Políticos “sanos” se adueñan de carnés de discapacidad para defraudar al Estado

ACTUALIDAD | 02/07/2020

Julio comenzó con un nuevo escándalo, políticos entre los que se cuentan asambleístas, gobernadores y testaferros de los capos del reparto cuentan con carnés de discapacidad para obtener la exoneración de impuestos en bienes de lujo. Los asambleístas involucrados, que aparentemente gozan de excelente salud, son los mismos aprobaron todas las leyes de ajuste del Gobierno que sumen en la pobreza a la mayoría de los ecuatorianos.

Moreno condenó que se aprovechen de los derechos de las personas con discapacidad.

La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Discapacidades otorgan derechos a las personas con discapacidad, con el fin de brindarle una protección especial, atendiendo a su salud y bienestar. Entre ellos, se encuentran la exoneración de impuestos como el IVA y otros que tienen que ver con la importación y la compra de ciertos bienes. Estos mal llamados “beneficios” aplican para los ciudadanos que presentan un grado de discapacidad del 30% o superior y el porcentaje de la exoneración se ajusta al porcentaje de la discapacidad.

Los políticos conocen las leyes y, a veces, las aplican a conveniencia, sin observar las prohibiciones. Algunos asambleístas consiguieron carnés y los utilizaron para importar autos valuados en decenas de miles de dólares y comprar otros bienes que no se corresponden con las necesidades de una persona que convive con una discapacidad. Es decir, deberían ser juzgados por defraudación aduanera por “obtener indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios”, como lo establece el numeral 5 del artículo 299 del Código Integral Penal.

La lista es larga

En la investigación del reparto de los hospitales del Guayas, en el que estaría involucrada la familia Bucaram y Daniel Salcedo, se conocieron los primeros casos. Daniel y su hermano Noé Salcedo obtuvieron carnés para comprar autos importados a un menor valor. Lo mismo hicieron los funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, César Rodríguez Fontecilla y Carla Cárdenas.

Ahora, se descubrió que algunas autoridades nacionales y provinciales también accedieron al carné sin tener una discapacidad notoria. Es el caso de la asambleísta de Alianza País Marcia Arregui, Israel Cruz (BIN) y Ramón Terán (PSC). Arregui insistió que su discapacidad es producto de una enfermedad crónica.

Fabricio Villamar también integra la lista. Él afirma que tiene una discapacidad auditiva del 51% (sin utilizar audífonos) y que sí se benefició con la exoneración de impuestos para la compra de camioneta, que realizó en enero de este año, dos meses después de obtener el carné. El asambleísta también logró reducir el pago de pensiones de su hijo con discapacidad intelectual (46%) y, aún así, le adeuda USD 12.000 en pensiones.

El escándalo también roza a los esposos de figuras de renombre, tal es el caso de Javier Vaca, esposo de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas (AP); y del marido de la asambleísta Wilma Andrade (ID), Marco Morales (56% de discapacidad). Ambos adquirieron carros importados en los últimos años. Morales indicó que su discapacidad surgió a raíz de un accidente de tránsito. Cabezas, pidió investigar la entrega irregular de carnés y aclaró que su esposo tiene una discapacidad por un accidente ocurrido en los años ’80.

Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad encargada de designar a las autoridades de control del Estado es uno de los implicados en este bochorno. El año pasado, recibió un carné que acredita una discapacidad visual y auditiva del 81%. Según el propio Cruz, en un entrenamiento deportivo, sufrió un golpe en la cabeza, lo que lo llevó a perder sus capacidades. Aseguró que compró un auto en 2015 pagando todos los impuestos y negó haber utilizado el carné para comprar bienes.

Juan De Howitt, director del Centro de Inteligencia Estratégica (ex SENAIN), también tiene un carné de discapacidad, según sus dichos, por una enfermedad del corazón que padece desde hace 14 años. El funcionario sostuvo que nunca importó un vehículo.

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Otros de los personajes implicados son el gobernador de la provincia de Los Ríos, Camilo Salinas, el alcalde de Babahoyo, Carlos German Gaibor; y el alcalde de La Maná, Hipólito Carrera Benites.

Camilo Salinas, gobernador de Los Ríos, en pleno juego.

