Operativo Correa: el candidato prohibido

Especial | Ecuador en Coma | 10/09/2020

En la tercera entrega de esta investigación, detallamos la instrumentalización de las instituciones del Estado con fines de persecución política. El pacto entre Moreno, Nebot y Lasso ha proscrito la participación de Rafael Correa en la contienda electoral. ¿Cómo se construyó la maquinaria de persecución?

Por Ángel González

En el año 2017 el ‘Gobierno de Todos’ emprendió una estrategia para capturar la justicia y hacerse de la función de transparencia y control social, iniciativa que ha puesto en coma al estado constitucional de derecho. Ese proceso impulsado por la violencia política nos deja como resultado: crisis de representación, falta de probidad y legitimidad de las instituciones públicas, un conflicto de intereses que ubica en primer plano las exigencias del neoliberalismo y el uso del derecho para la eliminar al adversario político.

El Trujillato y el reparto del Estado

La idea de ‘descorreizar’ al país buscaba apoderarse de las instituciones del Estado. Por ello, las élites políticas y económicas desplazadas y afectadas durante el gobierno de Correa vieron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el medio para tomar las riendas de las instituciones del control político. En otras palabras, su interés se centró en la Procuraduría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, las Defensorías, las Superintendencias y la Corte Constitucional.

Para 2018, en contubernio con las élites económicas aliadas al Fondo Monetario Internacional (FMI), Lenín Moreno propuso una consulta popular que planteó, entre otros, dos temas centrales: la eliminación de la reelección indefinida y la declaración de la terminación anticipada de funciones del Cpccs con la posibilidad de conformar uno nuevo para evaluar, destituir y designar nuevas autoridades. El proceso de consulta incumplió con el artículo 104 de la Constitución que exige un dictamen previo de constitucionalidad de las preguntas. En su lugar, Moreno alegó que ante la falta de pronunciamiento se entendía que se había dado un dictamen favorable.

Con el apoyo de los medios de comunicación, propiedad de grupos económicos afectados por el correísmo, se generó un discurso público alrededor de los sobreprecios y la corrupción para demonizar a esta tendencia. Luego de ganar el SÍ, Lenín Moreno envío ternas a la Asamblea para la designación de los nuevos consejeros: todos ellos caracterizados por ser anticorreístas y estar vinculados a las elites económicas con ansias de sacar rentas del Estado.

Julio César Trujillo, fue elegido por Moreno para purgar a las instituciones públicas y eliminar los rastros de correísmo. Durante sus funciones se declaró vacancia constitucional y se ejerció poderes extraordinarios para destituir a las autoridades judiciales y de control social, alegando que eran amigos de Correa o que habían ocupado altas funciones durante su mandato. De esta manera, los procesos de evaluación carecían de objetividad e imparcialidad.

Fuente: Israel Patricio Celi, Del correísmo al anti-correísmo. Constitucionalismo autoritario, radicalismo y cambio político en Ecuador.

El Consejo Transitorio se encargó de blindar sus decisiones de tal forma que no pudieran ser revisadas en el futuro. La nueva Corte Constitucional puso un candado para que, de haber inconstitucionalidades, no se las pudiera revisar. Bajo ese argumento, la mayoría de autoridades del nuevo CPCCS, elegido por votación popular, fue destituida por la Asamblea Nacional.

En ese contexto y alegando poderes extraordinarios, el Consejo Transitorio se encargó de la desinstitucionalización del Estado, poniendo en riesgo los derechos y la propia democracia.

CNE y proscripción política

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fue la primera institución en ser intervenida. Luego de una conformación transitoria, elegida discrecionalmente por el CPCCS Transitorio, se conformó el CNE definitivo, que culminará el período en 2024. Este reclutó a proclamados anticorreístas que establecieron medidas conducentes a la proscripción política.

Sus miembros han reflejado una profunda división interna. Por un lado, los representantes de la sociedad civil pretenden garantizar las reglas del juego democrático. Pero, por otro, los miembros de tiendas políticas usan al CNE como plataforma de lucha.

