Democracia bajo experiencia histórica

El dilema ecuatoriano: seguir en la senda del neoliberalismo o construir una economía para todos.

Historiador ecuatoriano

Por Juan Paz y Miño

El 10 de agosto de 1979 se inició el período más largo de la democracia representativa en la historia del Ecuador. Hasta 2019 se cumplieron, por tanto, 40 años de gobiernos constitucionales.

Entre 1979 y 1984, bajo la progresista Constitución de 1979, se sucedieron los gobiernos de Jaime Roldós (1979-1981) y Osvaldo Hurtado (1981-1984). Fue un ciclo reformista en el que todavía estuvieron vigentes las orientaciones económicas del desarrollismo. Las cámaras de la producción fueron sus mayores opositores, particularmente con Hurtado, a quien tenían como “filo-comunista”.

Si bien Hurtado suscribió la primera Carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sucretizó las deudas privadas y liberalizó precios, fue el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) el que inauguró un camino económico de largo plazo, en el cual los intereses privados pasaron a prevalecer en el Estado, se dejaron a un lado los principios económicos de la Constitución de 1979 y se consideró al sector empresarial, tanto como al mercado, como ejes esenciales de la economía.

El gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) superó el autoritarismo de su antecesor y la represión que le caracterizó por la sistemática violación de derechos humanos. En algo recuperó los roles del Estado, pero no revirtió las bases del “modelo empresarial” heredado. De modo que Sixto Durán Ballén (1992-1996) no solo pasó a ser el continuador de las políticas económicas inauguradas por el febrescorderismo, sino quien consolidó la hegemonía de los intereses privados y particularmente de los bancarios.

Abdalá Bucaram (1996-1997) no alteró la economía neoliberal-empresarial. Su gobierno apenas duró seis meses, pues fue derrocado por la reacción social contra la inédita corrupción de la época y, además, por el quiebre entre el sector político y económico que le rodeó y las fuerzas de la oligarquía tradicional. Tras un fin de semana de transición con Rosalía Arteaga al frente del Ejecutivo, el Congreso designó a Fabián Alarcón (1997-1998), cuyo mediocre gobierno siguió la ruta del modelo empresarial que, además, fue consagrado por la nueva Constitución de 1998.

Jamil Mahuad (1998-2000) reforzó el modelo neoliberal-empresarial y privilegió los intereses bancarios, aún a costa de la población, lo que provocó la reacción nacional que lo derrocó; pero el sucesor, Gustavo Noboa (2000-2003), con quien se concretó la dolarización, avanzó en el camino ya trazado desde 1984, que Lucio Gutiérrez (2003-2005) tampoco intentó alterar, lo cual agudizó la conflictividad política y social que condujo a su derrocamiento, que posibilitó la sucesión de Alfredo Palacio (2005-2007), quien simplemente administró el modelo ya encaminado.

Entre 1983-2003 se suscribieron 16 Cartas con el FMI que apuntalaron el modelo empresarial-neoliberal. En 27 años, la democracia sujeta a tal modelo desestabilizó la gobernabilidad, deterioró las capacidades estatales y afectó las condiciones de vida y trabajo de la población, como lo han comprobado distintos estudios académicos sobre el país de aquellas décadas finales del siglo XX y de inicios del XXI.

Entre 2007-2017, el gobierno de Rafael Correa sentó las bases para un modelo de economía social sustentado en la Constitución de 2008 y los principios del Buen Vivir, logrando así superar el modelo empresarial-neoliberal. Hay estudios, sobre todo internacionales (Cepal, Pnud, FMI, BM), que dan cuenta de los logros sociales y económicos de ese ciclo gubernamental. Pero el modelo neoliberal-empresarial revivió a partir de 2017 con el gobierno de Lenín Moreno, quien volvió a la suscripción de una nueva Carta con el FMI. Sus resultados renuevan la experiencia histórica ya vivida durante las décadas finales del siglo XX, esto es, que el privilegio de los intereses de las élites económicas privadas conduce al deterioro institucional y agrava las condiciones de vida y de trabajo.

El esquema trazado permite visualizar que en la dialéctica ecuatoriana contemporánea dos modelos de economía entraron en conflicto. Y se proyectan como ejes de definición política para las elecciones de 2021, porque allí estará en juego el futuro: o se construye una economía social que recobre la atención a los intereses de la mayoría nacional, con fuertes capacidades estatales y redistribución de la riqueza; o se continúa con una economía neoliberal, al servicio de élites interesadas en acumular y concentrar la riqueza, sin responsabilidades sociales, y basada en las consignas por reducir al Estado, debilitar el sistema tributario directo, flexibilizar el trabajo y subordinarse al capital transnacional.

Publicado por Voces

Investigación y periodismo. Contamos historias.

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