Moreno escondió más de 20 mil muertos bajo la alfombra

Especial | Ecuador en Coma | 03/09/2020

En la primera entrega de esta investigación demostramos que el Gobierno manipuló las cifras de fallecidos y contagiados de Covid-19. Recortes en Salud, reparto de hospitales, médicos impagos y un Ministerio que mintió sobre la curva epidemiológica para reactivar la economía.

Por Doris Muñoz

La manipulación de cifras sobre los fallecidos por Covid-19 deja dos conclusiones. La primera, es que el Gobierno no supo manejar la pandemia y prefirió ocultar el número de contagios y fallecidos agravando las consecuencias. La segunda, que el desmantelamiento del Estado, el desfinanciamiento de la salud pública y el reparto de los hospitales causaron muertes que pudieron evitarse.

El primer caso de coronavirus en Ecuador se confirmó el 29 de febrero. Dos semanas después, Moreno decretó la emergencia sanitaria y activó al COE Nacional. Sin embargo, cuando la ciudadanía esperaba acciones concretas que mitigaran los efectos de la pandemia, Lenín Moreno optó por la desidia.

La deuda antes que la vida

A contramano de la realidad, el Gobierno decidió recortar USD 212 millones del presupuesto de salud entre marzo y junio de 2020, según consta en información publicada por la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

El ajuste tenía un porqué. Mientras a fines de marzo el sistema sanitario de la provincia del Guayas colapsaba, Ecuador pagó USD 791,2 millones en concepto de servicio de deuda externa pública, por orden de Richard Martínez. El pago a los acreedores se conoció en el informe 180 de Gestión de Liquidez del Sistema Financiero de marzo de 2020, publicado por el Banco Central.

Esto contradice al propio Martínez que informó el pago de USD 324 millones a los acreedores, con el objetivo de obtener USD 2.000 millones de organismos multilaterales de crédito, siguiendo el consejo y las promesas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Escondiendo muertos

Con un sistema de salud desfinanciado, tanto el personal sanitario como los pacientes fueron abandonados a su suerte. La curva de contagios se disparó sin control epidemiológico porque el Ministerio de Salud Pública (MSP) no supo ni pudo responder a la demanda de pruebas de Covid-19, por lo que muchos contagiados y fallecidos jamás se registraron oficialmente.

La primera mentira surgió alrededor de las pruebas PCR. La entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, aseguró que el 23 de marzo llegarían al país 2 millones de pruebas para detectar Covid-19. Todo fue una farsa. Hoy, 3 de septiembre, se sabe que solo se tomaron 340.207 muestras (PCR y pruebas rápidas) y que algunos municipios como Quito, Guayaquil y Cuenca destinaron recursos para adquirir dichas pruebas.

No conforme con la excusa de registros duplicados, el Gobierno hizo varios ‘ajustes’ a la base de datos de infectados y así logró eliminar a 2.461 personas. Pero eso no fue lo más grave, sino la capacidad que tuvo el MSP para minimizar las muertes. Incluso, con el fin de mantener reservada la información y frente a la insistencia de periodistas, la Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud expulsó a más de 160 periodistas del chat oficial de comunicación de dicha entidad y obligó a los reporteros a realizar los pedidos de información mediante correo electrónico. Así, se cuidan las espaldas mientras eliminan los rastros.

Desde que comenzó la emergencia sanitaria, existen inconsistencias entre los datos epidemiológicos de la cartera de Salud y el número de actas de defunción que emitió el Registro Civil. Si bien en 2021 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicará el Boletín de Mortalidad 2020, quedan dudas sobre la exactitud de la información que se hará con los registros del MSP.

Desde el 12 de marzo hasta el 28 de agosto Ecuador reportó 31.295 muertes ‘en exceso’ si se comparan con los fallecimientos en igual período de 2019. El número de decesos por diferentes causas registró un aumento del 89,8% en poco más de cinco meses.

Eso explica, en parte, lo que sucedió en la provincia del Guayas durante abril con el colapso del sistema funerario. Una realidad que dejó miles de víctimas en hospitales, casas y hasta en las calles. En el año 2019, 13.248 personas fallecieron en Guayaquil; en lo que va del 2020, Guayaquil ya registra el doble de muertes: 22.731.

