Sin verdad no hay justicia | Parte 1: La Esperanza

El régimen socialcristiano, liderado por León Febres Cordero, violó los derechos humanos al ejecutar crímenes atroces. Dos décadas después, llegó un Presidente a poner luz donde solo había oscuridad.

Activista por los DD.HH., hermano de Arturo Jarrín

Por Edwin Jarrín

“Yo, como madre, quiero denunciar el asesinato de mi hijo Arturo… No creen, señores periodistas, que es irónico que caiga abatido sin derecho a la más mínima defensa un hombre que luchó por el pobre, el desvalido, el oprimido, por todo aquel que necesitaba de una mano amiga. Han matado a mi hijo, han matado a un hombre, pero no sus ideas. Sus ideas y su sangre han caído en terreno fértil y esa semilla, algún día, fructificará. Les agradezco su presencia y deseo y aspiro que, ojalá, les sea permitido difundir los sentimientos de una madre destrozada el corazón, abatida por el dolor, porque acaba de perder un hijo”.

Beatriz Jarrín, 27 de octubre de 1986.

Tuvieron que pasar veinte años de terminado el régimen de León Febres Cordero (LFC) y cinco presidentes electos (no cuento los interinos y los que llegaron basados en la traición del serrucho) para que la lucha de los familiares de los asesinados, desaparecidos, torturados y apresados ilegalmente tuviera eco en un Presidente Constitucional con el valor de asumir la investigación de los sucedido en materia de violación de derechos humanos.

El 03 de mayo de 2007, a través de Decreto Ejecutivo, el presidente Rafael Correa Delgado creó la Comisión de la Verdad a la que se le encargó “investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos” y se le estableció los siguientes objetivos:

a. Realizar una investigación profunda e independiente sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, y otros casos especiales, como el llamado caso Fybeca, así como las causas y circunstancias que las hicieron posibles.

b. Solicitar la desclasificación de archivos del Estado que tengan carácter confidencial o de seguridad nacional.

c. Promover un reconocimiento a las víctimas de dichas violaciones y diseñar las políticas de reparación.

d. Recomendar las reformas legales e institucionales necesarias, así como los mecanismos efectivos para la prevención y sanción de las violaciones de derechos humanos.

e. Determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades pertinentes.

La Comisión de la Verdad estuvo conformada por el Dr. Julio César Trujillo, Monseñor Alberto Luna Tobar, Pedro Restrepo Bermúdez y la hermana Elsie Monge Yoder (Presidenta histórica de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos); quienes, con su experiencia en el activismo por la defensa de los derechos humanos y el conocimiento del funcionamiento de otras comisiones de la verdad del mundo, conducirían el proceso de investigación. Además, se integró un Comité de Soporte conformado por Mireya Cárdenas, Clara Merino, Francisco Acosta, familiares y víctimas, Ramiro Ávila (representante de organismos defensores de los derechos humanos) y un delegado del Ministro de Gobierno.

El informe final de la Comisión de la Verdad -en sus cinco tomos- demostró cómo se estructuraron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para encarcelar ilegalmente, asesinar, torturar, desaparecer personas y perseguir no solamente a quienes ellos consideraban “subversivos”, sino a organizaciones sociales y periodistas independientes de manera sistemática y generalizada, a lo cual me referiré más adelante.

El informe también realizó un análisis social político y económico del periodo de LFC. Este reflejó cómo las políticas públicas estaban destinadas a beneficiar a los grupos económicos, en detrimento de derechos y el empobrecimiento de la población a quien el único camino que le dejaron para defender sus derechos fue la protesta social y la resistencia. “Febres Cordero consideraba que los empresarios, como generadores de la riqueza, estaban llamados a jugar un papel central en la vida del país porque eran no sólo el grupo más importante del país, sino su sector dirigente. Sus intereses y necesidades eran los intereses generales de la nación -por tanto- la toma de decisiones estatales debían subordinarse a las aspiraciones de las cámaras de la producción. (Montúfar C., 2000: 71-72). Ese era parte del ideario con el que gobernaría el país desde el 10 de Agosto de 1984, cuando asumió la Presidencia de la República” (Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo 2, 2010: 17).

El empobrecimiento de la gente se incrementaba cada día, lo cual se evidenciaba en la protesta social y la defensa permanente de derechos que, con las luchas de muchos años, se habían alcanzado. “Durante el gobierno de Febres Cordero, los salarios se mantuvieron por debajo de la canasta básica familiar. La inflación consumió los exiguos ingresos familiares. El salario mínimo vital se incrementó de 6.600 sucres en 1984 a 18.125 en 1988, sin embargo, el salario real decreció de 1.288,68 en 1984 (US$ 13,28) a 1.096,77 en 1988 (US$ 2,52). En ese mismo lapso, la inflación anual subió de 31.2 % en 1984 a 58,2 % en 1988 (CEDATOS, 1990: 28). La política de contención salarial significó mayor concentración de la riqueza y un retroceso en cuanto a la redistribución de la renta” (Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo 2, 2010: 29).

Publicado por Voces

Investigación y periodismo. Contamos historias.

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