ACTUALIDAD | 14/07/2020
Este 14 de julio, el Concejo Metropolitano de Quito exhortó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aplicar medidas restrictivas para contener los contagios de Covid-19 sin tener que volver al semáforo rojo. Piden la implementación de la ‘Ley Seca’ y la ampliación del toque de queda.
El temor exige revisiones
El Consejo aprobó con 21 votos a favor la resolución que pide medidas de excepción para la capital “en defensa de la vida y la salud”. El documento, que incluye seis artículos, plantea la ampliación del toque de queda de 19:00 a las 05:00, excepto para las actividades esenciales. También exige eliminar los salvoconductos para la circulación vehicular y dejar sin vigencia los emitidos, exceptuando a las actividades esenciales; pide que sea el Municipio quien emita y controle los salvoconductos.
Los concejales también plantearon la ‘Ley seca’ para controlar la venta de bebidas alcohólicas y la prohibición de reuniones sociales. Exigieron que se restrinja el uso del espacio público en parques, casas comunales, canchas, escenarios deportivos y conchas acústicas.
En rueda de prensa virtual, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que en el Municipio están “preocupados”, monitoreando la situación y que el sistema sanitario no tiene disponibilidad de camas. No dio certezas sobre regresar al semáforo rojo, pero dijo que se volvería al confinamiento solo “si así fuese la conclusión de los epidemiólogos y personal sanitario que trabaja en nuestra Secretaría de Salud”.
La Defensoría del Pueblo pidió al COE cantonal de Quito y al alcalde Jorge Yunda regresar al semáforo rojo para asegurar el aislamiento. El titular de la entidad, Freddy Carrión, indicó que “pacientes covid-19 y también de otro tipo de enfermedades fallecen por falta de atención ante la saturación del sistema público de salud”. El Defensor del Pueblo pidió no poner en riesgo la vida de la gente.
Una tragedia anunciada
Cuando Quito pasó del semáforo rojo al amarillo, el 3 de junio, había 3.842 personas contagiadas con Covid-19 y 305 fallecidas a causa del virus. Hasta ayer, 13 de julio, el Ministerio de Salud Pública contabilizó 9.677 infectados y, hasta el 12 de julio, la cifra de fallecidos en el Distrito Metropolitano llegó a 532, según los últimos datos publicados por la Secretaría de Salud.
Desde el 24 de abril, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) se ha encargado de recoger cadáveres en la vía pública y en domicilios particulares. Hasta el 13 de julio, 126 cuerpos fueron levantados siguiendo los protocolos de bioseguridad. Del total, solo 38 fallecidos tenían diagnóstico de Covid-19 (forman parte de las estadísticas) y se presume que 88 tendrían la enfermedad por haber presentado síntomas compatibles. La Emgirs indicó que 98 cuerpos fueron retirados de domicilios, 15 en la calle y 13 en otros espacios.
Con esta información se concluye que el 7,14% del total de fallecidos con diagnóstico de Covid-19 fue recogido por la Emgirs. Sin embargo, la mayoría de los cadáveres levantados por esta empresa del Municipio no contaban con el diagnóstico y, por lo tanto, no forman parte de las estadísticas oficiales.
Hospitales colapsados
El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, sigue minimizando la situación de la capital. Fue uno de los primeros en “sugerir” al alcalde Jorge Yunda que saque a Quito del aislamiento. El otro actor fundamental fue el poder económico, representado por la Cámaras de Comercio y por políticos afines como Bernardo Abad, que tienen su lugar en el Concejo; o por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, futura vicepresidenta de Ecuador.
Se priorizó la apertura de la economía desoyendo las advertencias de los epidemiólogos que recomendaban mantener el aislamiento y medidas como el teletrabajo para contener los contagios. Zevallos insistió durante mucho tiempo que la situación estaba bajo control, ahora dice que Quito vive un “brote nuevo”. Lo cierto es que la curva de contagio nunca se aplanó y la ocupación total de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) siguió igual en junio y en julio, según alertaron médicos y familiares de pacientes. El Gobierno negó esa situación y recién hace tres semanas admitió el colapso de las UCI. Digan lo que digan, con el incremento exponencial de casos, la espera de los pacientes para recibir una atención adecuada se vuelve eterna.
Según el ministro Zevallos, la mortalidad de pacientes en UCI es del 38% y la falta de camas se resolverá en tan solo dos semanas. ¿Cómo lo sabe? Hace un mes dijo que el sistema de salud de Pichincha podía contener la emergencia sanitaria. ¿A qué versión le creemos? (I)
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