Vocales como Luis Verdesoto y Enrique Pita han hecho malabares para que el CNE tome una decisión de mayoría y determine irregularidades en los aportes de Alianza País durante el gobierno correísta, argumentos que no han sido aceptados por los demás vocales, por falta de evidencias. Incluso, se planteó un juicio político a la Presidenta que no prosperó por acuerdos políticos en el legislativo.

Si se analiza con detenimiento la conformación del Consejo y sus vocales, se revela lo siguiente: la presidenta Diana Atamaint, representante de la Conaie, vicepresidente, Enrique Pita; adherido al Movimiento Creo, José Cabrera Zurita; militante del Partido Social Cristiano, Esthela Acero; afiliada al Movimiento Alianza PAIS y Luis Verdesoto; férreo opositor al Mandato 14 que posibilitó la reforma universitaria en 2013.

Un año antes de las elecciones, la Asamblea Nacional ya había realizado profundas reformas al Código de la Democracia, sustituyendo el método D’Hont por el cálculo de Webster. Pero, faltaba más. Durante los últimos meses, el CNE promulgó reglamentos que establecen mecanismos, límites y requisitos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos.

El punto más relevante fue cómo respondió el CNE a la candidatura de Rafael Correa. Las presiones políticas del Contralor Subrogante, Pablo Celi, lograron suspender al movimiento Fuerza Compromiso Social, en medio de un proceso de definición de democracia interna. En lugar de defender la separación de funciones del Estado, el CNE cedió a las presiones políticas, en un contexto donde la Contraloría y Asamblea Nacional amenazaban con destituir a tres de los consejeros. 

Al promulgar el Reglamento de Democracia Interna, el CNE aprobó el uso de medios telemáticos para determinados actos, pero impusieron que el evento de la aceptación fuera “expreso, indelegable y personalísimo”. Lo cierto es que en el reglamento no existe el significado jurídico de esos términos, por lo que el Consejo debía hacer una interpretación del reglamento teniendo en cuenta los principios del derecho constitucional: aplicación más favorable a la vigencia de los derechos considerando las circunstancias.

Cuando Rafael Correa anunció que sería candidato al cargo de Vicepresidente y pretendió inscribirse por medios telemáticos, la institución -con evidente parcialidad- se negó a atender el acto. De acuerdo al derecho constitucional de petición, el CNE debía atender el acto y luego pronunciarse de forma motivada sobre la calificación o no del candidato. Nunca lo hizo.

Las glosas del Contralor Subrogante

Pablo Celi fungía como Subcontralor del Estado hasta que el 25 de mayo de 2017 fue destituido mediante una acción de personal firmada por el Contralor Carlos Pólit. Este documento había sido firmado un día antes del viaje de Pólit a Estados Unidos.

Pablo Celi rompe el documento de su destitución.

El 7 de junio de 2017, alegando la ausencia de Carlos Pólit, Celi se autoproclamó Contralor Subrogante; en consecuencia, sus actos carecen de validez por falta de legitimidad en el cargo. Además, su renuncia al anterior puesto no había sido tramitada por los órganos nominadores y su destitución recién se produjo en julio de 2017. La posesión en el cargo tampoco se dio en la Asamblea Nacional, como lo manda el artículo 120 de la Constitución. El 8 de mayo de 2019, el Consejo Transitorio resolvió que Pablo Celi debía continuar en el cargo hasta la terminación del período por el cual fue elegido su titular.

Pablo Celi ha sido clave en el proceso de persecución y proscripción política del correísmo. Por un lado, no existen investigaciones o explicaciones respecto a su firma en los informes de Odebrecht, presencia de familiares en procesos penales por lavado de activos en EE.UU. (su sobrino Raúl de la Torre), firmas de contratos de publicidad con Daniel Salcedo, el perdón de glosas millonarias a grandes empresas como Claro.

