres miembros del Consejo Nacional Electoral que no aceptaron, en un inicio, proscribir a varios partidos políticos, entre ellos Fuerza Compromiso Social, que cobijaba a los candidatos correístas.

Golpe a la Justicia

Luego de un proceso de evaluación y basándose en fundamentos subjetivos, el CPCCS Transitorio destituyó al Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Gustavo Jalkh. Entonces, se designó a un Consejo de la Judicatura Transitorio integrado por  Marcelo Merlo, contralor en el gobierno de León Febres Cordero; Zobeida Aragundi, integrante de la Comisión Anticorrupción; Aquiles Rigail Santistevan, ministro de Trabajo de Jaime Roldos; Ángelica Porras y Juan Pablo Albán, por la minoría independiente.

Si bien Porras y Albán eran independientes, todos los integrantes eran abiertamente críticos al régimen correísta. Ellos propusieron un mecanismo integral de evaluación que conduzca hacia una verdadera independencia judicial, del cual era parte la instalación de la Mesa de la Verdad.

No existieron resultados contundentes porque en septiembre de 2018 se presentó una fractura en el Consejo ante la denuncia por irregularidades (tráfico de influencias) cometidas por el nuevo director del CJ, Juan Vizueta Ronquillo, como la presión a los jueces y fiscales en determinados casos. Vizueta fue abogado de los opositores al expresidente Correa: Galo Lara, el capitán Edwin Ortega y Mery Zamora (MPD-UNE).

El 23 de enero de 2019, se eligió al Consejo de la Judicatura definitivo, que quedó conformado por los vocales principales: María del Carmen Maldonado, Patricia Esquetini, Fausto Murillo, Ruth  Barreno y Juan José Morillo. Esto sucedió luego de que el CPCCS Transitorio rechazara los procesos de impugnación por conflictos de intereses.

La principal tarea encomendada por Trujillo fue la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En ese marco, fueron destituidos 23 magistrados, entre jueces y conjueces, y fueron reemplazados por jueces temporales elegidos de entre una lista realizada por la Judicatura, al no existir lista de candidatos, hasta la formación del concurso definitivo.

Para diciembre de 2019, a nivel nacional 76 funcionarios judiciales habían sido destituidos bajo la figura de manifiesta negligencia y error inexcusable. Todos ellos en contextos en los que se pretendía modificar el sistema institucional montado por el Consejo Transitorio.

Por ejemplo, removieron al juez Manuel Ruiz, que aceptó la acción de protección de Rosa Chalá, miembro del CPCCS, que había sido destituida por la Asamblea Nacional. Los jueces de la Corte Nacional Édgar Flores y Luis Enríquez, fueron destituidos por la revocatoria de prisión preventiva para Alexis Mera en el contexto del caso Sobornos.

Por ejemplo, en el caso Sobornos, se puede mirar la influencia de jueces temporales en el juzgamiento en todas las instancias.

La fiscal 10/20

En 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de la realizar la investigación penal y procesal de delitos -ya sea de oficio o a petición de parte-, llegó a tener hasta cuatro fiscales. Luego de la destitución por juicio político de Carlos Baca Mancheno, se nombraron fiscales temporales hasta el nombramiento definitivo de Diana Salazar.

La inestabilidad en ese año debe entenderse en el contexto de presiones políticas encaminadas a llevar a cabo investigaciones penales contra autoridades correístas, sobre la base de informes de la Contraloría o de noticia criminis anónimas, publicadas por periodistas financiados por grupos económicos.

El fiscal encargado Paúl Pérez Reina impulsó la mayoría de procesos que involucran a correístas. El ‘Caso Balda’ es uno de los casos en los que frente al problema jurídico sobre si se necesita aprobación de la Asamblea para juzgar a un expresidente, se resolvió declarar improcedente sin ninguna motivación. Sin embargo, cuando el  exagente de inteligencia Raúl Chicaiza denunció la presión política para involucrar al exmandatario, sus declaraciones no recibieron la atención de la Fiscalía ni de los medios de comunicación.

En 2019, el proceso de designación del Fiscal General estuvo plagado de irregularidades denunciadas por los concursantes. Diana Salazar fue elegida subjetivamente por el Consejo Transitorio, con el encargo de llevar ‘a como dé lugar’ los procesos penales contra el correísmo. Esto a pesar de que en el examen escrito obtuvo una nota de 10/20 y en la entrevista oral, una evaluación perfecta de 30/30.

Entrevista oral de Diana Salazar en la que obtuvo 30/30.

Desde entonces, los procedimientos de la Fiscalía bailan al son que les toque. Por ejemplo, en el procedimiento de investigación contra María Paula Romo por el reparto de hospitales, por la filtración de conversaciones con Daniel Salcedo, se pronunció públicamente aceptando la invalidación de la prueba debido a la ruptura de la cadena de custodia. Lo cierto es que sus actuaciones han sido seriamente criticadas por juristas independientes, que ven en Fiscalía General un riesgo punitivo, por la vulneración de principios procesales básicos y necesarios dentro de una sociedad democrática.

Caso Sobornos: el influjo psíquico de Correa

El 7 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de casación en el conocido ‘Caso Sobornos 2012-2016’ y condenó por el delito de cohecho a exfuncionarios correístas y empresarios. Este fallo debe entenderse en el entramado de instrumentalización de las instituciones estatales.

En primer lugar, la selectividad en la sustanciación obedeció a la necesidad de proscribir políticamente a Rafael Correa, como candidato en las elecciones de 2021. Todo el proceso penal, incluyendo los recursos de apelación y casación, tuvo una duración de un año y cuatro meses. Existió preferencia por este caso, dejando de lado otros casos cuyos tiempos oscilan entre 10 y 15 años para resolución.

A ello se sumaron vulneraciones del derecho al debido proceso. La negativa de recibir prueba nueva que permitiera llevar a los jueces -más allá de toda duda razonable- al convencimiento sobre la responsabilidad; la afectación al principio de congruencia, que implica la coherencia entre la acusación fiscal y la decisión de los jueces; y la aceptación del ‘influjo psíquico’ como elemento de culpabilidad en la determinación de la responsabilidad penal.

Esto implicó el uso arbitrario y discrecional del derecho penal para proscribir al adversario político. Con la sentencia definitiva, dentro del país quedan dos vías. La primera es la constitucional mediante una acción extraordinaria de protección que no suspende la pena, pero sí puede declarar la nulidad del proceso. Cabe aclarar que la Corte Constitucional tiene un aproximado de 10.000 causas represadas y, considerando el orden cronológico, la acción sería resuelta en algunos años.

Por otra parte, aparece la alternativa del recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia, que se puede plantear cuando se haya conformado de forma definitiva sin jueces temporales que afecten la imparcialidad e independencia judicial.

Finalmente, quedan las instancias internacionales en el sistema interamericano donde también las causas se resuelven en muchos años. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se han pronunciado en otros casos declarando la responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos en contextos de destitución arbitraria de autoridades (Quintana Coello y otros vs. Ecuador), así como las vulneraciones del debido proceso.

El tiempo será la clave para develar todas las artimañas que se escondieron detrás de la proscripción de Correa. A Ecuador le costará muy caro el haber puesto a todo el Estado al servicio de los caprichos del poder político y económico; el mismo que nos gobierna. (I)


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ESTRENO: Ecuador en Coma

| ESPECIAL | Ecuador en Coma

El recorte como política de Estado

Especial | Ecuador en Coma | 07/09/2020

En la segunda entrega de esta investigación mostramos cuáles fueron las medidas que profundizaron la crisis económica. La deuda externa crece, el PIB se desploma. El desempleo como señal de ajuste perfila a la banca y a los grandes empresarios como los únicos ganadores.

Por Doris Muñoz

El Banco Central del Ecuador anunció que en 2020 la economía ecuatoriana caerá entre 7,3% y 9,6%. El desplome del Producto Interno Bruto (PIB) se vería afectado no solo por la caída del precio del petróleo, sino por el ajuste del 5,6% a la inversión pública. Un Gobierno sin obras que deja como huella la reducción del Estado, el despido intempestivo de miles de trabajadores, el recorte de los salarios y sueldos represados hasta por cuatro meses.

