Guerra con uñas, palos y dientes por la adjudicación de frecuencias

ACTUALIDAD | 23/07/2020

Una batalla silenciosa se libra dentro de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). Cerca de 3.096 frecuencias FM serán adjudicadas a medios privados y comunitarios, mientras el gobierno exige que no exista fiscalización, ni veeduría ciudadana.

El conflicto institucional se desató el pasado 15 de mayo, tras la convocatoria al Proceso Público y Competitivo para la Adjudicación de Frecuencias. Esta medida activó la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), acción que fue rechazada por varios medios de comunicación, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER) y Fundamedios.

Estas entidades aseguraron que la veeduría está manchada por intereses políticos, participantes asociados al gobierno de Correa y escasos estándares profesionales. Pese a la denuncia, nunca se presentaron impugnaciones con pruebas, documentos o descargos.

Menos control y más purga correísta

El Gobierno exige menos control, transparencia y fiscalización a pesar de los severos problemas institucionales que enfrenta el país. Tanto el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, como el presidente de AER, Kléber Chica, cuestionaron la veeduría ciudadana impulsada por el Cpccs.

Los nombres de Roberto Wohlgemuth (exconsejero presidencial de Correa) y Héctor Velasco (de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos) fueron objetados por los grandes medios de comunicación, la AER y Fundamedios. Lo paradójico es que César Ricaurte, quien criticaba a estos perfiles, también formó parte del proceso y, en su caso, no existieron cuestionamientos. Tanto Velasco como María Gabriela Vargas (exdirectora Nacional de Registro de Datos Públicos en el gobierno de Correa) renunciaron a la veeduría.

El director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Felipe Burbano de Lara, aseguró que en el proceso reposan poderosos intereses económicos y políticos. Empresarios y autoridades han sido vinculadas a grandes monopolios mediáticos. Ángel González, Lenín Andrade y Jorge Yunda concentran frecuencias de medios de comunicación, según un examen especial de la Contraloría General del Estado realizado en 2018.

En el caso del magnate Ángel González, más conocido como el “fantasma”, tiene en sus manos 87 frecuencias -entre radio y televisión- y 17 medios de comunicación. Este empresario también cuenta con un importante contingente mediático a nivel latinoamericano, con presencia en 11 países de América Latina, 35 canales de televisión en Chile, Perú, Paraguay y Canal 9 en Argentina. Además de 114 estaciones de radio, 2 periódicos y empresas cinematográficas. Es el principal accionista de diario El Comercio.

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Una piedra en el zapato

Los vínculos del “fantasma” con el gobierno de Moreno son evidentes. En agosto de 2016, uno de los chats filtrados por los Panama Papers revelaron las presuntas reuniones que sostuvo Lenín Moreno, Carlos Mantilla y Carlos Lorefice Lynch, representante del magnate de la comunicación.

El mensaje de Michelana decía: “Hola Lenín. Buen día. Te comento que está listo el viaje para visitarte con El Comercio. A partir del 8 de agosto cuando tú digas. Iría Carlos Mantilla, Carlos Lorefice Lynch (maneja todos los medios de la región) y un asesor del grupo”.

Para esta fecha ya se encontraba en vigencia el informe de un examen especial relizado por la Contraloría General del Estado, en el que se ordenó la reversión de varias frecuencias de radio y televisión.

En 2016, el fantasma González junto con su esposa fueron acusados de participar en el acto de financiamiento ilícito de campaña política en Guatemala conocido como el Caso Cooptación del Estado en Guatemala junto con directivos de Canales 3 y 7 para la campaña del Partido Patriota. González recibió US$ 27 millones en publicidad oficial tras financiar ilícitamente campaña presidencial.

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El Comité de Asuntos Externos del Congreso de Estados Unidos envió una carta al Presidente Donald Trump solicitando que se investigue al “fantasma” Ángel González, entre otros, para que rinda cuentas sobre la construcción de su oligopolio mediático y las ciertas redes de corrupción en Centro América.

¿Por qué se rehúsan a la regulación y control?

Siete directores han desfilado por la Arcotel en lo que va del gobierno de Moreno. El último al mando es Xavier Aguirre, mano derecha de Andrés Michelena y artífice del financiamiento público que recibió el medio digital La Posta, a través de contratos con la Secretaría General de Comunicación. Tanto la Superintendencia de Compañías como el Sistema Oficial de Contratación Pública ratifican los valores y el propietario.

En los propios informes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se señala que los intereses económicos y empresariales han eludido las normativas vigentes para acaparar las frecuencias de radio y televisión. Eluden las leyes que prohíben los monopolios y restringen la propiedad extranjera, utilizando para ello compañías fantasmas dirigidas por parientes locales, amigos o supuestos asesores.

La propia conformación de la veeduría impulsada por el Cpccs se forja a paso lento. César Ricaurte y Paola Aguilar delegaron la responsabilidad a Oswaldo Dután, el nuevo miembro de Fundamedios, y dieron un paso al costado. Tanto las figuras cercanas a Correa y los grupos ligados al poder mediático y económico librarán una de las más cruentas batallas, pero en silencio.

Al final, el que tiene padrino se bautiza. (I)


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Publicado por Voces

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