Por otro lado, mediante un uso abusivo y extralimitado del recurso de predeterminación o glosa, el Contralor Subrogante ha revisado los actos de las autoridades correístas obligando a un ejército de auditores a confirmar “a como diera lugar” las responsabilidad por perjuicio al Estado. Algunos de esos informes han servido como insumo para iniciar procesos penales -especialmente de sobreprecios-, pero que en su mayoría no prosperan por falta de fundamento jurídico.

Incluso, Celi es acusado por usurpación de funciones al intentar destituir a tres miembros del Consejo Nacional Electoral que no aceptaron, en un inicio, proscribir a varios partidos políticos, entre ellos Fuerza Compromiso Social, que cobijaba a los candidatos correístas.

Golpe a la Justicia

Luego de un proceso de evaluación y basándose en fundamentos subjetivos, el CPCCS Transitorio destituyó al Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Gustavo Jalkh. Entonces, se designó a un Consejo de la Judicatura Transitorio integrado por  Marcelo Merlo, contralor en el gobierno de León Febres Cordero; Zobeida Aragundi, integrante de la Comisión Anticorrupción; Aquiles Rigail Santistevan, ministro de Trabajo de Jaime Roldos; Ángelica Porras y Juan Pablo Albán, por la minoría independiente.

Si bien Porras y Albán eran independientes, todos los integrantes eran abiertamente críticos al régimen correísta. Ellos propusieron un mecanismo integral de evaluación que conduzca hacia una verdadera independencia judicial, del cual era parte la instalación de la Mesa de la Verdad.

No existieron resultados contundentes porque en septiembre de 2018 se presentó una fractura en el Consejo ante la denuncia por irregularidades (tráfico de influencias) cometidas por el nuevo director del CJ, Juan Vizueta Ronquillo, como la presión a los jueces y fiscales en determinados casos. Vizueta fue abogado de los opositores al expresidente Correa: Galo Lara, el capitán Edwin Ortega y Mery Zamora (MPD-UNE).

El 23 de enero de 2019, se eligió al Consejo de la Judicatura definitivo, que quedó conformado por los vocales principales: María del Carmen Maldonado, Patricia Esquetini, Fausto Murillo, Ruth  Barreno y Juan José Morillo. Esto sucedió luego de que el CPCCS Transitorio rechazara los procesos de impugnación por conflictos de intereses.

La principal tarea encomendada por Trujillo fue la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En ese marco, fueron destituidos 23 magistrados, entre jueces y conjueces, y fueron reemplazados por jueces temporales elegidos de entre una lista realizada por la Judicatura, al no existir lista de candidatos, hasta la formación del concurso definitivo.

Para diciembre de 2019, a nivel nacional 76 funcionarios judiciales habían sido destituidos bajo la figura de manifiesta negligencia y error inexcusable. Todos ellos en contextos en los que se pretendía modificar el sistema institucional montado por el Consejo Transitorio.

Por ejemplo, removieron al juez Manuel Ruiz, que aceptó la acción de protección de Rosa Chalá, miembro del CPCCS, que había sido destituida por la Asamblea Nacional. Los jueces de la Corte Nacional Édgar Flores y Luis Enríquez, fueron destituidos por la revocatoria de prisión preventiva para Alexis Mera en el contexto del caso Sobornos.

Por ejemplo, en el caso Sobornos, se puede mirar la influencia de jueces temporales en el juzgamiento en todas las instancias.

La fiscal 10/20

En 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de la realizar la investigación penal y procesal de delitos -ya sea de oficio o a petición de parte-, llegó a tener hasta cuatro fiscales. Luego de la destitución por juicio político de Carlos Baca Mancheno, se nombraron fiscales temporales hasta el nombramiento definitivo de Diana Salazar.

La inestabilidad en ese año debe entenderse en el contexto de presiones políticas encaminadas a llevar a cabo investigaciones penales contra autoridades correístas, sobre la base de informes de la Contraloría o de noticia criminis anónimas, publicadas por periodistas financiados por grupos económicos.

