La flexibilización laboral que se esconde en la Ley Humanitaria

ACTUALIDAD | 18/05/2020

El viernes 15 de mayo la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario con 74 votos a favor. La ley contó con el apoyo de la bancada oficialista de Alianza País, CREO y SUMA. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachakutik votaron en contra.

La sesión 669 de la Asamblea significó un antes y un después en la historia de los trabajadores de Ecuador. El objetivo del proyecto apuntaba a “combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19” y fue enviada por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica.

El Gobierno busca mantener el empleo, pero flexibilizando las condiciones de contratación de los trabajadores. Hay varios puntos que favorecen a los empresarios y perjudican a los empleados, y lo que la Asamblea llama negociación, resulta ser una imposición unilateral.

La medida más polémica es la reducción de los salarios, que será mediante un acuerdo entre el empleador y el trabajador de manera individual y no colectiva, con la vigilancia del Ministerio de Trabajo. La ley no especifica el tiempo de duración del contrato. Si el empleado no está de acuerdo, la empresa puede prescindir de sus servicios. En caso de que la mayoría de los empleados acepta el acuerdo, la minoría quedará incluida bajo las mismas condiciones. Si se despide al trabajador dentro del primer año de vigencia del acuerdo, se tomará en cuenta la última remuneración antes de la firma del acuerdo para calcular las indemnizaciones.

Los empleados que se contraten en nuevas líneas de negocios o en nuevos emprendimientos, ingresarán con la modalidad de Contrato Especial Emergente. Este tendrá vigencia por 2 años, renovable por 2 años más, podrá ser a tiempo parcial (4 horas) o jornada completa (8 horas), hasta 6 días a la semana. El cálculo de los beneficios laborales se realizará sobre las horas trabajadas. En caso de ser despedido o por llegar a la fecha de terminación del contrato, el trabajador solo cobrará las remuneraciones pendientes, la bonificación por desahucio y los beneficios de ley contemplados en el Código de Trabajo. Si se cumplen los 4 años, el contrato pasará a ser indefinido.

En caso de fuerza mayor, el empleador podrá reducir la jornada laboral a la mitad. La remuneración se podrá reducir hasta en un 45 por ciento con respecto a la que percibía antes de la emergencia. Si se toma en cuenta el salario básico, la remuneración pasaría de USD 400 a USD 220 por mes. Los aportes al IESS se pagarán de acuerdo a la jornada reducida. Esta situación se podrá extender por 2 años y será renovable por una sola vez. En caso de despidos, la liquidación se calculará sobre el salario previo a la emergencia.

Durante 2 años las vacaciones serán a criterio del empleador y el cronograma podrá ser notificado de forma unilateral al trabajador o descontar los días de vacaciones con días inasistencia al trabajo.

El presidente Lenín Moreno tiene plazo hasta el 15 de junio para vetar la ley o aprobarla con las modificaciones de la Asamblea.


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Publicado por Voces

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