Ministro de Salud reconoció que existen “influencias” de asambleístas en la gestión de hospitales

ACTUALIDAD | 11/06/2020

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró conocer que hay influencias por parte de asambleístas para la gestión de hospitales. Este jueves, 11 de junio, en su comparecencia ante la comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, el funcionario dijo que el Gobierno informó de estas irregularidades a la Contraloría General del Estado y que ya son 30 los hospitales auditados por sospechas de corrupción.

En este contexto, el titular de Salud Pública decidió remover a la mayoría de las autoridades que ocupaban las gerencias y direcciones administrativas de los hospitales y las direcciones distritales de salud de la provincia de Manabí. La decisión llegó tras el escándalo de corrupción que tiene como principal protagonista al asambleísta de Alianza País Daniel Mendoza, detenido y acusado por la Fiscalía de liderar una banda de delincuencia organizada.

El presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yépez (CREO), le preguntó al ministro Zevallos si le consta o si conoce que se investiga que hay legisladores que tienen hospitales, contratos o cuotas en el sector. El titular de la cartera de Salud respondió que el primero en ser investigado por esta problemática fue el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en Quito. Sin embargo, se excusó de dar mayores detalles sobre las demás casas de salud que están siendo investigadas. En este sentido, Yépez recalcó que “repartir hospitales sería un pacto de la muerte”, con el pretexto de sostener la gobernabilidad.

Por su parte, la asambleísta Wilma Andrade (Izquierda Democrática) pidió  al ministro Zevallos que, una vez que se concluya la investigación, informe a la Fiscalía los nombres exactos de las personas a quienes se les entregó el manejo de los hospitales. Indicó que existe “una corrupción arraigada” que avala estas prácticas en todo el país.

Son varios los hospitales que se encuentran en el ojo de la tormenta. Desde el mes de marzo no cesan las denuncias por compras con presuntos sobreprecios de medicamentos y otros insumos médicos en los hospitales de las provincias del Guayas, Los Ríos y Pichincha, entre otras. Los casos de corrupción afectan a las entidades que dependen directamente del Ministerio de Salud Pública y también a los que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).

Contratos sobrevaluados para la adquisición de medicinas, mascarillas, fundas para cadáveres y equipos de protección, son algunos de los indicios que encontró la Fiscalía en varios allanamientos que involucran a contratistas que actuarían en conjunto con los administradores de los hospitales, para adjudicarse contratos de cifras millonarias. Entre los casos que vieron luz durante las últimas semanas estarían involucradas personas allegadas a la familia Bucaram, como la familia Llerena Candela o el empresario Daniel Salcedo Bonilla. Este último, fue capturado junto a otras personas en Tumbes, Perú, cuando la avioneta en la que viajaba se desplomó. La aeronave es propiedad del empresario Alfredo Adum Ziade, también amigo de Abdalá Bucaram.

Además, en la provincia de Los Ríos, las denuncias por presunta corrupción al interior de los hospitales también incluiría la concesión de los servicios de alimentación de los pacientes y médicos a empresas que estén dispuestas a dar una “comisión” del 10% del valor del contrato. En enero de este año, Jahaira Vásquez, gerente de la anterior proveedora del servicio, denunció ante las cámaras de televisión que la asambleísta Marcia Arregui de Alianza País y su hijo eran los responsables de lo que sucedía en el Hospital del IESS de Babahoyo. Allí se adjudicó el contrato a la Asociación de Servicios de Alimentación Alimento Saludable “Aseralisa”, que pertenece al sector de la economía popular y solidaria, cuya representante legal es Zulema Dayana Bazán Peñaherrera.

Los controles llegan tarde

La corrupción en los hospitales excede a las compras o a los contratos de servicios. En Pedernales, Manabí, el caso es más grave porque implica el desvío de fondos públicos en la adjudicación de una obra de construcción.

El pasado 1 de junio, la Contraloría General del Estado informó que existen indicios de responsabilidad penal en el contrato de construcción del Hospital de Pedernales. El contralor Pablo Celi presentó un informe a la Fiscalía General del Estado después de realizar el respectivo análisis de auditoría sobre dicho contrato.

El examen expuso inconsistencias en las etapas precontractual y contractual. Por ejemplo, se descalificó a oferentes sin que la comisión técnica exponga los motivos en el respectivo informe, y se perjudicó a los oferentes extranjeros al no aplicar la normativa vigente.

El consorcio Pedernales-Manabí, que resultó ser el ganador, debió ser descalificado al menos por dos motivos. En primer lugar, por figurar la misma persona, José Leonardo Veliz Saltos, como procurador común de la compañía adjudicada y como gerente general de una de las subcontratistas, algo que está prohibido. En segundo lugar, por querer justificar su experiencia con certificados inválidos. Pero nada de esto sucedió y se decidió continuar con el proceso. A continuación, se observa cómo Veliz Saltos tuvo un crecimiento sustancial en su declaración de impuesto a la renta en 2018 y 2019, solo en el último período fiscal llegó a declarar USD 19.231.

El contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales (de 30 camas) se firmó el 13 de febrero de 2020. Tan solo 19 días después, el 3 de marzo, se hizo efectivo el pago de USD 8’214.756, que corresponde al 50% del anticipo. Hasta ahora la contratista no realizó avances en las obras y tampoco justificó los movimientos bancarios. En la cuenta solo quedan USD 893.032.

La pregunta que queda es por qué se le adjudicó una obra de esa magnitud a una constructora que inició sus actividades el 18 de diciembre de 2019, como consta en el portal del Servicio de Rentas Internas. Finalmente, la justicia deberá resolver por qué el asambleísta Daniel Mendoza participó de una red que recibió fondos públicos que debían ser destinados a una obra que beneficiaría a más de 70 mil habitantes de una comunidad que lleva 21 años sin contar con un hospital.


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Publicado por Voces

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