El saqueo a Manabí, epicentro de un terremoto que sacude al Gobierno

ACTUALIDAD | 10/06/2020

En la provincia de Manabí, la Fiscalía intenta develar una trama de corrupción que involucra al asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza. El foco está puesto en los fondos destinados a la construcción de un hospital básico en Pedernales, dineros públicos que ya se gastaron pero no precisamente en levantar una columna o poner un ladrillo. Lo que todavía la justicia no se atrevió a investigar es a otros asambleístas manabitas, como Karina Arteaga, que también actuarían con la lógica del reparto.

Desde que inició su gobierno, el presidente Lenín Moreno ha repetido que la lucha contra la corrupción es una de sus prioridades. “Cirugía mayor” y “caiga quien caiga” son dos frases que repercuten en la memoria colectiva, pero que no han tenido eco en acciones concretas sobre algunos de los hechos que se vienen denunciando desde hace tiempo.

Primero los votos, después la prisión

El asambleísta Daniel Mendoza tuvo tiempo de sobra entre el día en que hallaron los primeros indicios que lo ligaban a una presunta red de corrupción y el día de su detención. La Fiscalía demoró tres semanas en encontrar el nexo causal entre el asesor del asambleísta, Jean Carlos Benavidez, y su jefe: Mendoza. Veintiún días que fueron claves para hacer y deshacer, pero sobre todo para pensar y diseñar cómo proceder.

El 14 de mayo, la Fiscalía General del Estado montó un operativo con seis allanamientos en la provincia de Manabí, en los cantones de Calceta, Portoviejo, Pedernales y Bahía de Caráquez. Allí, se incautó USD 662.191 en efectivo, cheques por 1 millón de dólares, cuatro armas de fuego y sellos falsificados. Solo en el domicilio de Benavides la Policía encontró USD 574.210.

El viernes 15 de mayo, Daniel Mendoza estuvo ausente durante las primeras horas del debate en el pleno virtual de la Asamblea. Esa misma noche se aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, con 74 votos afirmativos, incluido el de Mendoza, aunque sin mostrar su rostro.

El sábado 16 de mayo, fue el turno de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que también apoyó la bancada oficialista de Alianza País, CREO y la Izquierda Democrática. Allí, por supuesto, también pulsó el botón el asambleísta Mendoza.

Recuerden esto: pasaron tres semanas. El 5 de junio, durante las primeras horas de la madrugada, Daniel Mendoza fue detenido en Portoviejo, Manabí, y trasladado a Quito. Según la Fiscalía, estaría ligado al presunto delito de delincuencia organizada, por lo que se realizó un operativo con diez allanamientos en búsqueda de más indicios. Es decir, veintiún días tuvo Mendoza para acomodar su casa antes de que sea requisada por la fuerza de tarea.

Pero eso no es todo, según declaraciones de la propia Ministra de Gobierno, María Paula Romo, el Ejecutivo estaba al tanto de la investigación encabezada por la extinta Secretaría Anticorrupción. La funcionaria aseguró públicamente que la investigación llevaba tres meses y, aun con esa información, permitieron que Daniel Mendoza liderara la Comisión  de Régimen Económico y Tributario que trabajó en los informes de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

La Fiscalía acusó a Daniel Mendoza como el líder de una red de delincuencia organizada de la que también formarían parte funcionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob) y personal del consorcio Pedernales-Manabí, a cargo de la construcción del hospital básico en dicho cantón.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal General, Diana Salazar, mostró los chats entre el asambleísta y personas relacionadas con el hospital de Pedernales. Estos resultaron pruebas suficientes para conseguir la prisión preventiva de Mendoza y otros presuntos implicados. Solo en este caso de corrupción el perjuicio al Estado sería por USD 7,3 millones que habrían ido a las arcas de Daniel Mendoza y René Tamayo, director del Secob.

Este miércoles, 10 de junio, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite dos denuncias para investigar las actuaciones de Daniel Mendoza por presuntamente gestionar recursos públicos, incumpliendo la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Las iniciativas fueron presentadas por las asambleístas Verónica Guevara, de la bancada de la Revolución Ciudadana, y Tanlly Vera, de CREO. Para ello, el Pleno creará comisiones especiales multipartidistas y tripartitas; aunque estas podrían unificarse. Tras la investigación del caso, la Asamblea podría destituir a Mendoza.

No se olviden de Karina Arteaga

El pasado 5 de febrero, VOCES publicó la investigación “Capos del Reparto”. En 12 minutos, el video revela cómo algunos de los asambleístas de Alianza País y, específicamente, la legisladora Karina Arteaga presuntamente cobraban diezmos, coimas y vendían puestos de trabajo en el Estado. Además, el reportaje mostró a las supuestas víctimas de extorsión, acoso laboral y abuso de poder. Los testimonios eran claros y afirmaban que en Manabí se tejía una red que actuaba con las características de una asociación ilícita.

Andrea Utreras, exasesora de la asambleísta, afirmaba con total convicción que el dinero recaudado en Quito se destinaba al partido político Alianza País y que lo que se obtenía en Manabí iba directamente para la asambleísta Arteaga, a través de transferencias a las cuentas personales, de su marido y de sus hijos. Por ejemplo, mencionó una póliza por USD 700.000 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone. En el mismo sentido se pronunció otra exasesora de la legisladora, Verónica Pinargote.

Según los testigos, la recaudación se hacía por la venta de puestos en los Distritos de Salud y Educación en la provincia de Manabí, y particularmente en Chone. Una fuente protegida reveló que por un cargo con contrato de servicios ocasionales se pedía USD 3.000 y por un nombramiento provisional USD 5.000. Además, debían entregar el 10% de sus salarios. “Siempre nos ha recalcado de que ella cuenta con la protección y el apoyo del presidente Lenín Moreno y, también, del presidente de la Asamblea, César Litardo”, aseguró.

En la misma sintonía, un guardia de seguridad de una empresa privada, que prefirió ocultar su identidad, aseguró que tanto él como sus compañeros debían abonar USD 40 mensuales si querían conservar el empleo. Esta declaración se suma lo que se observa en una cámara oculta, donde una mujer informa a un grupo de aspirantes a guardias de seguridad que la cuota mensual será de 15 a 20 dólares.

Otra característica de Arteaga fue poner a personas de su círculo íntimo en posiciones de poder. Es así como familiares y amigos lideraban las áreas de Gestión de la Política, Educación y Salud Pública en Chone.

“Yo no autorizo que saquen esta entrevista”, advirtió Arteaga al equipo de VOCES. Pese al tono amenazante, publicamos el reportaje, pero la Asamblea y la Justicia hicieron poco y nada al respecto. Dos meses después, sin perder el curul, Karina Arteaga votó afirmativamente por dos leyes de carácter económico urgente: la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

El periodismo cumplió al mostrar quiénes son y cómo actúan las figuras políticas que definen el presente y el futuro de Ecuador. El tiempo dirá por qué camino decidieron llevarnos.


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Publicado por Voces

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