Desempleo y salarios a la baja

La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario garantizó a las empresas la reducción de sueldos en el sector privado. De esta manera, los salarios se redujeron hasta un 45% permitiendo que las empresas contraten a sus trabajadores hasta por USD 220 mensuales.

Por su parte, el presidente Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 1053 que oficializó la reducción de la jornada laboral en el sector público. Hasta junio de 2020, el Gobierno recortará los salarios de profesores en un 8,3% y los servidores públicos en general cobrarán 16,6% menos debido a la quita de una a dos horas diarias de trabajo, respectivamente. Las  fuerzas de seguridad y el personal de salud fueron los únicos exceptuados.

El entonces ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, justificó la disposición aduciendo que el Ejecutivo buscaba  preservar la salud de los funcionarios en el contexto de la pandemia.

El panorama es desolador, entre enero y julio el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) registró 304.042 desafiliaciones. El 82,6% corresponde a trabajadores del sector privado, 10,3% a afiliados voluntarios y 6,9% a empleados públicos.

En 2020, los más golpeados por el desempleo fueron los jóvenes de 21 a 30 años, que corresponden al 47% de desafiliados. Le siguen los adultos de 31 a 40 años que representaron el 30% de desvinculaciones.

El actual ministro de Trabajo, Andrés Isch, confirmó que durante la pandemia no se salvaron ni las personas con discapacidad. En este grupo de atención prioritaria, se registraron 2.611 desvinculaciones.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en Ecuador hay 1’009.582 ciudadanos sin trabajo. El porcentaje de desempleo registrado en diciembre de 2019 fue de 3,8% y en junio de 2020 escaló al 13,3%. Los expertos indicaron que es la cifra más alta desde 2007. En el primer semestre, 698.449 personas fueron desvinculadas de empleos registrados e informales.

Por estos días, el empleo inadecuado alcanzó el 67,4%. En tanto, el INEC asegura que el 84,5% de las personas que están sin trabajo perdieron la esperanza de ser contratadas.

A la tragedia de no llevar el pan al hogar se suma la política de flexibilización impuesta por el modelo neoliberal. En este esquema, los acuerdos ministeriales de la cartera de Trabajo pasan por encima de la Constitución y de las leyes para avalar la explotación laboral. Ahora se aplican contratos ‘emergentes’ y ‘por obra’ que se adaptan al ‘giro de negocio’ impuestos con la excusa de la pandemia.

Para colmo, la cartera de Trabajo se desligó de su función y ahora, dicen, actúa como mediador y ya no como sancionador administrativo. Por ello, el ministro Isch confirmó que hay alrededor de 10 mil denuncias represadas en las que los trabajadores denuncian los abusos de los empleadores. Entre los reclamos más frecuentes, aparecen liquidaciones e indemnizaciones mal calculadas y demoras para cobrarlas.

Amigos de la Banca

La asfixia de lo público contrasta con el esplendor que vive la banca ecuatoriana, que declaró a la Superintendencia de Bancos ganancias brutas por USD 597 millones en 2017; USD 896 millones en 2018; y USD 942 millones en 2019. Con estas cifras es evidente que los bancos privados fueron de los pocos que no tuvieron pérdidas en el contexto de crisis económica y probablemente no las tengan por la pandemia.

En el otro extremo se posicionan las miles de familias que decidieron agruparse en la Unión de Afectados por la Banca. Desde esa trinchera, Ana Isabel Díaz, vocera de la entidad, denuncia que es la Banca quien verdaderamente gobierna en el país. El desempleo, la reducción de sueldos y la crisis económica perjudicaron el pago de letras de crédito y el incumplimiento en los plazos de pago generó que los intereses de las deudas se multipliquen, acrecentando aún más las ganancias de las entidades financieras.

Siguiendo al FMI

A fines de agosto, Lenín Moreno anunció que Ecuador llegó a un acuerdo con el FMI para acceder entre 2020 y 2022 a USD 6.500 millones que, según dice, serán destinados a protección social y reactivación económica. Sin embargo, la carta de intención exigiría al país seguir recortando el ‘gasto público’, lo que se traduce en menos presupuesto para salud y educación y más despidos en el sector público.

Además, el Fondo demanda una reforma tributaria que incluiría el aumento del IVA en bienes y alimentos y la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas, que afectaría no solo a la economía, sino también a la dolarización. El Banco Central es otro botín de guerra, el FMI pide que tenga autonomía del Estado y mayor dependencia del sector financiero privado.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que Ecuador será uno de los países donde más crecerá la brecha entre ricos y pobres (6%). Según las proyecciones, este año la indigencia cerrará en 12,7% y la pobreza trepará al 32,7%. Una sociedad cada vez más empobrecida necesitará mayor presencia y asistencia del Estado, pero este no responder a las demandas si tiene menos recursos.

Los recortes en salud y educación fueron la clave para solicitar el juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. La Constitución, aun en estado de excepción, prohíbe al Ejecutivo tocar esos recursos. Nada los frena a pesar de las protestas en todo el país y de las demandas de inconstitucionalidad que no prosperan en la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional tampoco se animó a destituir al funcionario.

26/05/20 Una masiva protesta de estudiantes en Cuenca terminó con represión y la detención Matías Kamachi.

Resulta llamativo que la Corte Constitucional no se haya pronunciado sobre la inconstitucionalidad del recorte y que dicte fallos exprés cuando los afectados pertenecen a los grandes grupos económicos.

Balas de plomo

La resistencia del pueblo al ajuste se combatirá con represión. A fines de mayo, el Ministerio de Defensa publicó el Acuerdo Ministerial 179 que expide el “Reglamento de Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de la Fuerzas Armadas”. Según el ministro Oswaldo Jarrín, el objetivo es ‘guiar’ a los uniformados. ¿Será para disparar a los ojos?

Increíblemente, la Corte Constitucional tampoco se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos. Este reglamento autoriza el uso de armas letales (de fuego) para  neutralizar o reducir el nivel de amenaza o resistencia en contextos de manifestaciones y protestas que se den durante un estado de excepción.

Cabe recordar que en octubre de 2019 hubo once muertos en el contexto de la represión ordenada por el Gobierno. Pero, según la ministra María Paula Romo, los muertos “se cayeron”, “se golpearon” o “fueron atropellados”, desligando de cualquier responsabilidad penal al Estado.

Sin credibilidad

A Lenín Moreno le queda un 8% de credibilidad, según la última encuesta publicada por Cedatos. Todavía tiene nueve meses en la Presidencia para avanzar con su poder destructivo sobre las estructuras que sostienen al Estado.

La ciudadanía todavía se pregunta dónde están las 325 mil viviendas del Plan Casa para Todos. ¿Cómo, en vez de generar 250 mil empleos, acabó con casi 300 mil desempleados? ¿Dónde están las 40 universidades técnicas? ¿Qué pasó con la cirugía mayor a la corrupción?


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ESTRENO: Ecuador en Coma

Moreno escondió más de 20 mil muertos bajo la alfombra

Especial | Ecuador en Coma | 03/09/2020

En la primera entrega de esta investigación demostramos que el Gobierno manipuló las cifras de fallecidos y contagiados de Covid-19. Recortes en Salud, reparto de hospitales, médicos impagos y un Ministerio que mintió sobre la curva epidemiológica para reactivar la economía.

Por Doris Muñoz

La manipulación de cifras sobre los fallecidos por Covid-19 deja dos conclusiones. La primera, es que el Gobierno no supo manejar la pandemia y prefirió ocultar el número de contagios y fallecidos agravando las consecuencias. La segunda, que el desmantelamiento del Estado, el desfinanciamiento de la salud pública y el reparto de los hospitales causaron muertes que pudieron evitarse.

