Sin verdad no hay justicia | Parte 3: Represión e Impunidad

La Comisión de la Verdad incluyó una serie de recomendaciones en su informe final, pero muchas de estas aún no se han cumplido. Las víctimas y los familiares conviven con las injusticias.

Activista por los DD.HH., hermano de Arturo Jarrín

Por Edwin Jarrín

El aparato represivo formado por el gobierno de León Febres Cordero (LFC) dejó un saldo registrado de manera documentada por la Comisión de la Verdad de “456 víctimas en seis tipos de violaciones de los derechos humanos en los que concentró su trabajo: 269 víctimas de privación ilegal de la libertad, 365 de tortura; 86 de violencia sexual; 17 de desaparición forzada; 68 de ejecución extrajudicial y 26 de atentado contra la vida”. (Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo 5, 2010: 433).

En el evento de presentación del informe de la Comisión de la Verdad, las palabras del presidente Rafael Correa llenaron de esperanza los corazones de las víctimas y de los familiares, al ver la luz al final del túnel después de más de veinte años de lucha. “Ese viejo país es el que entre todos decidimos dejar atrás. Sin embargo, no vamos a disfrazar cobardías con falsas prudencias. La impunidad es otra manera de denominar al encubrimiento, es una variante de la complicidad. Las acciones y penas de tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, son imprescriptibles y no son susceptibles de indultos o amnistías. A nivel individual todos tenemos la opción de perdonar e incluso tratar de olvidar. A nivel social, ese perdón y olvido, insisto, se llama impunidad”, sentenció Correa.

El informe sugería acciones concretas a la institucionalidad del Estado, para lograr justicia y reparación para las Víctimas:

* Rehabilitación física y atención psicosocial para las víctimas

* Becas

* Inclusión económica

* Educación en derechos humanos y difusión del Informe Final de la Comisión de la Verdad

* Fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

* Fortalecimiento del Poder Judicial

* Impulsar políticas públicas y reformas legales en materia de derechos humanos

* Implementación de medidas simbólicas y medidas de satisfacción

Han transcurrido 10 años desde la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad, la implementación de las recomendaciones podemos evaluarlas con un saldo negativo. Existieron acciones aisladas que las resumimos en:

* El 5 de diciembre de 2013, se publicó en el registro oficial la “Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad”, aprobada por la Asamblea Nacional. **

* En 2010, se creó la unidad para la investigación de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en la Fiscalía General del Estado, y se la eliminó en 2017. Esta unidad permitió judicializar dos casos por crímenes de lesa humanidad y llevarlos a los tribunales de justicia:

1) Caso Vaca-Cajas-Jarrín: el 9 de noviembre del 2015, se instaló la audiencia de juzgamiento y se suspendió argumentando la inasistencia de uno de los procesados. Es preciso recalcar que los miembros del Comando Conjunto de las FF.AA., acompañados por decenas de militares en servicio activo -todos uniformados- irrumpieron en la audiencia.

2) Arturo Jarrín Jarrín: el 28 de abril del 2017, se realizó la audiencia de llamamiento a juicio a 8 imputados por el asesinato extrajudicial. Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha realizado ninguna diligencia judicial.

* Se llevó a cabo la reparación material de algunas víctimas (en un porcentaje menor), que fue facilitada por la Defensoría del Pueblo.

* Se clausuraron y desmantelaron sitios que fueron utilizados como centros de privación ilegal de la libertad y de torturas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Cabe resaltar que esa decisión fue uno de los detonantes de la sublevación policial del 30 septiembre del 2010.

La impunidad sigue latente, no se han cumplido las disculpas públicas para restablecer la digninad de las víctimas (la misma que fue y continúa siendo destrozada por determinada tendencia política alineada al fascismo, que es respaldada por un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en alianza con los medios de comunicación mercantiles.

Tampoco se ha construido el Museo de la Memoria. Los medios de comunicación nunca realizaron la difusión del informe. En cuanto a desmantelar monumentos públicos y eliminar los nombres de personas responsables de violaciones de derechos humanos de lugares públicos (incluyendo centros educativos), no solamente no se ha cumplido, sino que -además- se levantó un nuevo monumento a León Febres Cordero en Guayaquil.

Como medidas dirigidas a la revelación pública y completa de la verdad, era imprescindible la construcción de un archivo histórico con toda la documentación investigada y analizada por la Comisión de la Verdad, este material no está en cadena de custodia ni es de acceso público; incluso el propio informe final “Sin Verdad no hay Justicia” no está públicado en el portal de ninguna institución pública. Qué podemos decir en cuanto a las medidas dirigidas a la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cadáveres de las personas ejecutadas.

Es claro que el poder fáctico de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los medios de comunicación mercantiles ha logrado mantener su estatus quo y, de esa manera, impedir la implementación de medidas en materia de garantía de no repetición. Los avances que existieron hasta el 2017 en materia de justicia y políticas públicas de seguridad interna han sido desmantelados por completo en estos tres años. Por eso, en octubre del año pasado, cuando el Pueblo se rebeló ante el empobrecimiento y la implementación del modelo neoliberal, se repitió la política febres corderista de acabar con el “enemigo interno”, no importa cómo lo haga: reprimiendo, deteniendo arbitrariamente, forjando pruebas para procesar penalmente, torturando e –incluso- llegando a asesinar personas.

La lucha contra la impunidad, por la defensa de los derechos humanos y recuperación de la memoria, continúa porque, como dijo Arturo Jarrín:

“No preguntamos dónde está vuestra sangre, hermanos, porque lo sabemos, porque la sentimos, porque la vivimos. Porque junto a la sangre del Viejo Luchador, de los obreros de noviembre del 22, de los mártires de Aztra y de todos los héroes y mártires de la sagrada causa de la Revolución Popular Ecuatoriana circula por las venas de obreros y campesinos, corre a borbotones por venas y arterias de los pobres y humildes del país, corre pura y limpia en el agua de los ríos de montañas, campos y praderas gritando serenamente que hay que organizarse para luchar, que hay que luchar para triunfar, que hay que triunfar para ver a nuestros niños correr alegres por parques, escuelas y campiñas…”

Publicado por Voces

Investigación y periodismo. Contamos historias.

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