La última idea de Romo y Moreno para manipular las elecciones

Con ofertas demagógicas el Gobierno intenta que la ‘voluntad popular’ sea la opinión de unos pocos. ¿Qué se esconde detrás de esta nueva maniobra? ¿Por qué el pueblo ecuatoriano deber acudir a las urnas?

Ramiro Aguilar Torres
Abogado y político

Por Ramiro Aguilar Torres

El Art. 62 de la Constitución de la República es claro, el voto es obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Esta disposición constitucional quedaría en el aire, sería meramente declarativa, si no existiera una consecuencia para aquellas personas que incumplen con el deber de votar. Para que la norma constitucional no sea letra muerta, la ley ha establecido una sanción pecuniaria aplicable a aquellos que no van a votar; y, a la par, ha previsto que el documento que acredita la comparecencia al sufragio, el famoso certificado de votación, sea un requisito para efectuar algunos trámites administrativos y notariales. De esta manera, la Constitución tiene fuerza para asegurar su cumplimiento.

 

Cada vez que reflexiono sobre estos temas me acuerdo de la norma prevista en el Art. 1 del Código Civil que todo estudiante de Derecho recita desde el momento en que da el primer paso en la facultad: “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. La siguiente lección que un estudiante de Derecho aprende es que el mandato legal, el imperio de la ley, solo puede materializarse si la propia ley establece una consecuencia para el caso de su incumplimiento. No hay otra forma. Las leyes que mandan deben tener fuerza. Y la fuerza de la ley está en la sanción.

En los últimos días, la inefable ministra María Paula Romo ha sugerido la posibilidad de que, para las elecciones de febrero del 2021, se deroguen las normas legales que imponen sanciones a quienes, injustificadamente, no votan; así como eliminar la funcionalidad administrativa del certificado de votación. En otras palabras, quitarle toda su fuerza a la norma constitucional que dispone que el voto sea obligatorio para las personas mayores de dieciocho años.

La razón esgrimida por la ministra es el Covid-19. De esta manera, asegura la ministra, cada ciudadana y ciudadano podría evitarse el riesgo de ir a votar al constatar que si no sufraga no le va a pasar nada.

Esto huele muy mal. De hecho, parece que en este tramo final del gobierno de Lenín Moreno todo es descabellado. Han querido manipular las elecciones de febrero del 2021 de todas las maneras posibles; y ahora tratan de disminuir el flujo de votantes. Lo que plantea la señora Romo es audaz y atrabiliario. Es una emasculación a la Constitución.

No es el momento de discutir si el voto debe ser facultativo u obligatorio.  Este debate amerita una reforma a la Constitución. Hay países donde el voto es voluntario. ¿Cuál es el resultado? Que el número de votantes supera con poco el 50% del total de ciudadanos empadronados. Así, una elección presidencial puede perder legitimidad. Sin embargo, es verdad que es responsabilidad de cada ciudadano ejercer sus derechos políticos y comprometerse en la decisión de los grandes asuntos de su nación.

En ciertos países tropicales el voto voluntario tiene precio. Los ciudadanos son estimulados económicamente para votar. En este escenario son los poderes económicos -lícitos o ilícitos – quienes juegan a la democracia.

Ahora bien, no podemos dejar de analizar que un voto obligatorio por listas de gente mediocre que los movimientos políticos ofrecen a los electores se transforma también en una especie de cautiverio electoral. Me explico: el ciudadano acude obligado a votar por quienes los partidos y movimientos políticos incluyen en sus listas. Queda la opción de anular el voto; pero ¿vale la pena que el voto sea obligatorio en un escenario en que la mejor opción sea anularlo?  Evidentemente que no.

Como se puede apreciar, es un tema que merece un profundo análisis. Una introspección sobre la fortaleza de las instituciones democráticas de cada país. Un tema que plantea una autocrítica sobre la ética social. Es un asunto de la mayor importancia que no debe ser tomado a la ligera con el ánimo de manipular un resultado electoral.

Hace rato que el gobierno de Moreno es tan decadente que ya nada de lo que plantea me sorprende.  Es un gobierno sin Dios ni Ley. En su amoralidad política no cuida ni las formas. Y para terminar el cuento, parece que la señora María Paula Romo está siendo auspiciada por el gobierno ecuatoriano para ocupar la secretaría de la Comisión Interamericana de derechos Humanos. Es de locos. Sencillamente, es de locos esto que nos está pasando.

Haya consecuencias o no para el hecho de no sufragar, hay que ir a votar. Moreno y su gobierno han sido una patología de la democracia a la que no podemos ceder; y que no debe volverse a repetir en el Ecuador.  

No podemos dejarnos contagiar del absurdo. No hay que olvidar que hay que vivir con esperanza, aunque los días parezcan grises. Nuestro el voto es esperanza.

Twitter: @ramiloaguilart / Facebook: Ramiro Aguilar Torres

Publicado por Voces

Investigación y periodismo. Contamos historias.

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