El recorte como política de Estado

Especial | Ecuador en Coma | 07/09/2020

En la segunda entrega de esta investigación mostramos cuáles fueron las medidas que profundizaron la crisis económica. La deuda externa crece, el PIB se desploma. El desempleo como señal de ajuste perfila a la banca y a los grandes empresarios como los únicos ganadores.

Por Doris Muñoz

El Banco Central del Ecuador anunció que en 2020 la economía ecuatoriana caerá entre 7,3% y 9,6%. El desplome del Producto Interno Bruto (PIB) se vería afectado no solo por la caída del precio del petróleo, sino por el ajuste del 5,6% a la inversión pública. Un Gobierno sin obras que deja como huella la reducción del Estado, el despido intempestivo de miles de trabajadores, el recorte de los salarios y sueldos represados hasta por cuatro meses.

Desempleo y salarios a la baja

La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario garantizó a las empresas la reducción de sueldos en el sector privado. De esta manera, los salarios se redujeron hasta un 45% permitiendo que las empresas contraten a sus trabajadores hasta por USD 220 mensuales.

Por su parte, el presidente Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 1053 que oficializó la reducción de la jornada laboral en el sector público. Hasta junio de 2020, el Gobierno recortará los salarios de profesores en un 8,3% y los servidores públicos en general cobrarán 16,6% menos debido a la quita de una a dos horas diarias de trabajo, respectivamente. Las  fuerzas de seguridad y el personal de salud fueron los únicos exceptuados.

El entonces ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, justificó la disposición aduciendo que el Ejecutivo buscaba  preservar la salud de los funcionarios en el contexto de la pandemia.

El panorama es desolador, entre enero y julio el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) registró 304.042 desafiliaciones. El 82,6% corresponde a trabajadores del sector privado, 10,3% a afiliados voluntarios y 6,9% a empleados públicos.

En 2020, los más golpeados por el desempleo fueron los jóvenes de 21 a 30 años, que corresponden al 47% de desafiliados. Le siguen los adultos de 31 a 40 años que representaron el 30% de desvinculaciones.

El actual ministro de Trabajo, Andrés Isch, confirmó que durante la pandemia no se salvaron ni las personas con discapacidad. En este grupo de atención prioritaria, se registraron 2.611 desvinculaciones.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en Ecuador hay 1’009.582 ciudadanos sin trabajo. El porcentaje de desempleo registrado en diciembre de 2019 fue de 3,8% y en junio de 2020 escaló al 13,3%. Los expertos indicaron que es la cifra más alta desde 2007. En el primer semestre, 698.449 personas fueron desvinculadas de empleos registrados e informales.

Por estos días, el empleo inadecuado alcanzó el 67,4%. En tanto, el INEC asegura que el 84,5% de las personas que están sin trabajo perdieron la esperanza de ser contratadas.

A la tragedia de no llevar el pan al hogar se suma la política de flexibilización impuesta por el modelo neoliberal. En este esquema, los acuerdos ministeriales de la cartera de Trabajo pasan por encima de la Constitución y de las leyes para avalar la explotación laboral. Ahora se aplican contratos ‘emergentes’ y ‘por obra’ que se adaptan al ‘giro de negocio’ impuestos con la excusa de la pandemia.

Para colmo, la cartera de Trabajo se desligó de su función y ahora, dicen, actúa como mediador y ya no como sancionador administrativo. Por ello, el ministro Isch confirmó que hay alrededor de 10 mil denuncias represadas en las que los trabajadores denuncian los abusos de los empleadores. Entre los reclamos más frecuentes, aparecen liquidaciones e indemnizaciones mal calculadas y demoras para cobrarlas.

Amigos de la Banca

La asfixia de lo público contrasta con el esplendor que vive la banca ecuatoriana, que declaró a la Superintendencia de Bancos ganancias brutas por USD 597 millones en 2017; USD 896 millones en 2018; y USD 942 millones en 2019. Con estas cifras es evidente que los bancos privados fueron de los pocos que no tuvieron pérdidas en el contexto de crisis económica y probablemente no las tengan por la pandemia.