Una investigación comparativa publicada a fines de junio por el diario británico Financial Times aseguró que Ecuador ostentaba la segunda tasa más alta de mortalidad por coronavirus a nivel mundial, solo superada por Perú. Nuestro país tenía 122% más de muertes que el promedio histórico; Perú, el 141%. En cambio, al comparar el incremento de las muertes en Guayas (276%) y Lima (289%) se puede ver los estragos que dejó la pandemia en ambas ciudades.

Por su parte, el Centro MRC del Imperial College London indicó que en Ecuador la tasa de contagio en junio ascendía al 1,46, el doble de lo estimado por el Ministerio de Salud (0,76). Es decir, que diez personas contagiaban a catorce más con Covid-19. Más datos científicos que desmienten el discurso oficial.

Las cifras oficiales del ministro Juan Carlos Zevallos son poco creíbles. Para la entidad, la provincia de Santa Elena lidera la tasa de mortalidad por Covid-19 cada 100 mil habitantes con 82 fallecidos. La siguen Manabí y Santo Domingo en segundo y tercer lugar con 49; El Oro con 45 y Chimborazo con 32. Recién en sexto lugar aparece Guayas con 38 fallecidos, mientras que Ecuador, a nivel general, registra 32 muertes por Covid cada 100 mil habitantes.

Según los datos de Registro Civil, solo en abril, la provincia de Santa Elena tuvo 243 muertes en exceso cada 100 mil habitantes (+667%) y Guayas, 240 (+589%). En el siguiente gráfico comparativo se puede apreciar el orden asignado por el MSP en comparación con el número de actas de defunción del Registro Civil. Algo no cuadra.

Por si quedaba alguna duda, en el siguiente gráfico de barras se observan las muertes con diagnóstico de Covid-19 por provincia. Según el Gobierno, desde que comenzó la pandemia, Guayas registró apenas 1.684 fallecidos. Hoy, el Gobierno contabilizó 6.648 fallecidos con diagnóstico positivo y 3.751 fallecidos ‘probables’, sumando en total 10.399 a nivel nacional.

En concreto, hasta agosto, la diferencia entre las ‘muertes en exceso’ (31.295) y las muertes por Covid-19 (confirmadas y probables) sería de por lo menos 20.896. Moreno y Zevallos apenas reconocen que la pandemia fue la responsable de un tercio de esas muertes y para los dos tercios aún no encuentran explicación.

El MSP asegura que Quito registra 22.158 casos positivos de Covid-19,  9.268 infectados más que Guayaquil, que reporta 12.890 contagiados. Entonces, ¿cómo explican el colapso sanitario y funerario que padeció el puerto principal entre marzo y abril? Quizás la clave vuelva a estar en las ‘muertes en exceso’; mientras Guayaquil registró 12.953, la capital sumó 4.694.

El Gobierno asfixió a Quito

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue el primero en disponer medidas de confinamiento. Consciente de recibir el 60% de vuelos internacionales, suspendió la jornada presencial en escuelas e instituciones públicas y prohibió la circulación del transporte urbano. En otras palabras, obligó al Gobierno nacional a tomar medidas. Al principio, el Ejecutivo amenazó a Yunda con sanciones y se mostró junto a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que presumía a su ciudad funcionando con pasajeros que viajaban hacinados en la Metrovía.

La paralización del 70% de las actividades económicas no esenciales perjudicó seriamente la economía ecuatoriana. Los grandes empresarios comenzaron a exigirle a Moreno salir del aislamiento, a riesgo de exponer la salud de la población. Fue entonces cuando el COE Nacional dejó en manos de los alcaldes la decisión de pasar del aislamiento al distanciamiento a través de la ‘semaforización’ que comenzó el 4 de mayo. Yunda fue el primero en anunciar que la capital se mantendría el semáforo rojo hasta el 31 de mayo.

Acorralado por la presión de denuncias de corrupción y desoyendo las advertencias de los epidemiólogos, Yunda optó por el semáforo amarillo, justo cuando los contagios comenzaron a aumentar considerablemente. El 3 de junio, había 3.842 personas contagiadas con Covid-19; hoy, 22.158. En Pichincha, la cifra oficial de fallecidos con coronavirus pasó de 319 a 943, respectivamente.

