Solo uno de cada 80 chulqueros es declarado culpable

ACTUALIDAD | 29/07/2020

Los usureros someten a sus víctimas con amenazas y engaños. Instalaron un sistema financiero ilegal con el que obtienen el 120% de interés anual. El proyecto de Ley contra la Usura propone que este delito sea imprescriptible.

Desde 2014 hasta 2019, las víctimas de la usura presentaron 2.560 denuncias a la Fiscalía. Del total, 71 llegaron a juicio y solo 32 chulqueros fueron declarados culpables.

La usura en Ecuador ha causado tremendos daños a las familias ecuatorianas. Según el extinto Ministerio del Interior, el interés anual que cobra un chulquero ronda el  120%. Además de obtener dinero en efectivo, adquieren ventajas monetarias al conseguir la ejecución de remates de bienes inmuebles o prendas que siempre se avalúan por debajo del costo comercial.

Han creado un sistema financiero paralelo e ilegal. Este delito se presenta con diferentes elementos: letras de cambio o cheques que son firmados en blanco, alteración de letras (en las fechas o en las cantidades) y prendas que actúan como garantía (terrenos, vehículos, electrodomésticos).

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Algunos chulqueros recurren a la intimidación, a la violencia psicológica o  física para presionar a sus víctimas; algunas amenazas, incluso, vienen del crimen organizado. Otros, optan por ir a la justicia y reclamar aquello que no les corresponde y que obtuvieron con engaños.

Todo es válido para el chulco. Embargos, remates, declaración de insolvencia, apropiación de terrenos y herencias, una excelente excusa para envolver a sus víctimas en una trampa sin salida.

Luis Caiza, afectado por la usura que perdió su casa, cuenta que muchos de sus compañeros fallecieron, otros se suicidaron y algunos murieron por balas de sicarios. También mencionó el caso de un ingeniero que enloqueció y ahora vive en la indigencia deambulando por la Plaza de la Independencia, en Quito.

En Loja, la adulta mayor Luz Campos perdió su casa cuando un chulquero logró quedarse con su terreno de dos hectáreas. Al usurero no le importó que la mujer viviera en situación de vulnerabilidad económica.

Tal vez el caso más relevante ocurrió en Riobamba, en 2012. Un sicario asesinó de cuatro disparos a María Esther Morocho, dirigente de la agrupación Leones Dormidos. La mujer de 59 años ayudaba con asesoría jurídica a víctimas del chulco hasta el día en que fue atacada en su propia casa por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

¿Qué hizo el Estado?

Con el Gobierno anterior se lograron algunos avances. En 2013, el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura iniciaron la Campaña contra la Usura. Se ofrecían recompensas de hasta USD 50.000 por información sobre los chulqueros, personajes ligados a otros delitos como el sicariato, el lavado de dinero y el tráfico de personas.

El 1 octubre de 2013, la Corte Nacional de Justicia ratificó la primera sentencia contra un prestamista. Humberto Marcelo Contreras fue condenado a dos años de prisión por el delito de préstamos sin contabilidad. En 1996, este hombre había prestado a una mujer 17.485.000 de sucres (USD 699). La denunciante llegó a pagar un total de USD 60.454 hasta el año 2006; es decir, 400 veces el valor del capital.

En agosto de 2014, Ecuador tipificó el delito de usura en el artículo 309 del Código Integral Penal (COIP). Allí se establece pena privativa de libertad de cinco a siete años para quien “otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor al permitido por ley”. Si el chulquero perjudica a más de cinco personas, podrá pasar de siete a diez años en la cárcel.

Desde agosto de 2014 hasta abril de 2019, la Fiscalía General del Estado contabilizó 2.517 procesos de usura, los cuales se encontraban en diferentes etapas de investigación. Esta cifra excluye las denuncias que fueron archivadas o desestimadas. Tampoco se cuentan los miles de casos que no son denunciados por temor. De este total, solo una de cada 80 causas logra dictamen acusatorio.

