El Covid-19 golpea a Quito en medio de acusaciones por corrupción

ACTUALIDAD | 16/06/2020

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, pelea en dos frentes de batalla. Por un lado, debe enfrentarse al Gobierno nacional que insiste en que la situación sanitaria en la capital está controlada y lo presiona para mantener la apertura de las actividades económicas. Por otro, debe resistir el embate de la Fiscalía y del Concejo Metropolitano que lo tienen en la mira por casos de corrupción que involucrarían a funcionarios del Municipio.

La imagen del protector

 Yunda fue el primero en alertar a Quito y a todo el país de que el Covid-19 no era un virus cualquiera y que requería toda la atención para intentar frenar su propagación en la ciudadanía. “A través de nuestro aeropuerto han importado este virus que ya lo han vivido en China, Italia, España. Quito recibió el 60% de vuelos internacionales”, dijo el 12 de marzo, preocupado por la situación. Ante el temor latente, decidió suspender las clases presenciales e insistió al Gobierno nacional para que decrete el aislamiento obligatorio por 15 días, que accedió a implementar la cuarentena desde el 17 de marzo.

El Alcalde de la capital fue más allá de lo dispuesto por el COE Nacional, se atrevió a paralizar por completo el servicio del transporte público municipal, lo que generó fuertes críticas de las máximas autoridades del Ejecutivo e, incluso, de algunos de sus pares de otras ciudades. La ciudadanía lo apoyaba abiertamente, su imagen positiva llegó hasta el 89% y lo posicionó en el segundo lugar de la lista de los 10 Mejores Alcaldes de América, según el ranking publicado por Consulta Mitofsky, que exponía los resultados del mes de marzo, marcado a fuego por la pandemia.

Según el analista político Jacobo García, por esos días, Yunda era considerado por los quiteños como un “compañero” y “protector”. Básicamente, su formación como médico transmitía confianza y, además, ejercía su liderazgo desde la cercanía, pidiendo amablemente a la ciudadanía que colabore con disciplina y responsabilidad para frenar la curva epidemiológica a tiempo. Esto funcionó por un tiempo, logrando contener los contagios y no rebasar la capacidad del sistema de salud, hasta que, por efecto de la crisis económica y por la extensión del aislamiento, la sociedad comenzó a salir a la calle con más frecuencia.

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La presión política y económica

La paralización de las actividades económicas no esenciales perjudicó seriamente la economía ecuatoriana. Los grandes empresarios comenzaron a exigirle al Gobierno nacional que salga del aislamiento, a riesgo de exponer la salud de la población. Fue entonces cuando Lenín Moreno y el COE Nacional dejaron en manos de los alcaldes la decisión de pasar del aislamiento preventivo obligatorio al distanciamiento, en un proceso denominado “semaforización”, que comenzó el 4 de mayo. Yunda fue el primero en anunciar que el aislamiento en Quito se mantendría hasta el 31 de mayo e insistió con el color rojo que imponía más restricciones y menor movilidad.

Hasta fines de mayo, la crisis ya se había cobrado más de 180.000 empleos del sector público y privado, según confirmó el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda. Lo que coincidió con las estimaciones del Banco Central del Ecuador que aseguró que en 2020 la economía caerá entre 7,3% y 9,6%.

La Cámara de Comercio de Quito, encabezada por Patricio Alarcón, comenzó a presionar por la apertura del 70% de las actividades paralizadas. El 12 de mayo, en la sesión del Concejo Metropolitano, los ediles Bernardo Abad, Luz Elena Coloma, Juan Manuel Carrión y Soledad Benítez instaron al Alcalde a pasar a semáforo amarillo, para habilitar el comercio y la operación de otros servicios no esenciales. Yunda resistió 77 días de confinamiento, hasta que el 3 de junio se sumó a la “nueva normalidad”, un  mes después de la fecha propuesta por el Ejecutivo.

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La curva se elevó

Desde la segunda quincena de mayo, se registra un aumento de casos de Covid-19 en la capital. El sistema de salud ya no dispone de unidades de cuidados intensivos (UCI) y los médicos hablan de “camas calientes” donde hay que esperar que un paciente se recupere o muera para ingresar inmediatamente a otro. El alcalde lo sabe y lo manifiesta en sus redes sociales.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la capacidad hospitalaria todavía resiste y que no colapsó ni colapsará. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, asegura que “la situación está controlada” y que Quito no debe volver al semáforo en rojo porque, dice, hay que esperar de tres a cuatro semanas para ver las consecuencias. Lo cierto es que también reconoce que una persona contagiada con Covid-19 y que transita la infección con síntomas graves puede pasar hasta 15 días en terapia intensiva.

Atacado y arrinconado

La crisis política comenzó la madrugada del 27 de mayo cuando la Fiscalía allanó el Municipio de Quito y la Dirección de Salud para buscar indicios de responsabilidad penal por la compra con presunto sobreprecio de pruebas Covid. Esto hizo que Yunda separe del cargo al entonces Secretario de Salud, Lenín Mantilla, y a funcionarios vinculados a la investigación.

La segunda tormenta llegó el 27 de mayo con los allanamientos a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y a los domicilios de los funcionarios presuntamente implicados en la compra con sobreprecio de equipos de protección para el personal y por contratos de desinfección. Por ese hecho quedó detenido el gerente de la institución y otras cuatro personas.

Finalmente, lo que parece ser el embate más fuerte para el alcalde Jorge Yunda, se da en el marco de las investigaciones por corrupción donde estaría implicada la empresa Geinco, propiedad de un amigo muy cercano al burgomaestre y cuyos exempleados son funcionarios de la Alcaldía. Esta empresa de ingeniería y construcción habría hecho una triangulación de contratos, utilizando intermediarios para adjudicarse obras con la Epmaps y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), como el Plan de Repavimentación de la ciudad.

Ante todas las acusaciones, Yunda respondió que es responsabilidad de los gerentes de las empresas y de quienes lideran las instituciones que dependen del Municipio. César Montúfar, excandidato a la Alcaldía, no le creyó y, el 15 de junio, presentó junto al concejal Fernando Morales una denuncia a la Fiscalía en la que acusa a Yunda por peculado y delincuencia organizada. Sin bajar el perfil, el Alcalde se presentó esta mañana en la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria buscando despegarse de las acusaciones y quejándose por la “persecución” de la que se siente víctima.

Mientras su líder enfrenta un panorama nada alentador, Quito lucha contra la pandemia del coronavirus con 4.983 casos confirmados, según el último reporte del Ministerio de Salud. (I)


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Publicado por Voces

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