Leonidas Iza denuncia que reglamento de Defensa legaliza el uso de armas letales contra manifestantes

ACTUALIDAD | 29/05/2020

El presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, Leonidas Iza, aseguró que el Acuerdo Ministerial 179 “legaliza el uso de armas contra manifestantes en protestas sociales”. Aseguró que el reglamento publicado por el Ministerio de Defensa es “otra muesta de odio al pueblo”.

Iza dijo que estas acciones responden a cumplir la agenda del Fondo Monetario Internacional, motivo por el cual quieren acallar las protestas de los ciudadanos.

Este 29 de mayo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, explicó que el Acuerdo Ministerial 107 “es un procedimiento que se viene aplicando desde hace mucho tiempo como normas de comportamiento, y que venían como un anexo a todo tipo de operación militar que se realizaba”. En esta lógica, los uniformados emplean la fuerza de manera progresiva, racional y gradual y eso los habilita para “poder emplear las armas” porque “están participando en cumplimiento de la ley”, declaró el ministerio en una entrevista televisiva.

Mientras que Jarrín insistió en que el reglamento se enmarca en las disposiciones de las Naciones Unidas y que no atenta contra los derechos humanos, la Constitución de la República del Ecuador (CRE) ordena algo muy distinto.

La CRE en el artículo 158, inciso tercero, dispone que “La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”. El inciso cuarto indica que tanto los miembros de la Policía como de las Fuerzas Armadas “se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas” y que esto deberá ser “con apego al ordenamiento jurídico”.

En este sentido, el ministro Jarrín será responsable por haber impartido esa orden que va más allá de las marcadas por la Constitución.

El reglamento

El Acuerdo Ministerial 107 consta de diez páginas donde expide el “Reglamento de Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de la Fuerzas Armadas”, con el objetivo de “guiar” a los uniformados.

En el artículo 5 establece que “se emplearán la fuerza y armas de fuego” (letales) para “neutralizar o reducir el nivel de amenaza o resistencia”.

El artículo 7 indica que los militares podrán reprimir en “reuniones, manifestaciones y disturbios internos y otras situaciones de violencia interna, que deriven en grave conmoción interna o calamidad pública; previa declaratoria del estado de excepción que disponga del empleo de las FF.AA”. También aplica para proteger zonas de seguridad en fronteras o áreas reservadas de seguridad, al igual que en instalaciones e infraestructura de las empresas públicas y privadas, responsables de la gestión de los sectores estratégicos, entre otras.

En caso de resistencia agresiva, autoriza el uso de agentes químicos y armas no letales. Si la resistencia es agresiva agravada, da luz verde al uso de armas letales, es decir, armas de fuego con munición letal, “a efecto de neutralizar la actuación antijurídica violenta o agresión letal de una o varias personas”, para resguardar la vida de militares o terceros frente a un peligro actual o inminente.

El Acuerdo Ministerial 107 ya causó revuelo y varios organismos que defienden los derechos humanos dijeron que recurrirán a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de ese acto normativo.

Las armas de octubre

En el Paro Nacional de octubre de 2019, distintas organizaciones sociales, el movimiento indígena, sindicatos, estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general salió a las calles a rechazar las medidas económicas del Gobierno de Lenín Moreno. La publicación del Decreto Ejecutivo 883, que quitaba el subsidio a los comustibles, desató las protestas que se extendieron por 10 días en todo el país, con epicentro en la ciudad de Quito.

La represión de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas resultó feroz. Dispararon balas de goma a los ojos, lo que provocó que varias personas perdieran la visión; lanzaron bombas de gas lacrimógeno a la cabeza; utilizaron las motocicletas y los caballos para atropellar a los manifestantes; tiraron gas pimienta a centímetros de los ojos. ¿Qué dejó el uso letal de la fuerza? Once personas fallecidas (algunas asesinadas) en el contexto de la represión ordenada por el Gobierno. A pesar de según las declaraciones de la ministra de Gobierno María Paula Romo, los muertos “se cayeron”, “se golpearon” o “fueron atropellados”.


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Publicado por Voces

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