El primer caso de coronavirus en Ecuador se confirmó el 29 de febrero. Dos semanas después, Moreno decretó la emergencia sanitaria y activó al COE Nacional. Sin embargo, cuando la ciudadanía esperaba acciones concretas que mitigaran los efectos de la pandemia, Lenín Moreno optó por la desidia.

La deuda antes que la vida

A contramano de la realidad, el Gobierno decidió recortar USD 212 millones del presupuesto de salud entre marzo y junio de 2020, según consta en información publicada por la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

El ajuste tenía un porqué. Mientras a fines de marzo el sistema sanitario de la provincia del Guayas colapsaba, Ecuador pagó USD 791,2 millones en concepto de servicio de deuda externa pública, por orden de Richard Martínez. El pago a los acreedores se conoció en el informe 180 de Gestión de Liquidez del Sistema Financiero de marzo de 2020, publicado por el Banco Central.

Esto contradice al propio Martínez que informó el pago de USD 324 millones a los acreedores, con el objetivo de obtener USD 2.000 millones de organismos multilaterales de crédito, siguiendo el consejo y las promesas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Escondiendo muertos

Con un sistema de salud desfinanciado, tanto el personal sanitario como los pacientes fueron abandonados a su suerte. La curva de contagios se disparó sin control epidemiológico porque el Ministerio de Salud Pública (MSP) no supo ni pudo responder a la demanda de pruebas de Covid-19, por lo que muchos contagiados y fallecidos jamás se registraron oficialmente.

La primera mentira surgió alrededor de las pruebas PCR. La entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, aseguró que el 23 de marzo llegarían al país 2 millones de pruebas para detectar Covid-19. Todo fue una farsa. Hoy, 3 de septiembre, se sabe que solo se tomaron 340.207 muestras (PCR y pruebas rápidas) y que algunos municipios como Quito, Guayaquil y Cuenca destinaron recursos para adquirir dichas pruebas.

No conforme con la excusa de registros duplicados, el Gobierno hizo varios ‘ajustes’ a la base de datos de infectados y así logró eliminar a 2.461 personas. Pero eso no fue lo más grave, sino la capacidad que tuvo el MSP para minimizar las muertes. Incluso, con el fin de mantener reservada la información y frente a la insistencia de periodistas, la Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud expulsó a más de 160 periodistas del chat oficial de comunicación de dicha entidad y obligó a los reporteros a realizar los pedidos de información mediante correo electrónico. Así, se cuidan las espaldas mientras eliminan los rastros.

Desde que comenzó la emergencia sanitaria, existen inconsistencias entre los datos epidemiológicos de la cartera de Salud y el número de actas de defunción que emitió el Registro Civil. Si bien en 2021 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicará el Boletín de Mortalidad 2020, quedan dudas sobre la exactitud de la información que se hará con los registros del MSP.

Desde el 12 de marzo hasta el 28 de agosto Ecuador reportó 31.295 muertes ‘en exceso’ si se comparan con los fallecimientos en igual período de 2019. El número de decesos por diferentes causas registró un aumento del 89,8% en poco más de cinco meses.

Eso explica, en parte, lo que sucedió en la provincia del Guayas durante abril con el colapso del sistema funerario. Una realidad que dejó miles de víctimas en hospitales, casas y hasta en las calles. En el año 2019, 13.248 personas fallecieron en Guayaquil; en lo que va del 2020, Guayaquil ya registra el doble de muertes: 22.731.

Una investigación comparativa publicada a fines de junio por el diario británico Financial Times aseguró que Ecuador ostentaba la segunda tasa más alta de mortalidad por coronavirus a nivel mundial, solo superada por Perú. Nuestro país tenía 122% más de muertes que el promedio histórico; Perú, el 141%. En cambio, al comparar el incremento de las muertes en Guayas (276%) y Lima (289%) se puede ver los estragos que dejó la pandemia en ambas ciudades.

Por su parte, el Centro MRC del Imperial College London indicó que en Ecuador la tasa de contagio en junio ascendía al 1,46, el doble de lo estimado por el Ministerio de Salud (0,76). Es decir, que diez personas contagiaban a catorce más con Covid-19. Más datos científicos que desmienten el discurso oficial.

Las cifras oficiales del ministro Juan Carlos Zevallos son poco creíbles. Para la entidad, la provincia de Santa Elena lidera la tasa de mortalidad por Covid-19 cada 100 mil habitantes con 82 fallecidos. La siguen Manabí y Santo Domingo en segundo y tercer lugar con 49; El Oro con 45 y Chimborazo con 32. Recién en sexto lugar aparece Guayas con 38 fallecidos, mientras que Ecuador, a nivel general, registra 32 muertes por Covid cada 100 mil habitantes.

Según los datos de Registro Civil, solo en abril, la provincia de Santa Elena tuvo 243 muertes en exceso cada 100 mil habitantes (+667%) y Guayas, 240 (+589%). En el siguiente gráfico comparativo se puede apreciar el orden asignado por el MSP en comparación con el número de actas de defunción del Registro Civil. Algo no cuadra.

Por si quedaba alguna duda, en el siguiente gráfico de barras se observan las muertes con diagnóstico de Covid-19 por provincia. Según el Gobierno, desde que comenzó la pandemia, Guayas registró apenas 1.684 fallecidos. Hoy, el Gobierno contabilizó 6.648 fallecidos con diagnóstico positivo y 3.751 fallecidos ‘probables’, sumando en total 10.399 a nivel nacional.

En concreto, hasta agosto, la diferencia entre las ‘muertes en exceso’ (31.295) y las muertes por Covid-19 (confirmadas y probables) sería de por lo menos 20.896. Moreno y Zevallos apenas reconocen que la pandemia fue la responsable de un tercio de esas muertes y para los dos tercios aún no encuentran explicación.

El MSP asegura que Quito registra 22.158 casos positivos de Covid-19,  9.268 infectados más que Guayaquil, que reporta 12.890 contagiados. Entonces, ¿cómo explican el colapso sanitario y funerario que padeció el puerto principal entre marzo y abril? Quizás la clave vuelva a estar en las ‘muertes en exceso’; mientras Guayaquil registró 12.953, la capital sumó 4.694.

El Gobierno asfixió a Quito

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue el primero en disponer medidas de confinamiento. Consciente de recibir el 60% de vuelos internacionales, suspendió la jornada presencial en escuelas e instituciones públicas y prohibió la circulación del transporte urbano. En otras palabras, obligó al Gobierno nacional a tomar medidas. Al principio, el Ejecutivo amenazó a Yunda con sanciones y se mostró junto a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que presumía a su ciudad funcionando con pasajeros que viajaban hacinados en la Metrovía.

La paralización del 70% de las actividades económicas no esenciales perjudicó seriamente la economía ecuatoriana. Los grandes empresarios comenzaron a exigirle a Moreno salir del aislamiento, a riesgo de exponer la salud de la población. Fue entonces cuando el COE Nacional dejó en manos de los alcaldes la decisión de pasar del aislamiento al distanciamiento a través de la ‘semaforización’ que comenzó el 4 de mayo. Yunda fue el primero en anunciar que la capital se mantendría el semáforo rojo hasta el 31 de mayo.

Acorralado por la presión de denuncias de corrupción y desoyendo las advertencias de los epidemiólogos, Yunda optó por el semáforo amarillo, justo cuando los contagios comenzaron a aumentar considerablemente. El 3 de junio, había 3.842 personas contagiadas con Covid-19; hoy, 22.158. En Pichincha, la cifra oficial de fallecidos con coronavirus pasó de 319 a 943, respectivamente.

La asfixia del trio de Carondelet funcionó a la perfección. Los altos funcionarios tenían que garantizar la apertura de la economía y de las instituciones en la capital de país. Por ello, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a cargo del COE Nacional; el entonces vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se dedicaron a minimizar los efectos de la pandemia en Quito.

Zevallos fue el vocero autorizado para insistir en que la curva de contagios en Quito decrecía y que las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) daban abasto. Los datos estadísticos de su propio Ministerio nunca lo respaldaron.

