El Gobierno montó un sistema para perjudicar a los trabajadores

ACTUALIDAD | 31/07/2020

El Ministerio del Trabajo, la Asamblea y la Corte Constitucional apañan la regresión de derechos laborales.  Los empleadores del sector privado actúan por encima de la ley mientras las empresas públicas van camino a la privatización ¿Qué ocurrirá con Explocen?

Desde el 16 de marzo, en Ecuador se han finalizados 291.829 contratos laborales. Según las cifras oficiales del Ministerio del Trabajo (MDT), de ese total 2.571 nuevos desempleados pertenecían a la Función Ejecutiva del sector público. Estos datos excluyen, al personal que prestaba servicios ocasionales y a los que fueron desvinculados por la eliminación de instituciones. En los próximos meses, el Ministerio anunció la desvinculación de 1.672 personas más.

Desde el 18 de marzo hasta el 28 de julio, se desvinculó a 2.611 personas con discapacidad. Hasta la fecha, quedan 32.595 contratos vigentes entre las personas con carnet CONADIS y los trabajadores sustitutos.

Vale todo

En Ecuador sucede algo insólito, un acuerdo ministerial de la cartera laboral es suficiente para avalar el retroceso de derechos consagrados en la Constitución de la República. Aunque suene absurdo, este documento se encuentra en el octavo lugar de la jerarquía de normas.

El 30 de julio, el Ministerio del Trabajo (MDT) expidió el Acuerdo Ministerial 136, que regula el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Este podrá ser aplicado a cualquier sector económico y productivo para contratar personal “destinado a ejecutar actividades propias, complementarias o no habituales por un plazo de hasta seis meses”.

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La novedad es que esto también aplicará para quienes provean servicios al Estado. ¿Cómo se entiende la expresión ‘giro de negocio’ cuando se habla de lo público? Antes de la pandemia, lo habitual era firmar un contrato de servicios ocasionales, pero al Gobierno no le gustaron las sentencias favorables a acciones de protección donde se ordenó garantizar la estabilidad laboral, obligando a las instituciones públicas a establecer los nombramientos.

El acuerdo indica que la remuneración no podrá ser menor al salario básico o a los salarios sectoriales y que será pagada de acuerdo a la jornada acordada: diaria, semanal, quincenal o mensual. El trabajador podrá laborar para uno o más empleadores y, cuando concluya su trabajo, tendrá derecho a su liquidación, pero no podrá reclamar un despido intempestivo.

Anteriormente, el MDT también expidió un acuerdo sobre la figura del contrato especial emergente, modalidad que fue incluida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Este contrato de un año (prorrogable) va en contra de los principios establecidos en el artículo 327 de la Constitución que prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas.

Además, la Ley Humanitaria avaló otros “acuerdos” que establecen la reducción emergente de la jornada y así permitió la reducción de salarios del sector público y privado.

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Meros testigos

El ministro Andrés Isch,  dijo que la cartera de Trabajo recibió más de 20 mil denuncias y que procesó un poco menos de la mitad. Aseguró que en estos tiempos se debe cambiar la lógica para que la institución deje de ser sancionadora y pase a ser mediadora entre el empleador (que detenta el poder) y el trabajador (que es víctima de abusos patronales).

El Gobierno dice que buscan generar confianza en los empresarios para reactivar la economía. Sin embargo, la tan prometida generación de empleo no llega y el despido de servidores públicos se disfraza de optimización del gasto del Estado.

Isch está seguro de que la conflictividad social va a aumentar, por eso pidió “racionalizar los criterios de aplicación de la normativa”. La pregunta es: ¿racionalizar a favor de quién? ¿Se puede ser imparcial ante los abusos?

Según el artículo 33 de la Constitución, el Estado está obligado a garantizar remuneraciones y retribuciones justas a los trabajadores . Es decir, el Gobierno no puede actuar como mediador, sino que debe ser protector de los trabajadores.

Trabajadores a la deriva

El abogado especialista en derecho constitucional, Richard González, sostiene que el Gobierno no respeta la Constitución y que la Corte Constitucional no se pronuncia sobre las denuncias presentadas por la ciudadanía.

Así, los trabajadores se ven obligados a aceptar indemnizaciones que no son las que corresponden por ley. Un juicio laboral ante un Juzgado de Trabajo sería la llave para recibir una indemnización justa, pero demoraría unos tres años.

Para González, el Ministerio del Trabajo no debería existir. Algunas organizaciones como Acción Jurídica Popular exigen la creación de una Superintendencia, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo y obliguen a las empresas a pagar las indemnizaciones que corresponden. De esta manera, se evitaría seguir con un “ministerio del empleador” que recibe denuncias solo para hacer estadísticas.

Huele a privatización

El 30 de julio, 300 policías irrumpieron en la fábrica Explocen, en Poaló, provincia de Cotopaxi, para reprimir a los trabajadores. Hace 17 días los empleados están en huelga exigiendo un contrato colectivo que garantice la estabilidad laboral de 60 trabajadores y la reincorporación de cinco despedidos.

La empresa dedicada a la producción de explosivos para la minería pertenece al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y a Austin Powder (norteamericana), que tienen el 60% y 40% de participación accionaria, respectivamente.

Hay 18 personas al interior de la fábrica que permanecen en condiciones infrahumanas, durmiendo apiñados y pasando frío. Esa es la única manera que encontraron de resistir a tanto abuso, de trabajar por más de 25 o 30 años, sin estabilidad laboral y cobrando salarios de USD 600.

La comunidad campesina e indígena del sector, así como varias organizaciones sociales y de trabajadores rechazaron el accionar del Ministerio del Trabajo, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas por “militarizar” la fábrica y reprimir a los trabajadores.

Los trabajadores denunciaron que existen informes de la propia gerencia hacia el directorio que indican que el objetivo es privatizar. La empresa tendría USD 300.000 de presupuesto destinado al pago de indemnizaciones para despedir trabajadores.

Richard González sostiene que se busca entregar la empresa “saneada”, por lo que dar estabilidad laboral a los trabajadores implicaría indemnizaciones más altas. En la fábrica creen que el ministro Oswaldo Jarrín y otros Generales quieren vender la empresa a un precio irrisorio.

Aquí, también quedó la huella del exministro de Trabajo Luis Poveda. Cuando estaba en el cargo, exigió a los trabajadores despedidos que reciban solo el 50% de la indemnización. “Es mejor que agarren eso a que no agarren nada”, fueron sus palabras, según afirmaron los testigos del hecho.

Con instituciones así, los trabajadores se siguen preguntando quién los defiende. (I)


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Publicado por Voces

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