La educación: derecho o mercancía

Las universidades no son las únicas víctimas del ajuste. Si el Estado no garantiza los derechos básicos, la vida de los ciudadanos queda a merced del mercado.

Activista estudiantil

Por Karen Ochoa

¿Qué es la educación? ¿Una mercancía más, parte del complot neoliberal que nos gobierna desde 2017, o un derecho humano reconocido constitucionalmente?

En el Ecuador, la educación pasó de ser un “derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”[1] a ser un: ¡Qué se eduque quien pueda!

Durante los últimos años, el gobierno se ha encargado de que el costo de la educación sea cada vez más alto y menos accesible para los sectores más desfavorecidos. Se ha sustituido la calidad por la cantidad, pues lo que se considera importante no es reducir las brechas de desigualdad, ni promover el desarrollo del ser humano como fin último del quehacer estatal, sino garantizar la subsistencia del lucro de la educación en el mercado.

El confinamiento de la población a causa del Covid-19 tuvo un fuerte impacto sobre el sistema educativo. Por un lado, obligó a las instituciones a adoptar una modalidad virtual de estudios. Lo que, desde una perspectiva de derechos humanos, consistiría en realizar las adecuaciones necesarias en infraestructura tecnológica, sin afectar la calidad de la educación, ni el acceso en igualdad de condiciones de los estudiantes.

Sin embargo, ese proceso implica una gran cantidad de recursos, incluido tiempo, desarrollo de capacidades y mayor presupuesto que, según la lógica actual del Estado, es preferible no perder. Por esto, la decisión de continuar con las actividades académicas de manera virtual y sin mayor preparación fue inmediata. Siendo el estudiantado de los más afectados, especialmente quienes son de escasos recursos y aquellos cuyos ingresos se paralizaron por el estado de excepción.

Por otro lado, el despido masivo de trabajadores y la precarización laboral alcanzó también a docentes de todos los niveles de educación. El teletrabajo sirvió de excusa para exigirles el uso de distintos e innovadores recursos pedagógicos sin conocimiento previo de los mismos, y la obligación de cumplir con una mayor carga horaria para planificación de clases. Una vez más, el Estado decidió no ponerse del lado de los más vulnerables, no asumió su rol de garante de derechos y -por su silencio- se permitieron tales atropellos.

Por el contrario, a inicios de mayo de 2020, se anunció un nuevo recorte presupuestario en educación, aun cuando la norma constitucional prohíbe expresamente utilizar fondos correspondientes a salud y educación mientras duren los estado de excepción[2], e -incluso- a pesar de contar con otras alternativas. Frente esto, la Corte Constitucional, encargada de velar por el respeto a la Constitución, también calló.

De hecho, la reducción de casi 100 millones de dólares del presupuesto para las universidades fue deliberado, y se dio durante varios años en un contexto de disminuciones progresivas del presupuesto para la salud y la educación, siendo la más reciente hace cinco meses (diciembre 2019). A la par, hubo un incremento de 50 millones de dólares para las fuerzas policiales, el tratamiento de una propuesta de ley que incluye flexibilización laboral, enviada por la Presidencia de la República; entre otras medidas neoliberales.

En consecuencia, varios rectores de universidades manifestaron la posibilidad de cerrar ofertas académicas, provocando que la educación esté cada vez más en manos del sector privado y en mayor medida bajo las leyes del mercado. Por si fuera poco, el Consejo de Educación Superior propuso una reforma a la normativa transitoria vigente debido al Covid-19, en la que establece que “los cursos y/o paralelos de las carreras que se han acogido a la modalidad en línea podrán contar con mínimo 60 y máximo 100 estudiantes”[3], precarizando aún más la educación.

Es evidente que la educación pública en Ecuador está en crisis. Una crisis que no tiene su origen en la pandemia mundial, sino en aquel sistema corrosivo denominado Neoliberalismo. Ese que ha desvanecido la diferencia entre derechos y mercancías, entre seres humanos y capital. Una crisis que con los mismos patrones se refleja en múltiples sectores: salud, seguridad social, vivienda, alimentación, trabajo. Y que se repetirá cíclicamente mientras no redirijamos la mirada hacia la cohesión social, para la búsqueda de la igualdad formal y material de derechos.


[1] Asamblea Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. 2008. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 Art. 26. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

[2] Asamblea Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. 2008. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 Art. 165.2. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

[3] Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del Consejo De Educación Superior.  Propuestas de reforma a la normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior, debido al estado de excepción decretado por estado de emergencia ocasionado por la pandemia del covid, 5 de mayo de 2020.

Publicado por Voces

Investigación y periodismo. Contamos historias.

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