Durante mayo y junio, el Ministro indicó que el pico de contagios había ocurrido a fines de abril. En julio, Zevallos dijo que lo que se vivía en la capital era un “brote nuevo”.

Los resultados fueron demoledores. En abril, Pichincha registró 1.286 actas de defunción, 1.582 en mayo, 1.851 en junio y 2.858 en julio. Con la apertura de la economía y las altas cifras de desempleo, las zonas empobrecidas se llenaron de vendedores informales, lo que disparó la curva de contagios en el Centro Histórico, San Roque, Chillogallo, La Ecuatoriana y El Panecillo.

Familiares de personas contagiadas con Covid-19 denunciaron la falta de camas de UCI en los hospitales públicos y del IESS. Las ‘camas calientes’, ratificadas de manera anónima por los médicos, los obligaron a recurrir a clínicas privadas en donde llegaron a pagar hasta 70 mil dólares por un mes de internación. Guayas había pasado una situación similar entre marzo y abril, donde algunas clínicas retuvieron cadáveres como garantía de pago.

Durante junio y julio, la ministra Romo rechazó los reiterados pedidos de ‘ley seca’ y la ampliación del toque de queda propuesto por Yunda, otros seis alcaldes de Pichincha y la prefecta Paola Pabón. Tras ver el colapso del sistema sanitario y las decenas de fosas cavadas en el cementerio San Diego, el COE Nacional decretó ambas medidas durante agosto, dos meses después del incremento de las muertes en Pichincha, Santo Domingo y otras provincias.

Cementerio San Diego, Quito – AFP

Recién en agosto se pudo ver un descenso en la mortalidad aunque los cementerios llegaron al 90% de su capacidad. Antes de la pandemia, el cementerio Parque de los Recuerdos, ubicado en Quito, sepultaba cinco cuerpos a la semana; en julio, reportaron 11 entierros diarios.

Mucho más que reparto

El Gobierno ha demostrado que no le interesan las formas a la hora de lograr su cometido. En junio, el propio ministro Zevallos reconoció que existen ‘influencias’ de asambleístas en la gestión de hospitales.

En otras palabras, el propio Gobierno admite el reparto de al menos 30 casas de salud que son investigadas por corrupción. ¿Quién repartió los hospitales? Aún no se animan a brindar precisiones. En medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, el Gobierno solo cambió gerentes y directores y dejó en manos de la justicia toda la investigación. En ese sentido, la familia Bucaram, Daniel Salcedo, Daniel Mendoza, Eliseo Azuero están tranquilos; pese a que algunos son investigados por delincuencia organizada, entre otros delitos.

Daniel Mendoza ya habría señalado a María Paula Romo como la presunta repartidora. Así, la Ministra habría evitado al menos dos juicios políticos en su contra. Aun con esta información, la Asamblea Nacional no se anima a iniciar el juicio político contra Romo, es que varios asambleístas estarían involucrados en esta presunta red de corrupción.

Como regla, las pruebas recabadas por la Fiscalía sobre el esquema del reparto debían mantenerse en reserva durante la investigación previa. Sin embargo, la información se filtró y fue publicada por un medio afín al Gobierno. Esto parecería ser más una estrategia del Ejecutivo que una investigación periodística. ¿Con qué objetivo? Invalidar la prueba.

Según el numeral 4 del artículo 76 de la Constitución de la República, “las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. Es decir, al afectar la presunción de inocencia de la ministra Romo, esta prueba sería descartada favoreciendo a la funcionaria.

En Alemania, Zevallos afirmó que el descenso de muertes es mérito de su gestión.

Mientras el show mediático continúa en todas las pantallas, el personal sanitario sigue combatiendo la pandemia en primera línea. Con cientos de muertos entre sus filas, trabajan sin descanso y también sin sueldos. Una imagen que retrata la podredumbre de un sistema que privilegia a unos pocos y margina a las mayorías.

En la segunda entrega de este especial te seguiremos mostrando por qué Ecuador está en coma.


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ESTRENO: Ecuador en Coma

Código Orgánico de Salud: derechos en juego y privatización

ANÁLISIS | 02/09/2020

El 25 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Código Orgánico de Salud (COS). El proceso de creación, que duró ocho años, implicó el debate de tres proyectos. El Legislativo contó con la participación e intervención de varias organizaciones sociales.

Algunos temas legislados en el COS han generado polémica en sectores de derecha, conservadores y religiosos: aborto como emergencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos, identidad sexual, entre otros. No obstante, parece haber una lectura e interpretación parcial de las normas problematizadas y no se discute sobre los mecanismos de privatización de la salud abiertamente.

El Movimiento CREO y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana han sido los principales opositores al COS. Afirman que la obligatoriedad de la atención en casos de emergencia obstétrica incentiva el aborto porque debería considerarse solamente cuando es involuntario.  

En los artículos 9 y 201 no existe un incentivo al aborto, sino que únicamente garantiza el derecho a la legislados.

Aborto

salud al obligar a dar atención médica en todos los casos. Incluso, se menciona que se estaría legalizando el aborto, cuando para ello es necesaria una reforma del Código Orgánico Integral Penal.

El reconocimiento de emergencia obstétrica busca la salvaguarda del derecho a la vida de la madre o del feto cuando se presentan patologías asociadas con el aborto.

La propia Constitución en su artículo 365 reconoce la obligatoriedad de la atención médica en casos de emergencia. Debe considerarse la atención preferente que tiene la mujer embarazada. En ese contexto, el artículo 9 inciso final  “prohíbe a los profesionales de salud, dilatar la atención de emergencia bajo cualquier pretexto, incluido el planteamiento de objeción de conciencia”.

La falta de atención por cualquier motivo constituye violencia obstétrica contra la mujer embarazada. Esto lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia 904-12-JP/19.

Según el artículo 157, el aborto es un problema de salud pública que requiere “atención integral, que incluya la prevención de la violencia y situaciones de riesgo, que abarque soluciones intersectoriales de orden educativo, sanitario, social, psicológico, que privilegie el derecho a la vida garantizado por la Constitución”. Por lo que reducirlo a una cuestión de despenalización pierde de vista el enfoque de política pública necesario para enfrentarlo.

Anticonceptivos

La polémica también incluye al artículo 22 del COS. Los contrarios sostienen que vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos al permitir el uso indiscriminado de anticonceptivos sin su consentimiento. De la lectura integral del artículo se evidencia que antes que restringir el derecho a los padres, garantiza el derecho a la información de los adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Estos grupos afirman que el artículo 115 pretende “imponer visiones ideológicas de género contrarias a sus convicciones éticas y la ciencia”. Del artículo se desprende únicamente la obligación que tienen las instituciones estatales de brindar programas de educación en salud sexual y reproductiva orientada a la prevención “del embarazo infantil y adolescente, toda forma de violencia, el VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables, la erradicación de toda forma de explotación sexual y discriminación”.

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Es decir, se reduce las cuestiones de la salud sexual y reproductiva al uso o no de anticonceptivos cuando la propia Constitución en el artículo 32 reconoce que el Estado está obligado a generar programas de educación sin excluir a nadie.

Maternidad subrogada

Los detractores del COS afirman que el art. 196 vulnera el derecho de la mujer a una maternidad plena y la dignidad del cuerpo. El artículo reconoce varias formas de reproducción humana asistida que deberán ser aplicadas bajo las “normas, requisitos y regulaciones determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional y los principios bioéticos universales relacionados con el tema”.

Respecto de la maternidad subrogada, el artículo en cuestión dice:

La discusión sobre este asunto debe ser debatida a profundidad para ponderar, por un lado, la autonomía de la voluntad, la libertad de decidir sobre su propio cuerpo que tienen las mujeres; y, por otro, el derecho de los menores y la prohibición de mercantilización de los vientres.

Identidad sexual

Otros cuestionamientos apuntan a los artículos 193 y 208. Sectores reaccionarios indican que se vulnera el derecho a la identidad sexual al permitir el cambio de sexo en la pubertad y prohibir servicios para cambio de orientación sexual.