En el otro extremo se posicionan las miles de familias que decidieron agruparse en la Unión de Afectados por la Banca. Desde esa trinchera, Ana Isabel Díaz, vocera de la entidad, denuncia que es la Banca quien verdaderamente gobierna en el país. El desempleo, la reducción de sueldos y la crisis económica perjudicaron el pago de letras de crédito y el incumplimiento en los plazos de pago generó que los intereses de las deudas se multipliquen, acrecentando aún más las ganancias de las entidades financieras.

Siguiendo al FMI

A fines de agosto, Lenín Moreno anunció que Ecuador llegó a un acuerdo con el FMI para acceder entre 2020 y 2022 a USD 6.500 millones que, según dice, serán destinados a protección social y reactivación económica. Sin embargo, la carta de intención exigiría al país seguir recortando el ‘gasto público’, lo que se traduce en menos presupuesto para salud y educación y más despidos en el sector público.

Además, el Fondo demanda una reforma tributaria que incluiría el aumento del IVA en bienes y alimentos y la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas, que afectaría no solo a la economía, sino también a la dolarización. El Banco Central es otro botín de guerra, el FMI pide que tenga autonomía del Estado y mayor dependencia del sector financiero privado.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que Ecuador será uno de los países donde más crecerá la brecha entre ricos y pobres (6%). Según las proyecciones, este año la indigencia cerrará en 12,7% y la pobreza trepará al 32,7%. Una sociedad cada vez más empobrecida necesitará mayor presencia y asistencia del Estado, pero este no responder a las demandas si tiene menos recursos.

Los recortes en salud y educación fueron la clave para solicitar el juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. La Constitución, aun en estado de excepción, prohíbe al Ejecutivo tocar esos recursos. Nada los frena a pesar de las protestas en todo el país y de las demandas de inconstitucionalidad que no prosperan en la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional tampoco se animó a destituir al funcionario.

26/05/20 Una masiva protesta de estudiantes en Cuenca terminó con represión y la detención Matías Kamachi.

Resulta llamativo que la Corte Constitucional no se haya pronunciado sobre la inconstitucionalidad del recorte y que dicte fallos exprés cuando los afectados pertenecen a los grandes grupos económicos.

Balas de plomo

La resistencia del pueblo al ajuste se combatirá con represión. A fines de mayo, el Ministerio de Defensa publicó el Acuerdo Ministerial 179 que expide el “Reglamento de Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de la Fuerzas Armadas”. Según el ministro Oswaldo Jarrín, el objetivo es ‘guiar’ a los uniformados. ¿Será para disparar a los ojos?

Increíblemente, la Corte Constitucional tampoco se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos. Este reglamento autoriza el uso de armas letales (de fuego) para  neutralizar o reducir el nivel de amenaza o resistencia en contextos de manifestaciones y protestas que se den durante un estado de excepción.

Cabe recordar que en octubre de 2019 hubo once muertos en el contexto de la represión ordenada por el Gobierno. Pero, según la ministra María Paula Romo, los muertos “se cayeron”, “se golpearon” o “fueron atropellados”, desligando de cualquier responsabilidad penal al Estado.

Sin credibilidad

A Lenín Moreno le queda un 8% de credibilidad, según la última encuesta publicada por Cedatos. Todavía tiene nueve meses en la Presidencia para avanzar con su poder destructivo sobre las estructuras que sostienen al Estado.

La ciudadanía todavía se pregunta dónde están las 325 mil viviendas del Plan Casa para Todos. ¿Cómo, en vez de generar 250 mil empleos, acabó con casi 300 mil desempleados? ¿Dónde están las 40 universidades técnicas? ¿Qué pasó con la cirugía mayor a la corrupción?


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