Sin verdad no hay justicia | Parte 2: Pobreza y Represión

La imposición de un plan económico que condenó a la miseria a miles de ecuatorianos avivó las manifestaciones en las calles. El Gobierno asesino decidió apuntar las armas contra el pueblo.

Activista por los DD.HH., hermano de Arturo Jarrín

Por Edwin Jarrín

El gobierno de León Febres Cordero (LFC), a costa del empobrecimiento de la población, privilegió el pago de la deuda externa y la entrega de los recursos naturales a las transnacionales. “Para atraer el capital extranjero, el régimen tomó una serie de medidas para dar garantías a los inversionistas, asegurar sus tasas de ganancia, remover las trabas para la remisión de sus utilidades, etc. En 1980, la rentabilidad de las compañías extranjeras fue de 822%, en 1984 subió al 2.080%, según el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. (Punto de Vista Nº 216, 1986: 5)” (Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo 2, 2010: 24).

El gobierno de LFC había entregado la soberanía a los EE.UU. con la misma política exterior de Ronald Reagan, quien seguía la doctrina Monroe, al grado que “La gran injerencia de la Embajada de Estados Unidos en los asuntos internos estuvo en permanente manifiesto. El embajador de Estados Unidos, Fernando Rondón, quien presentó cartas credenciales en 1985, opinaba continuamente sobre los sucesos políticos o económicos del país” (Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo 2, 2010: 20).

En política de seguridad interna, el desempeño del gobierno de LFC fue de un corte fascista, donde las fuerzas de seguridad garantizaban el mantenimiento del estatus quo al costo que sea, dando disposiciones explícitas desde las autoridades civiles de usar las armas y disparar a matar, tratando de cobijarlos en un manto de impunidad y definiendo a los activistas defensores de derechos humanos como “cotorras”. “Las acciones represivas del gobierno de León Febres Cordero contra el movimiento popular y la oposición política, y la violación de los derechos humanos tuvieron como marco la Doctrina y la Ley de Seguridad Nacional expedida el 2 de abril de 1976 por el Consejo Supremo de Gobierno y codificada el 2 de agosto de 1979” (Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo 2, 2010: 44).

El hambre, el desempleo, la entelequia de políticas sociales con el concepto de la caridad, el constante detrimento de los presupuestos para la educación y la salud y la persecución a organizaciones y líderes sociales, al contrario de lograr los efectos que el gobierno pretendía a través de sus amenazas, encendían cada vez más la hoguera de la rebeldía. En el discurso de entrega del informe de la Comisión de la Verdad, el presidente Rafael Correa lo definió así: “En el siglo pasado, en nuestra América, bajo una supuesta lucha anticomunista, se establecieron marcos represivos con las llamadas Leyes de Seguridad Nacional, que partían de la tesis del “enemigo interno” que había que neutralizar y eliminar. En nombre de esa ley, quien se atrevía a cuestionar el esquema dominante era tipificado como terrorista, subversivo, comunista y, como lo manifestó un infame de proporciones descomunales: “a los subversivos había que matarlos como a los pavos, en la víspera pascual”.

En el período comprendido entre 1984 y 1988, bajo la presidencia del ingeniero León Febres Cordero, vivimos uno de los tiempos más oscuros de la historia nacional, en el que se adoptó la violencia como política de Estado, en donde los gritos acompañaban a los golpes, a la persecución, a las desapariciones y a las balas. Durante ese tiempo, se crearon escuadrones volantes que recibían la consigna de que cualquier persona abatida tenía que ser considerada como una “ganancia de la paz”; es decir, la pacificación debía ejecutarse a cualquier costo para imponer en el Ecuador “la paz de los sepulcros”.

Se establecieron estructuras internas en la Policía y las Fuerzas Armadas con claras cadenas de mando y manejadas por autoridades políticas y asesores extranjeros en materia de “seguridad nacional”. “El imaginario de ‘enemigo interno’ se concibió en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, para referirse no solo a las organizaciones insurgentes, sino en general a las organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas o de cualquier otro tipo, que fueran consideradas como una amenaza al orden democrático” (Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo 5, 2010: 29).

En la tan mencionda “lucha” contra el enemigo interno, las Fuerzas Armadas tuvieron un rol protagónico y la Policía un papel auxiliar al inicio del gobierno. Sin embargo, a partir del secuestro del Nahim Isaías, las circunstancias cambiaron y fue la Policía quien estableció todas las estructuras que incluian asesoramiento externo, formación a sus miembros e incluso casas de seguridad clandestinas para operar bajo el mando directo de funcionarios gubernamentales. “Varios de los manuales utilizados por la Escuela de las Américas se han hecho públicos evidenciando los múltiples procedimientos de violación de derechos humanos inculcados a estos oficiales” (Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo 5, 2010: 29). El actual Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fue alumno destacado y, posteriormente, profesor de esta escuela.

Publicado por Voces

Investigación y periodismo. Contamos historias.

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