El artículo 193 reconoce que las cuestiones sobre salud sexual y salud reproductiva deben llevarse a cabo “con intervenciones integrales y basadas en evidencia científica” para “erradicar conductas de riesgo, discriminación, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad”. Prohíbe los procedimientos de asignación de sexo hasta que la persona alcance la pubertad en los casos de “personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual”. No es en todos los casos. Se proponen excepciones cuando está en riesgo la salud o la vida.

En el artículo 208 en su inciso final “se prohíbe la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género, por cualquier tipo de método o bajo cualquier circunstancia”. Esto garantiza que no existan las habituales clínicas de deshomosexualización o similares en el país.

Privatización de la salud

El sistema nacional de salud articula instituciones, programas, recursos y actores. En el articulado del COS existen mecanismos mediante los cuales las instituciones privadas con fines de lucro que brindan servicios de salud se articulan con el sistema nacional de salud. Los pacientes pueden ser derivados de las instituciones de salud del Estado central o IESS a clínicas privadas.

El artículo 63 reconoce que la red pública integral de salud se conforma por las instituciones de salud del estado, GADs, seguridad social, y “por otros prestadores con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad”. Así, en el artículo 65, se define la forma en la que debe reconocerse a las instituciones privadas cuando brinden los servicios de salud por derivación.

Según el artículo 68, “los prestadores de servicios de salud privados, que hayan sido calificados como proveedores de servicios (…) tendrán la obligación de recibir a los pacientes derivados por la Red Pública Integral de Salud, con garantía de la calidad de la atención, siempre que tenga la capacidad resolutiva necesaria para la atención”. Será la Autoridad Sanitaria la que establezca la forma de pago. En el artículo 70 sobre la forma del reconocimiento económico se refiere a “la compra de servicios de estas a entidades privadas”.

Como lo afirma Pablo Iturralde, ese mecanismo en lugar de fortalecer la salud pública, fomenta la privatización mediante la concentración de la riqueza en grupos económicos dueños de clínicas privadas a los que se les transfiere las rentas fiscales.

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¿Qué hará el Ejecutivo?

Según el artículo 137 de la Constitución, las leyes deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional en dos debates, luego son enviadas al Ejecutivo para que las objete o sancione. La objeción implica que el Presidente de la República no está de acuerdo con el proyecto aprobado y puede negarlo totalmente o proponer reformas. La sanción implica la aprobación del Presidente y su vigencia.

En el caso de objeción total, la Asamblea Nacional puede volver a considerar el proyecto luego de un año. En el caso de ser una objeción parcial, el Presidente presenta un texto alternativo de reforma. La Asamblea tiene treinta días para allanarse, aceptando la reforma, o enmendar el proyecto. Puede también ratificar el proyecto inicialmente aprobado con el voto de las dos terceras partes. En ambos casos lo envía al Registro oficial para que entre en vigencia.

Si la Asamblea no se pronuncia en los 30 días, se entenderá que se allanó, y el presidente Lenín Moreno dispondrá que se publique y entre en vigencia.

Moreno puede realizar una objeción por inconstitucionalidad. En esos casos, se requiere el dictamen de la Corte Constitucional dentro de 30 días. Cuando la Corte declare la inconstitucionalidad total, se archiva. En caso de que fuera parcial, la Asamblea debe corregirlo para que sea enviado al Presidente. En caso de no encontrar inconstitucionalidad, la Asamblea debe promulgarlo. (I)


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La última idea de Romo y Moreno para manipular las elecciones

Con ofertas demagógicas el Gobierno intenta que la ‘voluntad popular’ sea la opinión de unos pocos. ¿Qué se esconde detrás de esta nueva maniobra? ¿Por qué el pueblo ecuatoriano deber acudir a las urnas?

Ramiro Aguilar Torres
Abogado y político

Por Ramiro Aguilar Torres

El Art. 62 de la Constitución de la República es claro, el voto es obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Esta disposición constitucional quedaría en el aire, sería meramente declarativa, si no existiera una consecuencia para aquellas personas que incumplen con el deber de votar. Para que la norma constitucional no sea letra muerta, la ley ha establecido una sanción pecuniaria aplicable a aquellos que no van a votar; y, a la par, ha previsto que el documento que acredita la comparecencia al sufragio, el famoso certificado de votación, sea un requisito para efectuar algunos trámites administrativos y notariales. De esta manera, la Constitución tiene fuerza para asegurar su cumplimiento.

 

Cada vez que reflexiono sobre estos temas me acuerdo de la norma prevista en el Art. 1 del Código Civil que todo estudiante de Derecho recita desde el momento en que da el primer paso en la facultad: “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. La siguiente lección que un estudiante de Derecho aprende es que el mandato legal, el imperio de la ley, solo puede materializarse si la propia ley establece una consecuencia para el caso de su incumplimiento. No hay otra forma. Las leyes que mandan deben tener fuerza. Y la fuerza de la ley está en la sanción.

En los últimos días, la inefable ministra María Paula Romo ha sugerido la posibilidad de que, para las elecciones de febrero del 2021, se deroguen las normas legales que imponen sanciones a quienes, injustificadamente, no votan; así como eliminar la funcionalidad administrativa del certificado de votación. En otras palabras, quitarle toda su fuerza a la norma constitucional que dispone que el voto sea obligatorio para las personas mayores de dieciocho años.

La razón esgrimida por la ministra es el Covid-19. De esta manera, asegura la ministra, cada ciudadana y ciudadano podría evitarse el riesgo de ir a votar al constatar que si no sufraga no le va a pasar nada.

Esto huele muy mal. De hecho, parece que en este tramo final del gobierno de Lenín Moreno todo es descabellado. Han querido manipular las elecciones de febrero del 2021 de todas las maneras posibles; y ahora tratan de disminuir el flujo de votantes. Lo que plantea la señora Romo es audaz y atrabiliario. Es una emasculación a la Constitución.

No es el momento de discutir si el voto debe ser facultativo u obligatorio.  Este debate amerita una reforma a la Constitución. Hay países donde el voto es voluntario. ¿Cuál es el resultado? Que el número de votantes supera con poco el 50% del total de ciudadanos empadronados. Así, una elección presidencial puede perder legitimidad. Sin embargo, es verdad que es responsabilidad de cada ciudadano ejercer sus derechos políticos y comprometerse en la decisión de los grandes asuntos de su nación.

En ciertos países tropicales el voto voluntario tiene precio. Los ciudadanos son estimulados económicamente para votar. En este escenario son los poderes económicos -lícitos o ilícitos – quienes juegan a la democracia.

Ahora bien, no podemos dejar de analizar que un voto obligatorio por listas de gente mediocre que los movimientos políticos ofrecen a los electores se transforma también en una especie de cautiverio electoral. Me explico: el ciudadano acude obligado a votar por quienes los partidos y movimientos políticos incluyen en sus listas. Queda la opción de anular el voto; pero ¿vale la pena que el voto sea obligatorio en un escenario en que la mejor opción sea anularlo?  Evidentemente que no.

Como se puede apreciar, es un tema que merece un profundo análisis. Una introspección sobre la fortaleza de las instituciones democráticas de cada país. Un tema que plantea una autocrítica sobre la ética social. Es un asunto de la mayor importancia que no debe ser tomado a la ligera con el ánimo de manipular un resultado electoral.

Hace rato que el gobierno de Moreno es tan decadente que ya nada de lo que plantea me sorprende.  Es un gobierno sin Dios ni Ley. En su amoralidad política no cuida ni las formas. Y para terminar el cuento, parece que la señora María Paula Romo está siendo auspiciada por el gobierno ecuatoriano para ocupar la secretaría de la Comisión Interamericana de derechos Humanos. Es de locos. Sencillamente, es de locos esto que nos está pasando.

Haya consecuencias o no para el hecho de no sufragar, hay que ir a votar. Moreno y su gobierno han sido una patología de la democracia a la que no podemos ceder; y que no debe volverse a repetir en el Ecuador.  