Unidos y organizados

A raíz de las injusticias, las víctimas de los chulqueros se unieron para formar el Movimiento Pro-Justicia contra la Usura y Corrupción y, así, apoyarse mutuamente. En algún momento llegaron a ser más de mil ciudadanos comandados por su entonces presidenta, Norma Carrasco.

Esta organización ejerce su lucha en el ámbito político y judicial. Se acercan a asambleístas para lograr la aprobación de leyes y acciones concretas que protejan a las víctimas de los chulqueros. La pionera fue Normita, una mujer que con su ternura supo representar a estos luchadores. En 2012, falleció a causa de un cáncer de riñón y, dos años después, murió su hija.

A la derecha, Norma Carrasco, primera presidenta del Movimiento contra la Usura.

Norma había pedido un préstamo de USD 8.000 para costear el tratamiento oncológico. Así comenzó su pesadilla, que terminó con el remate de su casa y carros. Dicen que murió de tanto coraje.

La presidenta de la organización, Teresa Ordoñez, indicó que tienen sedes en distintas ciudades del país, allí asesoran a quienes son demandados por deudas inexistes. Para ella, la usura es un delito continuado: “Hasta el día de hoy somos esclavos del mismo hombre”. Por eso, exigen que este delito sea imprescriptible.

Durante los procesos judiciales, hay comportamientos que llaman la atención. Hubo funcionarios que al peritar letras de cambio concluyeron que estas estaban “levemente alteradas”. De esa evaluación dependía, por ejemplo, que a una  familia le rematen o no su vivienda para cubrir una deuda fraudulenta.

Los deudores se sienten perjudicados por la justicia. Insisten en que sus bienes son valuados con precios inferiores a los del mercado. Si la víctima pierde un juicio, además de perder su patrimonio, debe afrontar las deudas contraídas con su propio abogado.

Necesitan apoyo

Desde el Gobierno de Lenín Moreno, las cosas han cambiado. Los funcionarios del Ejecutivo y del Consejo de la Judicatura ya no atienden a las víctimas de la usura. Las conversaciones con los “asesores” que mandan nunca llegan a algo concreto.

El único que se hizo eco de su causa es Jota Lloret, asambleísta por la provincia del Azuay. El 22 de julio, el presentó el proyecto de Ley contra la Usura, cuya iniciativa surgió del Movimiento. Buscan que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Régimen Tributario, el Código Orgánico Financiero, entre otras normas legales, para evitar el abuso de los chulqueros y que los casos no queden en la impunidad.

Si se aprueba la Ley, se suspenderá cualquier juicio destinado al cobro de dinero, toda vez que inicie un proceso penal por usura. La iniciativa pretende que el delito de usura sea imprescriptible para evitar que los chulqueros evadan la ley huyendo del país. También estipula que ninguna persona se dedique al préstamo de dinero mientras no cuente con autorización por parte de la Superintendencia competente.

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Posibles soluciones

Para los afectados por el chulco no es suficiente hacer una denuncia en la Fiscalía. Ellos creen que las personas de bajos recursos deben contar con defensores públicos para enfrentar los juicios ejecutivos.

Exigen que la banca pública otorgue créditos a personas que hayan sido perjudicadas por los usureros para que puedan reestructurar sus economías. También solicitan créditos de USD 1.000, al 1% de interés, a un año plazo para pequeños comerciantes y emprendedores que no cumplen con los requisitos de la banca privada.

El margen de intermediación financiera en Ecuador es del 8,2%, muy superior al promedio de la región, que se ubica en el 6,5%.

Finalmente, el Movimiento contra la Usura quiere que el Estado investigue a los chulqueros como se hace con la delincuencia organizada. Recomiendan realizar seguimientos, escuchas telefónicas, infiltrar las organizaciones, utilizar señuelos e investigar las cuentas bancarias para conocer el origen de sus recursos.


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Publicado por Voces

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