El fiscal encargado Paúl Pérez Reina impulsó la mayoría de procesos que involucran a correístas. El ‘Caso Balda’ es uno de los casos en los que frente al problema jurídico sobre si se necesita aprobación de la Asamblea para juzgar a un expresidente, se resolvió declarar improcedente sin ninguna motivación. Sin embargo, cuando el  exagente de inteligencia Raúl Chicaiza denunció la presión política para involucrar al exmandatario, sus declaraciones no recibieron la atención de la Fiscalía ni de los medios de comunicación.

En 2019, el proceso de designación del Fiscal General estuvo plagado de irregularidades denunciadas por los concursantes. Diana Salazar fue elegida subjetivamente por el Consejo Transitorio, con el encargo de llevar ‘a como dé lugar’ los procesos penales contra el correísmo. Esto a pesar de que en el examen escrito obtuvo una nota de 10/20 y en la entrevista oral, una evaluación perfecta de 30/30.

Entrevista oral de Diana Salazar en la que obtuvo 30/30.

Desde entonces, los procedimientos de la Fiscalía bailan al son que les toque. Por ejemplo, en el procedimiento de investigación contra María Paula Romo por el reparto de hospitales, por la filtración de conversaciones con Daniel Salcedo, se pronunció públicamente aceptando la invalidación de la prueba debido a la ruptura de la cadena de custodia. Lo cierto es que sus actuaciones han sido seriamente criticadas por juristas independientes, que ven en Fiscalía General un riesgo punitivo, por la vulneración de principios procesales básicos y necesarios dentro de una sociedad democrática.

Caso Sobornos: el influjo psíquico de Correa

El 7 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de casación en el conocido ‘Caso Sobornos 2012-2016’ y condenó por el delito de cohecho a exfuncionarios correístas y empresarios. Este fallo debe entenderse en el entramado de instrumentalización de las instituciones estatales.

En primer lugar, la selectividad en la sustanciación obedeció a la necesidad de proscribir políticamente a Rafael Correa, como candidato en las elecciones de 2021. Todo el proceso penal, incluyendo los recursos de apelación y casación, tuvo una duración de un año y cuatro meses. Existió preferencia por este caso, dejando de lado otros casos cuyos tiempos oscilan entre 10 y 15 años para resolución.

A ello se sumaron vulneraciones del derecho al debido proceso. La negativa de recibir prueba nueva que permitiera llevar a los jueces -más allá de toda duda razonable- al convencimiento sobre la responsabilidad; la afectación al principio de congruencia, que implica la coherencia entre la acusación fiscal y la decisión de los jueces; y la aceptación del ‘influjo psíquico’ como elemento de culpabilidad en la determinación de la responsabilidad penal.

Esto implicó el uso arbitrario y discrecional del derecho penal para proscribir al adversario político. Con la sentencia definitiva, dentro del país quedan dos vías. La primera es la constitucional mediante una acción extraordinaria de protección que no suspende la pena, pero sí puede declarar la nulidad del proceso. Cabe aclarar que la Corte Constitucional tiene un aproximado de 10.000 causas represadas y, considerando el orden cronológico, la acción sería resuelta en algunos años.

Por otra parte, aparece la alternativa del recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia, que se puede plantear cuando se haya conformado de forma definitiva sin jueces temporales que afecten la imparcialidad e independencia judicial.

Finalmente, quedan las instancias internacionales en el sistema interamericano donde también las causas se resuelven en muchos años. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se han pronunciado en otros casos declarando la responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos en contextos de destitución arbitraria de autoridades (Quintana Coello y otros vs. Ecuador), así como las vulneraciones del debido proceso.

El tiempo será la clave para develar todas las artimañas que se escondieron detrás de la proscripción de Correa. A Ecuador le costará muy caro el haber puesto a todo el Estado al servicio de los caprichos del poder político y económico; el mismo que nos gobierna. (I)


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