No podemos dejarnos contagiar del absurdo. No hay que olvidar que hay que vivir con esperanza, aunque los días parezcan grises. Nuestro el voto es esperanza.

Twitter: @ramiloaguilart / Facebook: Ramiro Aguilar Torres

Rumbo al 2021: Muchos candidatos, los mismos modelos

ACTUALIDAD | 24/08/2020

Hasta el momento, la Presidencia de Ecuador se disputará entre 18 binomios. Rostros nuevos conviven con los de larga trayectoria electoral. Después de las primarias, ¿habrá alianzas?

Desde hoy, comenzaron las negociaciones para establecer alianzas entre los diferentes partidos políticos. Los movimientos tienen plazo hasta el 3 de septiembre para presentar los binomios definitivos, así como las listas de asambleístas y parlamentarios andinos que los representen en las elecciones generales del 7 de febrero de 2021.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) asignará USD 42 millones para la promoción de las campañas electorales del 2021 en medios de comunicación. Este valor significa un 59% más en comparación con las elecciones del 2017. El Consejo busca reducir este monto entre un 10% y un 70% debido a la crisis económica y emergencia sanitaria.

Con partido prestado

El correísmo, para no arriesgarse a ser proscripto a última hora, utilizó el sello de Centro Democrático para postular a Andrés Arauz y Rafael Correa. Arauz sería el candidato más joven de esta contienda, con tan solo 35 años de edad.

La aspiración de Rafael Correa a la Vicepresidencia está en peligro, tiene diez días para aceptar su precandidatura, de manera presencial, en Quito, según dispuso el CNE. Correa está en Bélgica y sobre él existe una orden de captura por el caso Balda y el eterno debate si su condena a 8 años de prisión por el caso Sobornos fue o no ejecutoriada.

Ex PSC y con hinchada a su favor

El partido Avanza presentó el binomio Isidro Romero – Sofía Merino. Romero es un empresario de 78 años y conocido dirigente del club Barcelona. Sin embargo, el dato más importante es que fue diputado por el Partido Social Cristiano (PSC) en 1996. ¿Habrá alianza?

Por su parte, el PSC postuló para la Presidencia a Cristina Reyes y a su compañero Diego Salgado. La asambleísta lleva 11 años en la política y cobró notoriedad en los últimos meses al enfrentarse con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. 

¿El próximo Alvarito?

El movimiento CREO fue el primero en anunciar su binomio presidencial, encabezado por el banquero Guillermo Lasso y el médico Alfredo Borrero. En su tercera candidatura, el líder político ofreció sus 50 años de experiencia generando empleo y ayudando a las empresas. No dijo nada sobre qué hará por los más necesitados, algo coherente con la postura que tomó durante las protestas de octubre de 2019 cuando respaldó al gobierno de Lenín Moreno y a su plan económico. Con estas palabras y esas acciones, dejó claro de dónde viene y a quiénes representa.

Indígenas, ¿de derecha?

En un principio, los precandidatos a la Presidencia fueron Leonidas Iza, Jaime Vargas y Yaku Pérez. Sin embargo, sin consultas previas, Pachakutik postuló a la Presidencia a Yaku Pérez, prefecto del Azuay. Esto generó la renuncia de Iza y Vargas que denunciaron falta de participación real y acusaron al partido de actuar sin consultar a las bases de la CONAIE.

El líder indígena Rodrigo Tucumbi fue más allá y dijo el partido Pachakutik estaba haciendo una tendencia con la derecha. Esto se evidenció con la fracasada  postulación de Larissa Marangoni a la Vicepresidencia. En menos de 24 horas del anuncio, las redes sociales expusieron sus comentarios proimperio, neoliberales y en contra del accionar del movimiento indígena durante el Paro de octubre de 2019.  A Marangoni no le quedó otra que declinar.

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Oficialistas con pocas chances

El partido de gobierno, Alianza País, apostó por la asambleísta Ximena Peña y Patricio Barriga. Para intentar sumar votos, Peña dijo que la relación entre el partido y el presidente Lenín Moreno es “bastante alejada”.

El Movimiento Construye Ecuador es la fachada de Ruptura. No puso a los líderes María Paula Romo, Sebastián Roldán, Norman Wray o Iván Granda. En cambio, optó por el binomio Juan Fernando Velazco – Ana María Pesantes. El primero es cantante y actual Ministro de Cultura; su compañera es directora de la Organización y Promoción de la Economía Violeta (OPEV). 

Un largo etcétera

La lista es larga. Las precandidaturas de los binomios presidenciales se completan con Lucio Gutiérrez y David Norero por el partido Sociedad Patriota; Fabricio Correa y Marcia Yazbek por el Movimiento Justicia Social.

Además, aparecen los binomios de Gustavo Larrea – Alexandra Peralta por Democracia Sí; César Montúfar – Julio Villacreses (Partido Socialista) por Concertación; Gerson Almeida – Martha Villafuerte  por Ecuatoriano Unido; Paúl Carrasco – Frank Vargas Anda por Juntos Podemos; Guillermo Celi – Verónica Sevilla por SUMA; Esteban Quirola – Juan Carlos Machuca por Libertad es Pueblo; y Miguel Salem Kronfle – Gustavo Bucaram Ortiz (hermano de Abdalá Bucaram) por Fuerza Ecuador.

Finalmente, Xavier Hervas liderará el binomio de Izquierda Democrática; y Pedro Freile, el Movimiento Amigo.

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Fuera de juego

Entre los candidatos que optaron por no ir a las urnas está el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, el eterno presidenciable Álvaro Noboa, el expresidente Abdalá Bucaram, el asambleísta José Serrano y los líderes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas.

Con este escenario, parece factible la unión en la derecha. Si no ocurre antes del 7 de febrero, esto se podría dar en una eventual segunda vuelta. Al menos 14 binomios han hecho pública su postura anticorreísta, dando a entender que no los une el amor, sino el odio.


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ESTRENO: La Dictadura Perfecta


La salida de Otto, ¿una estrategia para unir a la derecha?

ACTUALIDAD | 21/08/2020

El exvicepresidente confirmó que no disputará las elecciones de 2021. Hay incertidumbre sobre quién representará a los liberales, conservadores y neoliberales. ¿Pesaron sus antecedentes?

En una carta publicada en Twitter, Sonnenholzner dijo que su decisión apunta a construir un camino de unidad para evitar la dispersión de votos. De esta manera, echó por tierra las suposiciones que se tejieron desde el 7 de julio cuando renunció a la Vicepresidencia.

El 9 de marzo, el asesor político Víctor López Torrents llegó a Ecuador en el avión presidencial. El experto en comunicación política fue el ideólogo de la campaña del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El rumor se regó como pólvora cuando Otto comenzó su peregrinaje por el país en busca de votos. La propia Vicepresidencia de la República tuvo que pedir que se eliminará el anunció de las cuentas de López Torrents.

La noticia anunciada la noche de ayer tomó por sorpresa a los analistas y consultores políticos. Hasta ese momento, posicionaban al radiodifusor guayaquileño como una de las figuras de la derecha con más chances para disputar la Presidencia de la República. Incluso el expresidente Rafael Correa aseguró que el candidato a vencer sería Otto.

Sonnenholzner encarnaba la figura de un joven empresario que se iniciaba en política y que se animaba a trabajar y a recorrer el territorio durante la peor emergencia sanitaria. En otras palabras, representaba “lo nuevo” y no la vieja política ecuatoriana acostumbrada a los caciques.

Más allá de la supuesta ‘frescura’, el exvicepresidente apoyó cada una de las decisiones del Gobierno. Así, se posicionó a favor de la quita de subsidios a los combustibles, en contra de las manifestaciones en el Paro de octubre de 2019, defendió los paquetes de leyes de carácter económico urgente, entre otras medidas que afectaban a la gran mayoría de ecuatorianos.

Si no es Otto, ¿quién será? El 16 de agosto, la encuestadora Cedatos tiró una pista. Publicó un sondeo de opinión donde ubicaba a Guillermo Lasso a la cabeza en la intención de voto, con un 17,5%, por encima de Sonnenholzner que sumaba el 16,8%.

