Ecuatorianos pagan entre USD 70 mil y 20 mil para morir en clínicas privadas

ACTUALIDAD | 15/07/2020

Familias de pacientes con Covid-19 se ven obligadas a recurrir al sistema de salud privado debido al colapso de hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Mientras los cantones de la sierra claman al COE Nacional por restricciones para aplanar la curva de contagios, algunas clínicas emiten facturas con valores exorbitantes y otras retienen cadáveres para garantizar el cobro.

Clínicas privadas lucran a costa del dolor

Uno de los casos más impactantes fue el de Juan Manuel Tituaña, un adulto mayor de 77 años, que falleció el 10 de julio con diagnóstico de Covid-19. Una clínica privada de Sangolquí le entregó a la familia una factura por USD 70.779,  tal como reveló la periodista Johanna Cañizares del portal TuVoz.TV.

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La familia Tituaña, oriunda de la ciudad de Machachi, tuvo que trasladar a Juan Manuel a Sangolquí debido al colapso de los hospitales en este cantón. El paciente estuvo internado durante un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta el día de su muerte, el pasado 10 de julio.

El caso se hizo público dos días atrás cuando la familia pidió a la clínica cancelar solo el 30% del valor adeudado. Al principio, la institución no aceptó alegando que los cuidados de pacientes con Covid-19 implican gastos elevados, ya que hay escaso personal médico que desee trabajar con personas infectadas por el virus.

VOCES se comunicó con el abogado de la familia, Paúl Quinualiza, para conocer más detalles de este cobro, que en principio, parecería excesivo. El jurista se excusó de dar declaraciones asegurando que sus clientes y los representantes de la clínica están tratando de llegar a un “acuerdo justo”.

Cadáveres como garantía de pago

El 26 de abril, Marianita de Jesús Flores murió en una clínica privada del norte de Guayaquil. La mujer de 60 años también se contagió de coronavirus y pasó 40 días hospitalizada, luchando por sobrevivir. Su hijo, José Varas Flores, contó que Marianita no podía respirar; que era afiliada del IESS, pero que todos los hospitales de la entidad estaban colapsados. Ante la desesperación, pagó USD 1.000 para que la casa de salud privada acepte ingresarla.

La atención se prolongó y la factura alcanzó un valor de USD 68.000. Más allá del inmenso dolor de la familia, la clínica le informó a José que el cadáver de su madre sería retenido en la morgue hasta que cancelen el valor adeudado. El IESS recién respondió el 29 de abril diciendo que se pondrían al tanto de la situación. Ese mismo día, la familia decidió interponer una acción de protección en la Unidad Judicial del Guayas para que se declare la vulneración de derechos constitucionales y así recuperar el cadáver.

Tenían el acta de defunción, el servicio funerario, la bóveda en el cementerio… pero no el cuerpo de su madre. Finalmente, el 30 de abril, un juez ordenó a la clínica entregar el cadáver para su sepultura, al tiempo que el IESS se comprometió a saldar la deuda.

La salud, un lingote de oro

Durante la pandemia, varios pacientes denunciaron que pudieron salir del hospital tras firmar pagarés de 5 cifras. Un día de internación en una casa de salud del sistema privado cuesta entre USD 400 y USD 800. El precio para recibir atención en UCI oscila entre  USD 1.500 y USD 2.500, el costo se incrementa porque necesitan atención de médicos intensivistas (especialistas) y provisión de oxígeno.

Foto EFE

Antes de la pandemia, el salario básico en Ecuador era de USD 400; desde la vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario, el salario se puede ajustar a la baja y llegar a USD 220. Además, esta ley habilitó la reducción de la jornada laboral en el sector público y privado. Esto significó un recorte el 16,6% en los sueldos de la mayoría de servidores públicos, y del 8,3% en el sector docente.

El crecimiento del desempleo y la desesperación de los ciudadanos por acceder a la atención sanitaria van de la mano. A esto se suma la quiebra de miles de emprendimientos, comercios y empresas de servicios que no logran afrontar el impacto económico que deja la pandemia.

Hasta junio, el IESS reportó 270.000 desafiliaciones, según confirmó Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo de la institución. Mayo fue el mes más crítico con 110.000 bajas en el seguro. En junio, el número llegó a 30.000, entre trabajadores en relación de dependencia y aportantes voluntarios.

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Oídos sordos

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, comandado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se resistió a dar marcha atrás con las medidas solicitadas por los COE cantonales. Los alcaldes de la sierra vieron con preocupación el rechazo de mantener la suspensión de la jornada laboral en las instituciones públicas.

En Quito, la circulación vehicular aumentó y el transporte público se ve a veces desbordado por los usuarios que no logran respetar el tan exigido distanciamiento social. Recién hace dos semanas, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reconoció que en la capital ya no  hay camas disponibles en las UCI.

Esta cartera de Estado informó que en Ecuador hay 70.329 casos confirmados de Covid-19, 5.158 personas fallecidas y 3.343 “fallecidos probables”. Estas cifras no coinciden con las actas de defunción emitidas por el Registro Civil. Como se observa en la imagen, los meses más críticos para las provincias del Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro y Los Ríos  fueron en marzo y abril con un incremento notable de muertes. En cambio, en las provincias de Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Santo Domingo, Tungurahua y las de la región amazónica se observa el aumento de cifras en los meses de mayo y junio.


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Publicado por Voces

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