El control siempre llega tarde

Este 2 de julio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que solo durante la emergencia sanitaria se emitieron unos 3.000 carnés de discapacidad de “manera ilegal”. Estos no pudieron ser aprobados por la suspensión de la atención en el sector público. El ministro aclaró que quince personas trabajaron en la revisión y se dispuso la anulación de 2.281 carnés. También aseguró que hay nueve funcionarios investigados (cuatro de Salud) que habrían actuado en la entrega de la documentación.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud anunció que se reformará el Reglamento interno para la Calificación, Recalificación y Acreditación de Personas con Discapacidad o con Deficiencia o Condición Discapacitante para “evitar la utilización dolosa de este beneficio y derecho de las personas con discapacidad”. Asimismo, esta cartera de Estado desarrollará un nuevo software para la calificación de las discapacidades, que apuntará a la automatización y a valorar los casos de acuerdo a estándares internacionales.

Personas con discapacidad sin carné y sin derechos

María Fernanda Naula mira las noticias y no lo puede creer. El 12 de mayo, la empresa Montero la notificó de su despido intempestivo por correo electrónico. Ella es madre de un hijo con discapacidad y se quedó sin el sustento diario. Indignada, llevó su caso a la justicia y, en primera instancia, no la quisieron escuchar. ¿El pretexto? No tenía el carné de discapacidad de su hijo Evans Demian Torres Naula.

María Fernanda y su hijo tras obtener su carné de discapacidad.

El trámite del certificado que calificaría a María Fernanda ante el Ministerio de Trabajo como “sustituta” demoró más de lo esperado. En medio de la pandemia, el acto burocrático tuvo que lidiar con la suspensión de la atención al público y luego con su restricción. En otras palabras, ese “papel” que protegería su puesto de trabajo no llegó a tiempo.

Los procesos de calificación de una discapacidad ante el Ministerio de Salud Pública implican varios pasos, que no siempre se dan en los mejores contextos. Esta mujer del sur de Guayaquil trabajaba en una empresa que se negaba a otorgar los permisos para avanzar con la calificación de su hijo. Recién en  octubre de 2019, el Ministerio de Salud emitió un informe en el Área de Psicorehabilitación, en el que una profesional psicóloga rehabilitadora educativa diagnosticó al niño con una discapacidad intelectual: “trastorno específico del desarrollo de las habilidades escolares”. Esto incluye falencias en las funciones ejecutivas y el área cognitiva, una edad cronológica que no es acorde a su percepción, lo que genera en el niño problemas en el desarrollo y la comprensión del lenguaje y el cálculo. La profesional también solicitó ayuda especializada terapéutica para el niño.

Al momento del despido de su mamá, Evans ya tenía un informe de discapacidad; sin embargo, la responsable de Talento Humano y la médica del empleador estaban al tanto de la situación y decidieron ignorarla. En este caso, la jueza Carmen Consuelo Vargas Bejarano, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de Guayaquil, negó la acción protección presentada por María Fernanda. ¿El motivo? El certificado de discapacidad de su hijo y el certificado de sustituta no se presentó a la empresa antes de la fecha del despido. Claro, porque ambos fueron emitidos cuando María Fernanda tuvo tiempo de tramitarlos al estar desempleada.

La discapacidad de Evans existía y existe, lo que no tenían era el carné que lo demuestre. La familia recién accedió a ese documento en el mes de junio, días antes de la audiencia; increíblemente, no garantizó ningún derecho. Por eso, el abogado Marlon Martínez aseguró que apelará la sentencia porque no se actuó de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, que en el artículo 169 estipula: “No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. Esta acción de protección podría llegar a la Corte Constitucional, en caso de no ser resuelta por la justicia ordinaria.

Las personas con discapacidad y sus familiares “sustitutos” tienen una protección reforzada en materia laboral, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Discapacidades, que ordena a las empresas públicas y privadas asegurar la estabilidad laboral de este grupo de atención prioritaria.

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Las cifras oficiales

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), a la fecha, cuentan con 485.325 personas registradas. Ellas presentan diferentes tipos de discapacidad: física, intelectual, auditiva, visual y psicológica.

De acuerdo al registro de personas con discapacidad del año 2019 (455.829), el 46,64% del total presentan una discapacidad física, el 22,32% discapacidad intelectual, el 14% una discapacidad auditiva, el 11,66 % discapacidad visual y el 5,39 % alguna discapacidad psicológica.

Mientras miles de familias demoran meses y años para obtener un carné que les garantice sus derechos como personas con discapacidad, otros miles de inescrupulosos los obtienen de manera fraudulenta para comprar bienes de lujo y defraudar tributariamente al Estado. (I)


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Publicado por Voces

Investigación y periodismo. Contamos historias.

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