¿Acaso la derecha ya acordó que Lasso sea, por tercera vez consecutiva, el candidato? Por el momento, no se sabe. El domingo se definirán las listas de precandidaturas, pero habrá que esperar a ver qué sucede hasta un día antes de las elecciones que se disputarán el 7 de febrero. En Ecuador, todo puede cambiar, incluso, un día antes de una eventual segunda vuelta.

Entró por la ventana

Otto nunca fue electo por voto popular. Su llegada a la presidencia, el 11 de diciembre de 2018, ocurrió gracias a la designación de Lenín Moreno y a la aprobación de la Asamblea Nacional. Entró a Carondelet gracias a los 94 votos que proporcionaron todas las fuerzas políticas, excepto la Revolución Ciudadana.

Sus detractores pertenecientes a la tendencia correísta aseguraron que fue la cuota política del Partido Social Cristiano. Y aunque sigue siendo una hipótesis, el primer encuentro con un líder local de tendencia liberal fue con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

Empresario con varias off shore

Cuatro días antes de asumir el cargo, Sonnenholzner había renunciado al directorio de la empresa Galley Enterprises y nombrado a testaferros, según el Observatorio de la Dolarización.  Se trata una sociedad ‘off shore’ constituida en el año 2002 y domiciliada en Panamá. Para defenderlo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que la empresa no registraba acciones, ni movimientos financieros, pero sí inmuebles. Lo cierto es que Otto figuraba en otras tres empresas disueltas e inactivas.

¿Qué más tenía o tiene? Otto ingresó a la política como administrador de cinco compañías y accionista en once, según consta en la Superintendencia de Compañías. Estos negocios están vinculados principalmente al sector inmobiliario, al comercio exterior, al comercio de autopartes y maquinaria y al turismo.

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La niña preferida es la empresa Eslive, que creció en utilidades de manera sideral. En ese rubro obtuvo USD 653 mil en 2016, y USD 1,1 millones en 2017. Además, sus empresas obtuvieron contratos con el Municipio de Quito y el de Guayaquil.

En la imagen inferior se puede observar cómo Eslive, a pesar de incrementar el monto de pago de impuesto a la renta, pagó mucho menos por el impuesto a la salida de divisas.

También se puede apreciar cómo en las declaraciones de impuestos de Otto Sonnenholzner, los valores se incrementan considerablemente a partir del año 2018. Sospechosamente, la primera declaración de impuesto a la renta de 2018 fue por menos de USD 50. Tras su designación como vicepresidente, corrigió la declaración para abonar USD 64.982.

¿Vinculado a Odebrecht?

Vladmau Construcciones S.A. es una de las empresas encargadas de realizar la reparación y el mantenimiento de la Refinería de Esmeralda. Se trata de una compañía radicada en la provincia verde y señalada por la Contraloría tras cometer ‘irregularidades’ en dos contratos por pagos injustificados; uno de ellos por USD 1,1 millones.

Vladimir Aníbal Sper Balanzátegui, pariente de la madre de Otto Sonneholzner Sper, es uno de los accionistas y administradores de Vladmau. Desde 2012 hasta febrero de 2019, la empresa recibió USD 27.2 millones de Petroecuador por 16 contratos.

En la investigación del caso Odebrecht, Vladimir Sper fue acusado como coautor de lavado de activos. La Fiscalía aseguró que el dinero transferido por la empresa Vladmau a Sper fue de USD 89.600 y que provenían de coimas de Odebrecht.

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Señalado en el reparto

El 1 de junio, dos ciudadanos israelíes fueron detenidos en Santa Elena portando credenciales falsas de la DEA. Shy Dahan y Sheinman Oren estarían involucrados en la presunta venta de insumos médicos a Jacobo Bucaram por un valor de USD 321.000.

Dahan declaró ante la Fiscalía que conocía a Sonnenholzner y a otros funcionarios de Gobierno porque eran vecinos en el edificio Yoo, ubicado en la exclusiva zona de la González Suárez, en Quito.

El 8 de agosto, Shy Dahan fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral. Recién un día después del asesinato, el exvicepresidente desmintió conocer a los ciudadanos israelíes y pidió que se investigaran los hechos.

Sheinman Oren resultó herido en el mismo episodio en el que mataron a Dahan. El 10 de agosto, su abogado defensor, Héctor Gabriel Vanegas, dijo que las credenciales de la DEA que portaban los ciudadanos israelíes al momento de su detención fueron entregadas por escoltas del exvicepresidente.

Bryan P. y Sofía C., habrían entregado las credenciales de la DEA y placas de vehículos diplomáticos. Además, la escolta vicepresidencial habría proporcionado seguridad para la entrega de insumos médicos a cambio de USD 7.000, según las versiones que reposan en la Fiscalía. El abogado de los acusados, dijo que Sonnenholzner tenía mucho más poder que sus clientes para hacer ese tipo de gestiones.

Sin Otto en carrera, es claro que la derecha buscará la candidatura de la unidad. Al desempleo, ahora se sumará la comitiva de fotógrafos que lo acompañaba a todas partes. (I)


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ESTRENO: La Dictadura Perfecta


Lenín Moreno destruye la seguridad social

La crisis económica golpeó al IESS. La falta de liquidez y las desafiliaciones masivas parecen ser la excusa perfecta para avanzar hacia su privatización. ¿Esta será la última obra del Presidente?

Ramiro Aguilar Torres
Abogado y político

Por Ramiro Aguilar Torres

En los últimos días, ha circulado la noticia de que casi trescientos mil ecuatorianos se han desafiliado de la Seguridad Social. La razón de la alta cifra es doble: por una parte, las personas que pasan al desempleo tanto en el sector público cuanto en el sector privado; y por otra parte, las pequeñas y medianas empresas que han cerrado como consecuencia de la crisis económica iniciada antes de la pandemia y agravada por ella.

 

Lo primero que debemos analizar es que el Seguro Social Obligatorio se financia, entre otros, con los siguientes recursos: la aportación individual -voluntaria u obligatoria- de los afiliados; y, la aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y públicos.

La economía es absolutamente sistémica, todo está vinculado con todo. La falta de inyección de recursos estatales al sector privado para paliar los efectos de seis meses de aislamiento y así proteger el empleo; al igual que la forma maquinal como se eliminaron entidades del sector público, trajo como efecto colateral la drástica disminución de los recursos con los que se financia la Seguridad Social y el deterioro de la cartera de créditos hipotecarios y quirografarios del BIESS.

Además, debemos considerar que, desde el gobierno anterior, la Seguridad Social fue la principal compradora de bonos del Estado -cuyo rendimiento ahora debe ser muy difícil cobrar-. De hecho, el mayor acreedor del Estado por concepto de deuda pública interna es el IESS. Por lo tanto, la iliquidez nace no solamente de las centenas de miles de desafiliaciones, sino del uso irresponsable de la Seguridad Social como compradora de bonos del Estado.

Un factor adicional que presiona sobre la liquidez de la Seguridad Social son los retiros de cesantías y la consiguiente presión sobre el seguro de desempleo. El pago de montepío y mortuorias, incrementado por los fallecimientos por causa del Covid, y la parte proporcional del salario que, en caso de enfermedad, debe cubrir el IESS a los afiliados que dejan de trabajar por el contagio.

Los grandes sectores financieros sueñan con la posibilidad de que se privatice la Seguridad Social. Anhelan adquirirla a precio de ganga y luego someter a los afiliados a prestaciones limitadas. Ansían recibir, mes a mes, los aportes en efectivo de los afiliados para especular con ese capital y acrecentar fortunas personales. Cuanto más se deteriore la Seguridad Social, será más fácil convencer a los afiliados de que la administración del Estado es ineficaz y de que si se privatiza, será mejor.

