Contraloría ordena al CNE eliminar a la Lista 5 de la Revolución Ciudadana

ACTUALIDAD | 19/06/2020

El contralor general del Estado, Pablo Celi, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que elimine a la Lista 5 “Fuerza Compromiso Social”, que representa a los partidarios de la Revolución Ciudadana. La noticia se conoció este viernes, 19 de junio, y el pedido incluye a otras tres organizaciones políticas que estarían impedidas de participar en las próximas elecciones presidenciales, que se disputarán en 2021. Rafael Correa y los líderes de su movimiento ya hablan de “proscripción”.

La Contraloría General del Estado (CGE) difundió un boletín de prensa donde se pronunció sobre el incumplimiento de los miembros del CNE respecto de la eliminación de cuatro organizaciones políticas. Allí, indica que incumplieron las recomendaciones de la Contraloría al permitir que continúen inscritos y mantengan su personería jurídica los movimientos políticos “Fuerza Compromiso Social” afín al expresidente Correa; “Justicia Social”, de Jimmy Salazar (esposo de Pamela Martínez involucrada en el caso “Sobornos”); “Juntos podemos”, de Paul Carrasco, exprefecto del Azuay; y “Libertad es Pueblo”, de Gary Moreno, hermano del Presidente Lenín Moreno.

Entre las supuestas irregularidades señaladas por la Contraloría, figura el incumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. Por ejemplo, Celi argumenta que los movimientos políticos no podían inscribirse y participar de las elecciones porque  no cumplieron con la entrega de firmas necesarias, correspondientes al 1,5% del padrón electoral.

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Por estas horas, el CNE sesiona para resolver la cancelación de la inscripción en el registro de organizaciones políticas. Los vocales que habían votado a favor de mantener a los movimientos en cuestión en el registro electoral son: Diana Atamaint (presidenta), Esthela Acero y José Cabrera. La Contraloría también señaló a otros funcionarios del CNE por incumplir sus recomendaciones: la directora de Asesoría Jurídica, el coordinador nacional de Seguridad Informática y el director nacional de Organizaciones Políticas.

Rafael Correa y otros líderes de la Revolución Ciudadana utilizaron sus cuentas de Twitter para expresar su indignación y ya hablan de “proscripción”. “Esto ya es el colmo del descaro y rompimiento constitucional”, aseguró el expresidente, al tiempo que pidió el rechazo de los ecuatorianos a esta decisión de Celi, a quien calificó como “ilegítimo y evidentemente corrupto”.  En ese sentido, insistió en que el Contralor le “debería de temer (a la) Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas”. Correa insinuó que este acto constituye un robo a la democracia. “¡Si quieren ganar, háganlo en las urnas!”, exigió.

Incumplimiento vs derecho adquirido

La primera observación de la CGE surgió en agosto de 2019 cuando se auditó el proceso de revisión de firmas del CNE. Según Celi, los cuatro movimientos no contaban con las firmas necesarias y se habrían detectado una serie de irregularidades. Por ejemplo, la existencia de firmas repetidas, cédula de ciudadanía que figuraban con los números incompletos, firmas no válidas y de personas fallecidas o menores de 16 años.

El Consejo Nacional Electoral ya se pronunció sobre la cuestión y aseguró que, como se trataba de un “derecho adquirido” de las organizaciones políticas, estas no podían ser eliminadas del registro.

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Polémica

El artículo 23 del Código de la Democracia establece que los órganos de la Función Electoral tienen competencia privativa, en sus respectivos ámbitos, para resolver todo lo concerniente a la aplicación de esta ley. Es decir, solo el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral pueden tomar decisiones sobre cuestiones electorales; cualquier otra institución u órgano de control queda excluido.

Finalmente, el numeral 3 del artículo 285 del Código de la Democracia establece que serán sancionados con la destitución del cargo “La autoridad o cualquier otra servidora o servidor público extraños a la organización electoral, que interfieran en el funcionamiento de la Función Electoral”. O sea, el contralor Celi estaría extralimitándose de sus funciones. Sumado a ello, el funcionario es cuestionado por diversos actores políticos que consideran que no tiene legitimidad en el cargo.


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Publicado por Voces

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