Código Orgánico de Salud: derechos en juego y privatización

ANÁLISIS | 02/09/2020

El 25 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Código Orgánico de Salud (COS). El proceso de creación, que duró ocho años, implicó el debate de tres proyectos. El Legislativo contó con la participación e intervención de varias organizaciones sociales.

Algunos temas legislados en el COS han generado polémica en sectores de derecha, conservadores y religiosos: aborto como emergencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos, identidad sexual, entre otros. No obstante, parece haber una lectura e interpretación parcial de las normas problematizadas y no se discute sobre los mecanismos de privatización de la salud abiertamente.

El Movimiento CREO y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana han sido los principales opositores al COS. Afirman que la obligatoriedad de la atención en casos de emergencia obstétrica incentiva el aborto porque debería considerarse solamente cuando es involuntario.  

En los artículos 9 y 201 no existe un incentivo al aborto, sino que únicamente garantiza el derecho a la legislados.

Aborto

salud al obligar a dar atención médica en todos los casos. Incluso, se menciona que se estaría legalizando el aborto, cuando para ello es necesaria una reforma del Código Orgánico Integral Penal.

El reconocimiento de emergencia obstétrica busca la salvaguarda del derecho a la vida de la madre o del feto cuando se presentan patologías asociadas con el aborto.

La propia Constitución en su artículo 365 reconoce la obligatoriedad de la atención médica en casos de emergencia. Debe considerarse la atención preferente que tiene la mujer embarazada. En ese contexto, el artículo 9 inciso final  “prohíbe a los profesionales de salud, dilatar la atención de emergencia bajo cualquier pretexto, incluido el planteamiento de objeción de conciencia”.

La falta de atención por cualquier motivo constituye violencia obstétrica contra la mujer embarazada. Esto lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia 904-12-JP/19.

Según el artículo 157, el aborto es un problema de salud pública que requiere “atención integral, que incluya la prevención de la violencia y situaciones de riesgo, que abarque soluciones intersectoriales de orden educativo, sanitario, social, psicológico, que privilegie el derecho a la vida garantizado por la Constitución”. Por lo que reducirlo a una cuestión de despenalización pierde de vista el enfoque de política pública necesario para enfrentarlo.

Anticonceptivos

La polémica también incluye al artículo 22 del COS. Los contrarios sostienen que vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos al permitir el uso indiscriminado de anticonceptivos sin su consentimiento. De la lectura integral del artículo se evidencia que antes que restringir el derecho a los padres, garantiza el derecho a la información de los adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Estos grupos afirman que el artículo 115 pretende “imponer visiones ideológicas de género contrarias a sus convicciones éticas y la ciencia”. Del artículo se desprende únicamente la obligación que tienen las instituciones estatales de brindar programas de educación en salud sexual y reproductiva orientada a la prevención “del embarazo infantil y adolescente, toda forma de violencia, el VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables, la erradicación de toda forma de explotación sexual y discriminación”.

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Es decir, se reduce las cuestiones de la salud sexual y reproductiva al uso o no de anticonceptivos cuando la propia Constitución en el artículo 32 reconoce que el Estado está obligado a generar programas de educación sin excluir a nadie.

Maternidad subrogada

Los detractores del COS afirman que el art. 196 vulnera el derecho de la mujer a una maternidad plena y la dignidad del cuerpo. El artículo reconoce varias formas de reproducción humana asistida que deberán ser aplicadas bajo las “normas, requisitos y regulaciones determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional y los principios bioéticos universales relacionados con el tema”.

Respecto de la maternidad subrogada, el artículo en cuestión dice:

La discusión sobre este asunto debe ser debatida a profundidad para ponderar, por un lado, la autonomía de la voluntad, la libertad de decidir sobre su propio cuerpo que tienen las mujeres; y, por otro, el derecho de los menores y la prohibición de mercantilización de los vientres.

Identidad sexual

Otros cuestionamientos apuntan a los artículos 193 y 208. Sectores reaccionarios indican que se vulnera el derecho a la identidad sexual al permitir el cambio de sexo en la pubertad y prohibir servicios para cambio de orientación sexual.

El artículo 193 reconoce que las cuestiones sobre salud sexual y salud reproductiva deben llevarse a cabo “con intervenciones integrales y basadas en evidencia científica” para “erradicar conductas de riesgo, discriminación, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad”. Prohíbe los procedimientos de asignación de sexo hasta que la persona alcance la pubertad en los casos de “personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual”. No es en todos los casos. Se proponen excepciones cuando está en riesgo la salud o la vida.

En el artículo 208 en su inciso final “se prohíbe la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género, por cualquier tipo de método o bajo cualquier circunstancia”. Esto garantiza que no existan las habituales clínicas de deshomosexualización o similares en el país.

Privatización de la salud

El sistema nacional de salud articula instituciones, programas, recursos y actores. En el articulado del COS existen mecanismos mediante los cuales las instituciones privadas con fines de lucro que brindan servicios de salud se articulan con el sistema nacional de salud. Los pacientes pueden ser derivados de las instituciones de salud del Estado central o IESS a clínicas privadas.

El artículo 63 reconoce que la red pública integral de salud se conforma por las instituciones de salud del estado, GADs, seguridad social, y “por otros prestadores con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad”. Así, en el artículo 65, se define la forma en la que debe reconocerse a las instituciones privadas cuando brinden los servicios de salud por derivación.

Según el artículo 68, “los prestadores de servicios de salud privados, que hayan sido calificados como proveedores de servicios (…) tendrán la obligación de recibir a los pacientes derivados por la Red Pública Integral de Salud, con garantía de la calidad de la atención, siempre que tenga la capacidad resolutiva necesaria para la atención”. Será la Autoridad Sanitaria la que establezca la forma de pago. En el artículo 70 sobre la forma del reconocimiento económico se refiere a “la compra de servicios de estas a entidades privadas”.

Como lo afirma Pablo Iturralde, ese mecanismo en lugar de fortalecer la salud pública, fomenta la privatización mediante la concentración de la riqueza en grupos económicos dueños de clínicas privadas a los que se les transfiere las rentas fiscales.

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¿Qué hará el Ejecutivo?

Según el artículo 137 de la Constitución, las leyes deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional en dos debates, luego son enviadas al Ejecutivo para que las objete o sancione. La objeción implica que el Presidente de la República no está de acuerdo con el proyecto aprobado y puede negarlo totalmente o proponer reformas. La sanción implica la aprobación del Presidente y su vigencia.

En el caso de objeción total, la Asamblea Nacional puede volver a considerar el proyecto luego de un año. En el caso de ser una objeción parcial, el Presidente presenta un texto alternativo de reforma. La Asamblea tiene treinta días para allanarse, aceptando la reforma, o enmendar el proyecto. Puede también ratificar el proyecto inicialmente aprobado con el voto de las dos terceras partes. En ambos casos lo envía al Registro oficial para que entre en vigencia.

Si la Asamblea no se pronuncia en los 30 días, se entenderá que se allanó, y el presidente Lenín Moreno dispondrá que se publique y entre en vigencia.

Moreno puede realizar una objeción por inconstitucionalidad. En esos casos, se requiere el dictamen de la Corte Constitucional dentro de 30 días. Cuando la Corte declare la inconstitucionalidad total, se archiva. En caso de que fuera parcial, la Asamblea debe corregirlo para que sea enviado al Presidente. En caso de no encontrar inconstitucionalidad, la Asamblea debe promulgarlo. (I)


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Publicado por Voces

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