La asfixia del trio de Carondelet funcionó a la perfección. Los altos funcionarios tenían que garantizar la apertura de la economía y de las instituciones en la capital de país. Por ello, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a cargo del COE Nacional; el entonces vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se dedicaron a minimizar los efectos de la pandemia en Quito.

Zevallos fue el vocero autorizado para insistir en que la curva de contagios en Quito decrecía y que las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) daban abasto. Los datos estadísticos de su propio Ministerio nunca lo respaldaron.

Durante mayo y junio, el Ministro indicó que el pico de contagios había ocurrido a fines de abril. En julio, Zevallos dijo que lo que se vivía en la capital era un “brote nuevo”.

Los resultados fueron demoledores. En abril, Pichincha registró 1.286 actas de defunción, 1.582 en mayo, 1.851 en junio y 2.858 en julio. Con la apertura de la economía y las altas cifras de desempleo, las zonas empobrecidas se llenaron de vendedores informales, lo que disparó la curva de contagios en el Centro Histórico, San Roque, Chillogallo, La Ecuatoriana y El Panecillo.

Familiares de personas contagiadas con Covid-19 denunciaron la falta de camas de UCI en los hospitales públicos y del IESS. Las ‘camas calientes’, ratificadas de manera anónima por los médicos, los obligaron a recurrir a clínicas privadas en donde llegaron a pagar hasta 70 mil dólares por un mes de internación. Guayas había pasado una situación similar entre marzo y abril, donde algunas clínicas retuvieron cadáveres como garantía de pago.

Durante junio y julio, la ministra Romo rechazó los reiterados pedidos de ‘ley seca’ y la ampliación del toque de queda propuesto por Yunda, otros seis alcaldes de Pichincha y la prefecta Paola Pabón. Tras ver el colapso del sistema sanitario y las decenas de fosas cavadas en el cementerio San Diego, el COE Nacional decretó ambas medidas durante agosto, dos meses después del incremento de las muertes en Pichincha, Santo Domingo y otras provincias.

Cementerio San Diego, Quito – AFP

Recién en agosto se pudo ver un descenso en la mortalidad aunque los cementerios llegaron al 90% de su capacidad. Antes de la pandemia, el cementerio Parque de los Recuerdos, ubicado en Quito, sepultaba cinco cuerpos a la semana; en julio, reportaron 11 entierros diarios.

Mucho más que reparto

El Gobierno ha demostrado que no le interesan las formas a la hora de lograr su cometido. En junio, el propio ministro Zevallos reconoció que existen ‘influencias’ de asambleístas en la gestión de hospitales.

En otras palabras, el propio Gobierno admite el reparto de al menos 30 casas de salud que son investigadas por corrupción. ¿Quién repartió los hospitales? Aún no se animan a brindar precisiones. En medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, el Gobierno solo cambió gerentes y directores y dejó en manos de la justicia toda la investigación. En ese sentido, la familia Bucaram, Daniel Salcedo, Daniel Mendoza, Eliseo Azuero están tranquilos; pese a que algunos son investigados por delincuencia organizada, entre otros delitos.

Daniel Mendoza ya habría señalado a María Paula Romo como la presunta repartidora. Así, la Ministra habría evitado al menos dos juicios políticos en su contra. Aun con esta información, la Asamblea Nacional no se anima a iniciar el juicio político contra Romo, es que varios asambleístas estarían involucrados en esta presunta red de corrupción.

Como regla, las pruebas recabadas por la Fiscalía sobre el esquema del reparto debían mantenerse en reserva durante la investigación previa. Sin embargo, la información se filtró y fue publicada por un medio afín al Gobierno. Esto parecería ser más una estrategia del Ejecutivo que una investigación periodística. ¿Con qué objetivo? Invalidar la prueba.

Según el numeral 4 del artículo 76 de la Constitución de la República, “las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. Es decir, al afectar la presunción de inocencia de la ministra Romo, esta prueba sería descartada favoreciendo a la funcionaria.

En Alemania, Zevallos afirmó que el descenso de muertes es mérito de su gestión.

Mientras el show mediático continúa en todas las pantallas, el personal sanitario sigue combatiendo la pandemia en primera línea. Con cientos de muertos entre sus filas, trabajan sin descanso y también sin sueldos. Una imagen que retrata la podredumbre de un sistema que privilegia a unos pocos y margina a las mayorías.

En la segunda entrega de este especial te seguiremos mostrando por qué Ecuador está en coma.


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