Llegados a este punto, no sé si el deterioro de la Seguridad Social en el gobierno absolutamente incompetente y corrupto de Lenin Moreno sea algo planeado para lesionarla de tal manera a esta entidad, que sea casi inevitable privatizarla; o dejarla tan mal que la ciudadanía apruebe un sistema de Seguridad Social paralela y privada.

Del gobierno de Lenin Moreno, así como de sus patrones banqueros, se puede esperar cualquier felonía. No se trata de teorías conspirativas, se trata de la evidente voluntad del gobierno de destrozar la Seguridad Social.

A Moreno le restan todavía nueve meses de mandato, su capacidad destructiva en este lapso seguirá operativa al cien por ciento. Antes de hablar de los grandes retos que tendrá el nuevo presidente de la República, entre ellos la reconstrucción de la Seguridad Social; y la creación de empleo para poder financiarla, hay que alertar a los afiliados sobre la demolición del IESS a cargo del gobierno.

Twitter: @ramiloaguilart / Facebook: Ramiro Aguilar Torres

Las decisiones de la Corte Constitucional están en la mira

ANÁLISIS | 19/08/2020

La ciudadanía ha puesto a prueba a la Corte Constitucional. Piden que los jueces exijan a los poderes públicos respetar la Constitución en el contexto de la crisis sanitaria y económica. En algunos casos, los jueces han actuado con celeridad ordenando suspensión de los actos; en otros, su tramitación es lenta e indiferente a la vulneración de derechos.

Según el artículo 439 de la Constitución, “cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente” puede presentar acciones constitucionales. En 2020, organizaciones sociales, personas naturales y la Defensoría del Pueblo han presentado demandas de ‘acciones de inconstitucionalidad’ esperando que la Corte declare la responsabilidad de las autoridades del Estado por la vulneración de derechos y ordene su reparación. 

Derechos laborales, tutela judicial efectiva y derecho a la protesta

Las autoridades del Estado restringieron derechos. Para justificarse, argumentaron que es una medida ‘necesaria’ para enfrentar la crisis sanitaria.

Medida gubernamental  Nro. de demandasFecha demanda 1°Último acto procesal
COVID 19 como enfermedad profesional2  04-05-2020Admisión a trámite
Prohibición de tramitar garantías jurisdiccionales417-04-2020Admisión a trámite
Reglamento de las Fuerzas Armadas para el Uso Progresivo y de la Fuerza403-06-2020Audiencia pública
Ley de Apoyo Humanitario2725-06-2020Admisión a trámite
Ángel González

El 29 de abril, el Ministerio del Trabajo estableció que el Covid-19 sería enfermedad profesional solamente cuando se demostrara de forma científica “un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador”. Sin embargo, los trabajadores argumentan ser discriminados al ser obligados a seguir un trámite administrativo para demostrar el vínculo del contagio. Además, afirman que se vulneran las normas internacionales dictadas por la Organización Internacional del Trabajo. En las demandas se propusieron medidas cautelares que no fueron concedidas.

Entre las directrices para regular el acceso a la justicia durante la pandemia, el Consejo de la Judicatura prohibió que los jueces tramiten garantías jurisdiccionales, a excepción del hábeas corpus. Se pidieron medidas cautelares que no fueron otorgadas porque se había modificado el acto administrativo, aun así, el acto significó la vulneración de la tutela judicial efectiva. 

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El 26 de mayo, mediante acuerdo ministerial, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, emitió el Reglamento sobre el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza. Los cuatro procesos instaurados alegan la afectación del derecho a la protesta al permitir que los militares salgan a la calle y usen armas de fuego letales para controlar disturbios. Reclaman por la vulneración de las garantías de no repetición que fueron dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Zambrano Vélez vs Ecuador. La Corte concedió medidas cautelares y suspendió la aplicación del reglamento.

En esa misma línea, el 22 de junio, se promulgó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario como medida económica urgente que restringe los derechos laborales. Trabajadores y empresarios han presentado demandas. Los primeros afirman que las disposiciones afectan las garantías del derecho al trabajo: irrenunciabilidad, intangibilidad, no regresividad, entre otros. Por su parte, los empresarios argumentan que la disposición interpretativa del artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo afecta la seguridad jurídica por ser retroactiva: alegan no estar posibilitados de cancelar las indemnizaciones realizadas bajo la causal de caso fortuito y fuerza mayor. Se pidieron medidas cautelares que no fueron concedidas.

El Ministerio de Trabajo emitió reglamentaciones para la aplicación de la Ley Humanitaria. El 15 de julio, se emitió el Acuerdo Ministerial que regula la forma de aplicación de la reducción emergente de la jornada de trabajo. El 31 de julio, se demandó la inconstitucionalidad por afectar los derechos de los trabajadores.

Ajuste fiscal y austeridad económica

Desde el Ejecutivo se han propuesto políticas económicas y fiscales que tienden a reducir el tamaño del Estado, suspender y eliminar servicios públicos.

MedidaNro. demandasFecha demanda 1°Ultimo acto procesal
Disminución de la jornada hasta 30 horas semanales.726-05-2020Admisión a trámite
Extinción de empresas públicas.402-06-2020Admisión a trámite
Eliminación del bachillerato internacional127-05-2020Audiencia pública
Directrices presupuestarias del Ministro de Finanzas227-04-2020Admisión a trámite
Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas130-07-2020Sorteo
Ángel González

El 19 de mayo, el Ejecutivo ordenó la reducción de la jornada laboral del sector público hasta 30 horas mensuales. Los accionantes, además de alegar la vulneración de derechos laborales, afirman que se vulnera el trámite de creación normativa porque un decreto no puede reformar la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Aunque se pidieron medidas cautelares, estas no fueron otorgadas por la Corte.

También el 19 de mayo, como parte de la política de ajuste fiscal, se declaró la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador, Siembra EP, entre otras, así como la fusión de otras instituciones vinculadas con sectores estratégicos. Los accionantes alegan la vulneración de los derechos laborales y el deber del Estado de brindar servicios básicos. En el caso de Correos del Ecuador, el reclamo se enfoca en la afectación a la historia cultural del país, por tratarse de una empresa con más de 189 años de vida institucional. En el caso de Yachay EP, se alega la vulneración del derecho a la educación. En todos los casos, se solicitaron medidas cautelares que tampoco fueron aceptadas por la Corte.

La política educativa también fue afectada el 4 de marzo cuando el Ministerio de Educación decidió eliminar el bachillerato internacional. Es ese caso, los accionantes alegan el derecho a la educación, la permanencia y movilidad de los estudiantes que obstruye su proyecto de vida. Aquí sí la Corte Constitucional otorgó medidas cautelares y suspendió su eliminación.

El 16 de abril, el Ministerio de Finanzas emitió directrices presupuestarias para los órganos del sector público bajo el fundamento del ajuste fiscal y la austeridad. Los accionantes alegan que se vulnera la autonomía financiera de los GADs y el IESS, así como el principio de separación de poderes del Estado. En este sentido, aseguran que la medida no ayuda a paliar la crisis, sino que la agrava por la falta de financiación de los servicios públicos y el desempleo.

La política fiscal finalmente se refleja en la promulgación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, el 24 de julio de este año. Los accionantes alegan que el contenido de la ley modifica la estructura del Estado al afectar la autonomía financiera de las instituciones. Desconoce y desregula las reglas fiscales fijadas en la Constitución, que garantizan la progresividad de los derechos. En definitiva, alegan que constituye una política neoliberal que implica el cumplimiento de las directrices del Fondo Monetario Internacional a costa de la afectación a los derechos.

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¿Cómo decidirá la Corte?

Según el artículo 429 de la Constitución, la Corte Constitucional “es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia”. Esto significa que las decisiones que tome serán inapelables y definitivas.

En ninguna de las causas reseñadas se ha pronunciado sentencia de forma definitiva. Por eso, la ciudadanía debe estar vigilante para que sus decisiones se inclinen hacia la protección de los derechos y la garantía del Estado constitucional. Caso contrario, existe la posibilidad de que los jueces se conviertan en legitimadores de las vulneraciones de derechos. (I)


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